PRINCIPIOS FUNDACIONALES

Lo que hemos vivido en las últimas semanas en Chile puede ser descrito como un despertar ciudadano de proporciones históricas. Durante muchos años, el orden fáctico de nuestra sociedad parecía ser la única realidad posible, algo que N. Lechner denominó como la naturalización de lo social.

En ese contexto, se asumía que era muy difícil que las demandas por cambios sustantivos de las reglas del juego originadas en dictadura militar, y sostenidas durante décadas por los siguientes gobiernos de transición, pudiesen ser cambiadas.

Es justamente este supuesto lo que el estallido social cuestionó y dinamizó: en el sentido común, apareció un horizonte en donde era necesario y posible la creación de una nueva Constitución para Chile, basada en principios normativos que fuesen capaces de promover la justicia social.

Así, se logró aunar en un elemento común una serie de demandas y movimientos sociales sectoriales que por muchos años habían corrido por caminos separados. Los resultados de este proceso son aún inciertos, pero es una oportunidad sin precedentes para reflexionar de modo más orgánico y sistémico sobre el modelo de sociedad que queremos construir.

Al respecto, uno de los énfasis que parecen urgentes de relevar es la idea de que no hay posibilidad de justicia social sin considerar los elementos ecológicos y territoriales que ésta conlleva. Lo anterior, implica volver a reflexionar sobre nuestro actual modelo de desarrollo.

Éste se basa en la persecución de un crecimiento infinito en un planeta finito y en donde la producción de riqueza para algunos, se ha basado históricamente tanto en la extracción y usufructo de la naturaleza, como en la vulneración de las comunidades que usualmente sufren los impactos negativos que este estilo de desarrollo provoca, en su salud y acceso al entorno.

Ejemplos de esto, lamentablemente, nos sobran en Chile y el descontento social demostró que existía un umbral de tolerancia sobre esta violencia estructural, y lo socioambiental, especialmente en lo relativo a la gestión del agua, que ha sido un tema transversal en la discusión de cabildos y otras instancias de encuentro. La crisis climática es un fenómeno que es proclive a acentuar los procesos de desigualdad social, sobre todo si éstos no se previenen y gestionan adecuadamente.

A su vez, sociedades desiguales están menos preparadas a hacer frente a la emergencia climática. En la discusión constitucional, preguntas claves a considerar son las siguientes: ¿Cuál es el pacto de solidaridad que estableceremos con nuestra naturaleza? ¿Cómo la protegeremos, de modo que ella nos ayude a construir una sociedad resiliente a la crisis ecológica de la cual la misma humanidad es responsable? ¿Cómo vincularemos el medio ambiente con los derechos humanos y los principios de precaución, participación y justicia ambiental? ¿Debiera ser la sustentabilidad consagrada como un principio guía para nuestro desarrollo como país? En un escenario de urgencia climática, en donde esta semana se anunció la emisión récord de gases efecto invernadero a la atmósfera, cada comunidad y país tiene que hacer lo que sea necesario para alinearse con los criterios que permiten la vida en el planeta.

A Chile, le corresponderá discutir esto en su próxima constitución. Bello desafío.


DEMANDA SOCIAL

Hasta hace menos de un mes la agenda pública en nuestro país estaba cargada de noticias y debates en torno a cambio climático, pero tras el estallido social en que Chile despertó, todo rápidamente cambió de rumbo.

Obviamente ya no se habla de cambio climático, las noticias sobre manifestaciones, marchas y legítimas demandas de la ciudadanía han copado los medios de comunicación.

Sin embargo y entendiendo que los habitantes de este país de alguna forma hemos decidido que ya no queremos más de lo mismo y que necesitamos cambios que hagan de Chile un país menos desigual, más justo y democrático, no podemos obviar que el cambio climático sigue allí y que sus efectos están incidiendo o van a incidir en nuestra vida cotidiana. No se trata de que la agenda social sea más importante que la ambiental o la inversa.

Se trata de que cada vez más personas entiendan que el cambio climático y las demandas ambientales son también demandas sociales. Por eso no podemos olvidar que los habitantes de las 'zonas de sacrificio' donde se emplazan las centrales termoeléctricas a carbón y gas que contaminan el aire -contribuyendo con sus emisiones de gases de efecto invernadero y al cambio climático-, las cuales son comunas pobres y abandonadas por el Estado de Chile.

Tampoco podemos olvidar que la zona centro norte de Chile desde hace 10 años está afectada por una severa sequía. Esta situación no es transitoria y no solo se puede atribuir a los efectos del cambio climático, pues gran parte de la problemática está relacionada con la propiedad y gestión del agua, que puede ser abordada con distintas acciones que van desde cambios en la Constitución Política de la Republica hasta medidas de contingencia que permitan gestionar los recursos hídricos en tiempos de crisis.

Y así podemos seguir dando ejemplos, la contaminación por leña en las ciudades del sur, la salmonicultura en las regiones australes, el impacto del modelo forestal chileno en las comunidades indígenas, el emplazamiento de vertederos y rellenos sanitarios en comunas pobres.

Sin duda el cambio climático nos afecta a todos, pero no de igual manera. Las comunidades, familias y personas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, son los primeros afectados. Ellos no cuentan con los recursos para hacer frente a los efectos del cambio climático.

Es evidente que las personas que viven en zonas de sacrificio difícilmente, por no decir que es imposible, pueden salir de ellas; lo mismo pasa con personas más pobres afectadas por la sequía, ellos deben aceptar vivir en condiciones indignas.

Por estos y muchos otros casos, la agenda ambiental es también social. Sin embargo, los temas ambientales o relacionados con cambio climático no forman parte de las medidas anunciadas en la agenda social, es dramático constatar que existe una total desconexión entre los problemas que se viven en los territorios y lo que propone el Gobierno.

Esperemos que después de todo lo vivido exista voluntad de elaborar una agenda de trabajo clara y con financiamiento que permita abordar los temas más urgentes relacionados con el cambio climático.