El gobierno de Chile bordea hoy el ridículo al conocerse detalles de un informe que manejan las autoridades sobre la presunta influencia extranjera en el estallido social del 18 de octubre último.

El diario La Tercera tuvo acceso al documento, de 112 páginas, que se centra en el análisis de las cuentas de redes sociales de cinco millones de personas o entidades, que en conjunto generaron más de 60 millones de comentarios a partir del 18 de octubre y hasta el 21 de noviembre.

El informe concluye que 19,3 por ciento de los comentarios proviene del extranjero, sobre todo en la primera semana tras el inicio de las protestas sociales.

Entre quienes presuntamente ejercieron influencia en esos eventos aparecen los canales TeleSur y Rusia Today, el cantautor español Ismael Serrano y el actor argentino-español Juan Diego Botto.

También señala a los jóvenes chilenos aficionados al K-Pop o pop coreano, la cantante Mon Laferte, la comediante Paola Molina, los destacados futbolistas Claudio Bravo y Gary Medel, y por supuesto, políticos de oposición como las diputadas Camila Vallejo, Karol Cariola, Beatriz Sánchez y Pamela Jiles.

Tampoco se salvan las redes Facebook, Telegram, Wahtsapp e Instagram, mediante las cuales, según el informe, los manifestantes se organizaron.

Pero el puntillazo es que toda la información recogida en las 112 páginas parte de fuentes abiertas y no tiene carácter delictivo.

En las redes sociales personas de todas las tendencias han señalado que el gobierno está haciendo el ridículo al pretender vincular a factores externos los sucesos de los dos últimos meses en Chile y sobre todo se burlan por la «influencia política» que puede ejercer la música pop de Corea del Sur.

El tema de la participación extranjera comenzó a ganar espacio en la opinión pública luego que el presidente Sebastián Piñera asegurara al diario español El País haber recibido mucha información y dijo haberla entregado a la Fiscalía para las investigaciones pertinentes.

Posteriormente, abordado por la prensa, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que se había entregado información «extraordinaria y sofisticada» procesada con alta tecnología pero que no podía hacerse pública por estar bajo secreto de la investigación.
La controversia se armó cuando de inmediato el fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo no disponer de información alguna, y solo el viernes último llegó a sus manos el documento con datos de fuentes abiertas y no de inteligencia.

El tema se convirtió este domingo en trendig topic en Twitter, y entre los miles de reacciones el experto en ciberseguridad Claudio Casado dijo que estas cifras no entregan un análisis sustancial, ya que a través de internet cualquier persona puede opinar lo que estime conveniente.

La diputada comunista Carol Kariola lo calificó de una vergüenza, y la académica Lucía Dammert advirtió que las principales preguntas que emanan del informe son quién lo hizo, si se pagó por ese resultado, y en qué estado estaban quienes decidieron que publicarlo era una buena idea.

En tanto, el Partido Comunista subrayó que lo que hace el ministro del interior «es un chiste, es absurdo, una tontera. Pero además, es grave, le debe una explicación al país, a la justicia y a las leyes básicas de la lógica».

Santiago de Chile, 23 de diciembre 2019
Crónica Digital /PL