El Ejército habría intervenido los teléfonos de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional, tanto de forma pública como judicial, según revelaron ayer dos investigaciones periodísticas.

Ambos reportajes indicaron que las intervenciones, realizadas en 2017, fueron posibles gracias a la autorización de un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Ello, porque así lo exige la Ley de Inteligencia, que fue la invocada por el Ejército en consideración de que los uniformados -según la organización castrense- podrían haber estado entregando información que afectaba a la institución y la seguridad nacional.

De acuerdo a la información de Radio Biobío, fuentes del Ejército confirmaron la operación, la que es conocida por el Gobierno, donde existiría incomodidad al respecto.

A QUIÉNES

Según las investigaciones (Biobío y La Tercera), se habría intervenido, en 2017, a cuatro personas: dos funcionarios activos y dos en retiro de la institución. Todos tenían en común haber denunciado presuntas irregularidades en el Ejército.

Las indagaciones habrían sido realizadas por personal de la Dirección de inteligencia del Ejército (Dine) y afectado al capitán Rafael Harvey Valdés, al exteniente Carlos Farías Ramírez, al exsargento Juan Pablo Díaz Pino y al cabo primero Sergio Tudesca Órdenes.

Harvey fue procesado y detenido por el delito de sedición, en el marco de la investigación sustanciada por la Fiscalía Militar, que lo condenó a cinco años de cárcel. Sin embargo, y estando su baja pendiente, la Corte Marcial, el 12 de junio, revocó el fallo de sedición y lo declaró inocente. La situación de Harvey, según Radio Bíobío, no habría sido informada al Presidente Piñera.

Harvey había denunciado, hasta 2017, tres hechos: maltrato y cobros ilegales a conscriptos por parte de sus mandos; faltas a la probidad del entonces teniente coronel Héctor Lara, y la protección del general Germán Marx, hoy en retiro, a una red de corrupción, prevaricación, usurpación de funciones y engaño a la autoridad.

Sergio Tudesca denunció posibles irregularidades en licitaciones públicas en la División de Mantenimiento del Ejército y la omisión de denuncia por estos hechos por parte de generales de esa unidad.Juan Pablo Díaz había acusado faltas a la probidad en el Regimiento Logístico N° 3 Limache, por relaciones entre los altos mandos y los proveedores de la institución, con supuestos pagos irregulares de por medio. Y el exteniente Carlos Farías administraba en 2017 una cuenta de Facebook creada para dar consultoría legal a los funcionarios que pretendan denunciar abusos o irregularidades en la institución.

La operación se habría llevado a cabo durante la comandancia en jefe de Humberto Oviedo, hoy indagado por posible malversación de caudales públicos por casi $4.600 millones.

El reportaje de la emisora radial señala sobre los documentos que en ellos "no se revelarían problemas para la seguridad nacional u operativa del Ejército, sino información de cómo se desarrollaban las investigaciones que sustanciaba la justicia por casos de corrupción". Destacaría el caso "Milicogate", a cargo de la ministra en visita Rommy Rutherford, por el desvío de 6.000 millones de pesos provenientes de la Ley Reservada
del Cobre.