A través de su equipo jurídico, el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) se querelló en contra de la textilería Puerto Edén SpA. Presuntamente utilizaron los beneficios tributarios de la Ley Navarino e importaron al resto del país sus productos manufacturados.

Según la querella, entre febrero y octubre del 2020 la empresa internó a Magallanes hilos de algodón y rafias desde Argentina, México e India.

Tras su desembarque, Aduanas constató su ingreso a la Zona Franca, que gracias a la Ley Navarino tiene excepciones tributarias y aduaneras.

Los productos –avaluados por la dirección regional en casi 400 millones de pesos– se sometieron a su tratamiento industrial y se creó una serie de mangas de algodón y cabos Mussel.

En su trazabilidad de la mercancía, Aduanas señaló que el producto final no se quedó en la región, como lo obliga la ley. Descubrieron que los textiles abandonaron Magallanes por el cruce de Monte Aymond y se fueron al norte del país para su comercialización.

La acción legal establece que si los productos se retiraban de la zona de excepción tributaria, la empresa debía pagar impuestos, derechos y gravámenes. Según los funcionarios del servicio, los recursos dejados de percibir por el Fisco ascienden a casi 108 millones de pesos.

El representante legal de Puerto Edén SpA, Carlos Barros Salinas, es sindicado por Aduanas como responsable de un delito de contrabando. Arriesga una multa de hasta cinco veces el valor de las especies introducidas, es decir, 2 mil millones de pesos.

La querella ya fue acogida a trámite por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas.

Solicita al Ministerio Público que despache una orden de investigar a la unidad especializada en delitos económicos de la PDI.