Un 'debate patético'. Así calificó la presidenta del Senado la discusión 'virtual' que tuvo el proyecto que establece límites a la reelección para cargos de elección popular, y que incorpora una norma de aplicación retroactiva que dejaría a seis senadores y 37 diputados sin posibilidad de continuar en el Congreso. La discusión, en medio de imputaciones de matonaje, no tuvo nada de republicana.

Al escuchar esa sesión queda la impresión que algunos senadores no comprenden los efectos que esta disputa tiene en el momento que vivimos. El problema de aquello es que, por lo mismo, tampoco son capaces de dimensionar que tras ella está en juego también, su propia supervivencia como institución.

Si bien existen argumentos para sostener que el límite a la reelección no es la solución para el problema de la renovación en la política ni para evitar el clientelismo (ello necesita de modificaciones más profundas, detenidas en el Congreso), lo cierto es que esta reforma cumple un rol simbólico para la sociedad. En este, dado el momento constituyente en el que estamos, todas las preguntas son admisibles, incluida la utilidad del sistema bicameral.

El Senado participa en una de las etapas del proceso legislativo, tiene un número sustancialmente pequeño de miembros —menos de un tercio— en relación a la Cámara de Diputados, su estructura está inspirada en la representación de territorios regionales, no puede fiscalizar actos del Gobierno, actúa como jurado en el juicio político, participa en la generación de algunos nombramientos y es un órgano consultivo del Presidente.

La crisis que enfrentamos, sin embargo, ha demostrado que los beneficios que persigue su existencia se han diluido o son menores a los pensados. Es dudosa la importancia de su representación regional cuando queremos promover la descentralización política; el menor número de miembros los deja en una posición en la cual cada voto es estratégico para el Gobierno (ello incentiva relaciones transaccionales con el Ejecutivo para, entre otros, la asignación de cargos en sus territorios a cambio de apoyo legislativo, especialmente cuando provienen de la misma alianza política); terminan ejecutando actos de fiscalización que la Constitución les prohíbe; en los procesos de co-nombramiento actúan con opacidad, y su labor consultiva es inexistente.

Por tal motivo, en la discusión que continuará esta semana, los senadores deberían considerar que está en juego no solo la limitación de la reelección, sino que, sobre todo, la subsistencia misma del sistema bicameral. En ello el Senado tiene mucho que perder, a menos que demuestre su utilidad para promover la calidad de la ley y de la deliberación democrática. Porque, desde hace un rato entre nosotros, algunas cosas dejaron de ser verdades autoevidentes.