Una propuesta sobre una 'Agenda contra la Impunidad', elaborada por tres organizaciones —Chile Transparente, Espacio Público y la fundación Observatorio Fiscal—, será entregada hoy al ministro de Economía, Lucas Palacios, para que sirva de insumo a las medidas que planteará La Moneda.

En el documento se indica que para 'superar esta crisis se requiere avanzar en una agenda que combata los abusos tanto en el sector público como en el privado', señalándose que las medidas deben 'tener un mínimo de contenido estructural'. Para ello se plantean ocho ejes, los cuales han sido socializados con algunos gremios —como las cámaras de Comercio y de la Construcción—, para encontrar respaldo sobre las temáticas por reformar.

'Queremos invitar a autoridades, partidos y empresarios a trabajar esta agenda juntos, de forma colaborativa, transversal, e inclusiva', señala Jeanette von Wolfersdorff, del Observatorio Fiscal. Para la directora de Incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, será fundamental el 'trabajo conjunto entre Gobierno, Congreso y sociedad civil' para que estas iniciativas puedan avanzar, mientras que el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, manifestó: 'Una de las desigualdades que se hace más evidente en nuestra sociedad es el distinto reproche penal que tienen los delitos contra la propiedad versus los de cuello blanco'.

Ejes de la propuesta

Una de las materias que se plantean son 'sanciones efectivas contra los abusos'. En ese punto, se pide que estas sean realmente disuasorias y 'efectivamente proporcionales y mayores a los beneficios obtenidos, aun cuando se apliquen beneficios por colaboración eficaz o delación compensada'. Además, se propone dotar a la PDI de personal especializado y con dedicación exclusiva a estas materias, que la Fiscalía de Alta Complejidad tenga el mismo rango que las fiscalías regionales, y que se permitan herramientas especiales de investigación para delitos de corrupción, como las interceptaciones telefónicas, entregas vigiladas y controladas, y el uso de agentes encubiertos e informantes.

Otro eje apunta a que se revele 'quiénes están detrás de las empresas o personas jurídicas que participan de operaciones financieras o comerciales, para detectar operaciones que buscan ocultar el origen ilícito de los bienes'. 'Se trata de crear un registro de dueños finales de empresas (Beneficial owners)', explica Von Wolfersdorff.

También se propone 'transparentar todas las rebajas que personas jurídicas o naturales reciben, en materia de multas, intereses o reintegros, e identificar los beneficiarios, así como los respectivos montos'.

Y, además, sugieren un diseño para un sistema de protección de los denunciantes de corrupción; cambios al empleo público —con una 'menor rotación de altos directivos con los cambios de gobierno' y que se transparente un número de funcionarios de confianza de las autoridades, entre otras medidas—; una reforma al gasto público, con una Ley de Presupuestos cuyo gasto tenga un 'beneficio medible para el ciudadano'; medidas de probidad en municipalidades y gobiernos regionales, como la designación de una serie de cargos por sistema de Alta Dirección Pública (ADP), y estándares más exigentes en materia de información financiera.

Reformas al Congreso

En la propuesta también se contempla un extenso listado de modificaciones al Parlamento, como la dedicación exclusiva de los legisladores, e incluir 'en sus códigos de conducta especificaciones claras sobre el deber de abstención' en materias en que puedan tener conflictos de interés, incluyéndose las faltas a ese principio dentro de las causales de cesación en el cargo.

Además, se plantea crear 'una entidad de fiscalización y sanción integrada por personas independientes, expertas en temas de integridad y que no hayan sido parlamentarios en el pasado'. Los integrantes de esa instancia, se afirma, deberían ser seleccionados por ADP.