La opinión pública tiende a manifestar legítimamente preferencias por mayor gasto público, mejores pensiones, menores costos para acceder a la salud o más días feriados, sin priorizar, o sin referencia a las posibilidades del país. Pero es responsabilidad de la política, empatizando con los intereses ciudadanos, transformar esas inquietudes en regulaciones efectivas, consistentes, que resulten en mayor bienestar.

Las recientes reacciones de autoridades del gobierno y de políticos oficialistas y de oposición ante el anuncio de alzas en los precios de los planes de Isapres, acusando falta de transparencia, desinformación, y hasta abusos, denota una incapacidad de quienes tienen la responsabilidad de regular adecuadamente los seguros privados de salud para enfrentar los problemas. Se ha intentado, una vez más, desviar las culpas hacia la industria, sin asumir que las soluciones efectivas, no necesariamente populares, requieren legislación y regulaciones que han sido postergadas.

Hay una larga lista de razones que permiten intuir que los costos de acceder a seguros privados de salud curativa son hoy excesivos, entre ellas, inexplicable falta de normalización de planes de Isapres, que resta competitividad al sistema; sobreutilización de servicios, exámenes y medicamentos, por incentivos incorrectos; abundantes pagos por licencias laborales; resistencia de afiliados a cancelar primas en aumento, que, vía judicialización, conduce a que sea menor la fracción de los afiliados que efectivamente va a absorber los mayores costos del sistema. Por otra parte, el sistema se hace más oneroso como consecuencia del envejecimiento de la población, y del surgimiento de nuevas prestaciones tecnológicamente más sofisticadas. A esto se suma un excesivo gasto en medicamentos, por precios que parecen fuertemente alterados tras una maraña de regulaciones que limitan una competencia efectiva.

A pesar de las complejidades, se han conocido iniciativas técnicas de reforma al funcionamiento de las Isapres, desde las más acotadas -sistema objetivo para validar alzas de primas, mecanismos para limitar la diferenciación de primas según riesgo de salud, facilitar la movilidad de afiliados entre dichas instituciones-, hasta muy ambiciosas, como algunas elaboradas por la comisión ad hoc creada en su primer gobierno por el Presidente Sebastián Piñera. Pero las propuestas se han encontrado con barreras insalvables, ideológicas, o porque suponen tomar una aparente distancia de los afiliados.

La inacción legislativa es un riesgo grave para el sistema de Isapres, por lo que es bienvenido el anuncio de propuestas legislativas del gobierno en el muy corto plazo. También está el riesgo ideológico o demagógico.

Un estudio reciente de la Asociación de Isapres, por ejemplo, llamó la atención sobre la posibilidad de que la combinación de tarifa plana en las aseguradoras, con eliminación de exámenes de salud para afiliarse al sistema -algo que se ha insinuado-, pudiera llevarlas a la quiebra. La tarea venidera es muy exigente, y la ciudadanía espera ahora soluciones efectivas por parte de la clase política.