Antofagasta está enferma. Así lo dicen los variados esudios que se han hecho en nuestra comuna a lo lar-o de los años, para determinar el grado de contaminación al que estarnos expuestos los 370 mil habitantes de la ciudad. Según el Instituto Oncológico Fundación Arturo López Pérez, al 2020 el cáncer será la primera causa de muerte en Chile, no obstante la Región de Antofagasta el año 2010 ya ocupaba el primer lugar con este mal. En 2014 fuimos tristemente noticia nacional debido a las altas concentra-dones de metales pesados, aun así no fuimos prioridad para el Estado porque tuvieron que pasar 4 años para que se concretara un estudio de polimetales con recursos públicos, aplicable a cerca de L500 habitantes de la ciudad.

Tan importante como conocer el nivel de exposición a metales pesados es detectar la fuente de contaminación, lamentablemente aún no existe un estudio que enfrente especialmente este punto porque esto establecería un dilema mayor: ¿Qué gobierno estará dispuesto a enfrentar el origen contaminante, en especial en esta zona en que la cadena productiva-logística es tan compleja y nuestra dependencia a la minería tan necesaria para el desarrollo del país? Lo que sucede aquí es bastante grave y complejo porque debido a una exposición histórica a agentes contaminantes y mineros, hemos sido víctimas de casos emblemáticos de contaminación, como el acopio de plomo en los patios traseros del ferrocarril.

Como si fuera poco, el gobierno boliviano ha contaminado por décadas nuestros pulmones, confundiendo el libre tránsito de cargas minerales con el libertinaje portuario, al no responsabilizarse de acopiar y manipular con estándares internacionales el plomo y otras sustancias altamente dañinas. Tampoco el estado chileno se ha hecho responsable de la salud y la muelle de cientos y cientos de personas que entre los años 50 al 80, consumieron agua potable con altas concentraciones de arsénico muy superiores a la norma de la Organización Mundial de la Salud y cuyo vital recurso en dicho tiempo era administrado por una empresa estatal.

Es el momento de enfrentar este tema con seriedad, compromiso, con recursos técnicos, económicos y humanos y por sobre todo con un marco legal inflexible. Por eso es que hago un llamado a los parlamentarios a que tomen en serio la gravedad de esta situación para que nuestro país no siga improvisando en materia medioambiental. Es momento ya de establecer una norma particularmente chilena con estándares internacionales en materia de metales pesados que nos permita aplicar una regulación jurídica al respecto y así dejar de medirnos con instrumentos de países como Estados Unidos o España, que no se ajustan a la realidad local. Gobernantes, entiendan... el Estado de Chile no puede seguir siendo cómplice de la muerte anunciada de Antofagasta y nuestra gente.