'Yo creo que ya es hora que los abusos de cuello y corbata tengan penas de cárcel duras y efectivas'. No se trata de una declaración de alguien que ha marchado o de dirigentes sociales, sino que del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, expresadas en una entrevista a radio Cooperativa el martes. Sin embargo, quienes abogan por penas ejemplificadoras lo vienen haciendo hace rato, pero además hacen hincapié en un aspecto: el trato desigual. 'Tenemos que hacer un esfuerzo de ver qué política criminal implementar, para que definitivamente estos delitos sean sancionados con la gravedad que tienen', sostiene María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público.

Por ejemplo, indica que las agendas antidelincuencia de los diferentes gobiernos pusieron acento en aumentar las sanciones para los delitos como el robo 'y eso no se ha visto equiparado con los delitos de cuello y corbata y de corrupción'. En los últimos años ha habido avance. Uno de esos es la ley anticorrupción publicada hace un año, que aumenta las penas para delitos de corrupción, superiores a 5 años y un día de privación de libertad, lo que implicará limitar la posibilidad de beneficios. También en materia económica, el delito de colusión volvió a tener como pena la cárcel.

Sin embargo, uno de los puntos en cuestión es que 'muchas veces estas personas cometen estos delitos por primera vez y, por lo tanto, tienen irreprochable conducta anterior y eso implica que se les aplique el mínimo y termina siendo una condena menor que no implica cárcel efectiva', dice Jaraquemada. Por otro lado, para Marco Flores, abogado penalista y académico de la U. Mayor, cuando las empresas se coluden, por ejemplo, no se ve desde el punto de vista penal.

'No se trata de meter presa a la empresa' dice, pero considera que debiera evaluarse 'sanciones como la disolución de la sociedad o pago de multas extremadamente altas'. Símbólico resulta ser el caso que involucra a Gabriel Ruiz-Tagle. El ex presidente de Blanco y Negro fue multado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por usar información privilegiada al comprar acciones de la concesionaria de Colo Colo, aunque por autodenunciarse tuvo una sanción rebajada de 7.500 UF ($211 millones), lo que le permitió ganar $142 millones por el cuestionado negocio.

Foco en prevención

Pero para Flores, hay otro punto clave: 'faltan acciones de carácter preventivo'. Desde el ámbito público, coloca el ejemplo de Estados Unidos, donde las autoridades están obligadas a usar sus correos institucionales.

Hillary Clinton fue investigada por el FBI por usar su email personal cuando fue secretaria de Estado. El abogado lo compara con el caso Caval, donde Sebastián Dávalos mandó a formatear el computador que usaba cuando trabajaba en La Moneda. 'Si eso hubiese ocurrido en EEUU, es constitutivo de delito', apunta.