El Ministerio de Energía ha propuesto una serie de cambios regulatorios que han generado discusión en la industria generadora. La más polémica de estas modificaciones es la que reforma el régimen de precios estabilizados al que se pueden acoger los llamados Pequeños Medios de Generación, que se han especializado en la producción de energías limpias. Esta opción les permite a generadoras de menos de 9 MW evitar las fluctuaciones e incertidumbres de vender energía, optando por un precio estable que se calcula dos veces al año y que en el largo plazo converge al precio de mercado. De esta forma, la diferencia entre el precio estabilizado al que accedieron estas unidades y el precio al que hubiesen vendido en el mercado es absorbida por el resto de las generadoras del sistema.

Quienes apoyan la medida sostienen que el hecho de que el resto asuma dicha diferencia de precios hace que se esté subsidiando a estas pequeñas compañías por medio de una distorsión que atenta contra la eficiencia. Por otra parte, quienes se oponen al plan aseguran que estas unidades son competitivas y rentables, pero que al someterse a las fluctuaciones del mercado les es imposible acceder a financiamiento. Agregan que el cambio de reglas para aquellos proyectos que aún no empiezan obras, pero que ya tienen recursos comprometidos, afectaría la certeza jurídica.

Si bien se reconoce que el mecanismo en cuestión constituye un traspaso de rentas que distorsiona el mercado, existe una serie de consideraciones. En primer lugar, quién se 'beneficia' de esta distorsión dependerá de si el precio estabilizado estuvo por encima o por debajo del precio efectivo, constatándose en muchos casos que han sido las pequeñas generadoras las que han debido 'compensar' al resto de las generadoras. Por otra parte, la cuantía de la distorsión es mínima, promediando 1 dólar por cada 1.250 dólares transados de energía. Más importante aún, el mecanismo ha sido de vital importancia en la introducción de pequeñas generadoras de energía renovable, especialmente solar, lo que ha contribuido a producir energías limpias y sustentables a un costo mucho menor. Un último aspecto a rescatar es que estas unidades deben cumplir con una serie de obligaciones tendientes a mejorar la infraestructura de transmisión a la que se conectan, lo que implica un aporte en eficiencia y seguridad al sistema que podría superar con creces el potencial beneficio obtenido por medio del precio estabilizado.

En medio de una caída del crecimiento que vuelve urgente promover la inversión, sumada al plan de descarbonización anunciado por el Gobierno que obliga a promover las energías renovables, es de esperar que las autoridades puedan reconsiderar esta propuesta, cuya concreción podría significar un paso atrás en el proceso que ha llevado a Chile a ser ejemplo en materia energética.