La Cámara de Diputados está discutiendo un proyecto de ley que rebajaría la dieta de los parlamentarios. La fórmula escogida al momento de escribir esta columna era que el Banco Central determinaría el monto, tanto de parlamentarios como de otras autoridades, tales como alcaldes, ministros, subsecretarios e incluso ministros del Poder Judicial. En el intertanto, todas estas remuneraciones descenderían en un 50%.

Se trata, sin duda, de un gesto relevante ante la crisis social y política que ya lleva más de un mes y que intenta revertir los alarmantes índices de desconfianza ciudadana en el Congreso. Sin embargo, lamentablemente, este hecho por sí solo, probablemente no tenga el efecto esperado. Los problemas de la deslegitimidad del Poder Legislativo exceden el solo monto de la remuneración -que es una de las más altas de los países de la OCDE-.

Si realmente queremos acercar el Congreso a la ciudadanía se requieren reformas más profundas: en primer lugar, establecer la función exclusiva de los parlamentarios. Dada la carga laboral que implica, es inexplicable que esto no sea así y más aun considerando los conflictos de interés que el desarrollar otras actividades puede implicar. Por otra parte, se hace imprescindible dotar de mayor transparencia al actuar del Congreso y las decisiones que adoptan, con los mismos estándares que en el Poder Ejecutivo y municipios. Asimismo, es clave que contemos con mejores normas sobre conflictos de interés y que las leyes de lobby y de declaraciones de intereses y patrimonio tengan fiscalización y exigibilidad como las de otras entidades, con sanciones reales -y no de un ínfimo porcentaje de la dieta- a incumplimientos.

Hace ya más de dos años está paralizado un proyecto de ley que se hace cargo de varias de estas materias y otras, como profundizar la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Si realmente queremos hacernos cargo de los reclamos de la ciudadanía, es necesario no solo ajustar la dieta y asignaciones, sino que elevar los estándares de actuación de nuestros parlamentarios.