Violencia y persecución política, ejecuciones extrajudiciales, déficit alimentario y de salud, migraciones forzadas. Después de mucha espera y un día antes de lo previsto, la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer ayer su informe sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela, y describió una crisis general durante la administración del Presidente Nicolás Maduro, un reporte que fue respaldado por la oposición y rechazado por el chavismo. Los aspectos más destacados del informe —que será presentado formalmente hoy en Ginebra— son los relativos a la violencia. 'Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones', dice el informe elaborado luego de la visita de Bachelet a Venezuela del 19 al 21 de junio pasado, cuando se reunió con Maduro y con el opositor Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional (AN) y Presidente encargado del país.

La expresidenta de Chile pide en sus conclusiones la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de Venezuela (FAES), organismo de seguridad estatal al que apunta como responsable de la mayoría de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por 'resistencia a la autoridad', durante operaciones policiales en 2018, cifra que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) eleva a 7.523. El reporte detalla que entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, 'otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio gobierno. Otras fuentes apuntan a que las cifras podrían ser muy superiores'. Familiares de 20 personas describieron cómo hombres enmascarados y vestidos de negro de las FAES, en camionetas negras sin patentes irrumpieron en sus casas. 'Las FAES separarían a los hombres jóvenes de otros miembros de la familia antes de dispararles (…). Las personas testigos reportaron cómo las FAES manipularon la escena del crimen y las pruebas.

Habrían plantado armas y drogas', relata el informe. Bachelet recomienda la creación de 'un mecanismo nacional imparcial e independiente' para analizar esas ejecuciones. 'Es un informe muy completo donde se reconocen los presos políticos, las torturas, la crisis humanitaria, y que abre la compuerta para que todos aquellos países que tienen posturas tibias cambien de parecer', indica el diputado opositor José Manuel Olivares. Si tuviera que escoger un título para el informe, el médico exiliado en Colombia dice que le pondría: 'Venezuela vive en dictadura'. 'Sin duda es el informe de un país que vive en dictadura', estima. El reporte también toca la violencia política.

Persecución

'Durante al menos una década, el gobierno (…) ha aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la AN. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al gobierno', señala el reporte. 'Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al gobierno', señala el reporte, que destaca que a junio de 2019, la 'Corte Suprema de Justicia ha levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados de la AN', entre ellos Guaidó. En paralelo y complementario al reporte, los legisladores opositores Delsa Solórzano y Renzo Prieto denunciaron ayer que recibieron amenazas de muerte por parte del gobierno. 'El informe es un logro de los activistas de derechos humanos, de las víctimas, de las ONG, de la AN y de todos quienes somos denunciantes', dice Solorzano desde Caracas. La diputada y activista destaca que el informe 'refleja la verdad que pudieron verificar los representantes de la alta comisionada', y que es más categórico que el que presentó el antecesor de Bachelet, el jordano Zeid Ra’ad Al Hussein, quien no fue autorizado para visitar Venezuela.

Mientras que Leopoldo López —padre del líder opositor del mismo nombre refugiado en la Embajada de España en Caracas— destaca que la 'contundencia' del reporte resalta la figura de Bachelet. 'Creo que las personas que de forma prejuiciosa atacaron a la señora Bachelet antes de que se conociera el informe quedan en evidencia como personas intolerantes. Bachelet ha hecho lujo de su condición de demócrata', dice López desde Madrid. Además de las relativas a las ejecuciones extrajudiciales, el informe de Bachelet hace una veintena de recomendaciones, que incluyen 'investigaciones de las violaciones de los DD.HH.'; 'medidas efectivas para restablecer la independencia del sistema judicial'; que se 'revoquen las clausuras de medios de comunicación y ponga fin a otras medidas de censura contra los medios de comunicación', entre otras.

El gobierno venezolano respondió de inmediato. 'Son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la oficina de la alta comisionada, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles', reseñó la respuesta del chavismo, que sumó 70 'observaciones'. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, destacó el 'duro' informe de Bachelet, e hizo una recomendación: 'El diagnóstico está claro y ante la falta de independencia de poderes en Venezuela, es imprescindible avanzar con una investigación internacional exhaustiva. Instamos a Michelle Bachelet a que solicite la creación de una Comisión de Investigación cuando comparezca ante Consejo de DD.HH.', tuiteó el abogado chileno. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, agrega que esa comisión debe actuar 'bajo la supervisión del Consejo de DD.HH. de la ONU, a fin de investigar imparcialmente las graves violaciones de derechos humanos que pudieran constituir crímenes de lesa humanidad'.