El martes, por fin, Sebastián Piñera dio a conocer su agenda antiabusos, esa que, junto con pedir perdón por tanto abuso e inequidad, había prometido al día siguiente de la gran marcha.
Además de tardía, es una agenda muy incompleta. En materia de impunidad, por ejemplo, como varios han hecho notar, ni siquiera menciona una de sus principales causas: la facultad exclusiva del SII para denunciar posibles delitos tributarios (que es inconstitucional, pero en fin…).
Tampoco, la martingala que han usado la Fiscalía y el Poder Judicial para no procesar fuera del ámbito tributario a los involucrados en los casos de facturas ideológicamente falsas: las empresas trasgresoras y delincuentes (así, los espurios acuerdos de parlamentarios y candidatos con los representantes legales de las empresas para sacar dinero de estas de manera indebida no son desfalcos de sus autores, sino meras faltas de las empresas).
Y de seguro por olvido –la edad hace estragos en la memoria–, el Presidente omitió todos los abusos que se cometen por medio de los sistemas previsional y tributario.
Cuando ocurren sucesos como este, cuando la memoria traiciona al Presidente, los ciudadanos debemos tener plena disposición para colaborarle. Es una obligación cívica, y voy a cumplirla detallando a continuación los principales abusos previsionales y tributarios que, por algún error involuntario, no figuraron en su exposición.
Abusos del sistema previsional
Está, por ejemplo, el cobro anticipado de comisiones de administración, por años e incluso décadas, que las AFP nos efectúan en cada cotización.
¿Por qué es un abuso? Primero, porque obligar a alguien a pagar un servicio por anticipado, más todavía si es por décadas, es un abuso aquí y en la quebrada del maní; segundo, porque permite a las AFP obtener, a costa de disminuir las pensiones y la rentabilidad de los afiliados, ingentes beneficios financieros indebidos que en algunos casos podrían cuadruplicar las comisiones cobradas; tercero, porque es inconstitucional (¿o me van a decir que obligar a los afiliados a pagar un servicio de manera anticipada por décadas no priva, perturba o amenaza sus garantías de Igualdad ante la ley y de Derecho de propiedad?).
¿Cómo se soluciona? Reemplazando las comisiones anticipadas por comisiones vencidas pagadas sobre el saldo administrado, cuidando que los fondos de pensiones existentes al momento de la modificación queden exentos de ellas porque su administración ya está pagada hasta la fecha de jubilación de los afiliados.
Al respecto, sugiero establecer una cotización pareja de un 12% para todos los afiliados (actualmente estos cotizan entre un 10,69% y un 11,45%, por lo que el incremento no sería excesivo) y una comisión de administración máxima de un 0,15% anual sobre el saldo administrado. Considerando una rentabilidad promedio de los fondos de pensiones del 6% anual, con solo terminar con este abuso y eliminar las comisiones fantasmas, que veremos a continuación, los afiliados podrían incrementar sus fondos de pensiones en hasta un 25% (ojo, que si la rentabilidad promedio aumenta, el incremento también lo hace).
También están las comisiones fantasmas que las AFP nos cobran y descuentan mes a mes de nuestros fondos de pensiones sin informarnos, y que representan a la fecha un 0,3% anual del mismo (397 mil millones de pesos al año).
¿Por qué son abusos? Porque corresponden a pagos por concepto de subcontratación de servicios de administración de fondos de inversión que efectúan las AFP. Ellas subcontratan a otros fondos para que hagan la tarea por la que les estamos pagando, y su costo nos lo traspasan a todos los afiliados. Equivalen, por ello, a una doble comisión.
Además, porque se rebajan de los fondos de pensiones sin que sus propietarios, todos nosotros, tengamos noticia alguna, y sin que tengamos la menor idea de cómo se fijan, a quiénes se les pagan y en qué condiciones (comisiones indebidas que se rebajan en secreto, a espaldas de quienes deben pagarlas; ¿las permite nuestra constitución?).
¿Cómo se solucionan? Simple, hay que eliminarlas, suprimiendo la norma que Ricardo Lagos nos impuso y que autoriza a las AFP cobrarnos esas comisiones.
Sin perjuicio de ello, y mientras se discute la eliminación, es imperativo legislar para que los afiliados seamos informados en nuestras cuentas individuales de los descuentos efectuados hasta la fecha y de todos los que se efectúen en el futuro por este concepto; y que las AFP, además, informen mensualmente cuánto pagaron en comisiones fantasmas, a qué fondos de inversión se lo pagaron, cuánto era el monto que estos les administraron, cuál fue la rentabilidad obtenida y cuál fue el porcentaje de comisión pactado.
Imprescindible sería saber, además, a quiénes pertenecen esos fondos de inversión y si estos tienen relación con los propietarios de las AFP. Asimismo, que quien fija el porcentaje de comisión máximo a descontar por este concepto (el superintendente de pensiones) indique qué criterios utiliza para hacerlo.
Por último, las AFP deberían dar una muy buena explicación de por qué pagan comisiones fantasmas a fondos de inversión nacionales (les pegaron más de 53.000 millones de pesos el año 2018; un 1,6% sobre el fondo total administrado (una comisión altísima; ¿qué hay allí?).
Otro abuso es la desinformación a que las AFP y la Superintendencia de Pensiones someten a los afiliados.
¿Por qué es un abuso? Porque impide a los afiliados conocer los verdaderos indicadores de su inversión previsional (su cuenta individual), que es una información básica para que puedan tomar decisiones adecuadas y que la ley de mercado de capitales consagra como un derecho de cualquier otro inversionista; porque les impide saber cuáles son todos los descuentos que se les efectúan de manera directa (sin pasar por sus cuentas individuales) de sus fondos de pensiones; y porque provoca una asimetría de información, que es en sí misma un abuso intolerable (y también inconstitucional, ya que viola a lo menos las garantías de Igualdad ante la ley y de Derecho de propiedad, ya que se le impide al propietario de una información acceder a ella).
A manera de ejemplo, los afiliados no conocen, y nunca han conocido, cuánto han cotizado, cuánto dinero han ganado con su inversión previsional ni cuál es la verdadera rentabilidad acumulada ni promedio anual de esta (ojo: que no es la del fondo de pensiones; imagino que usted no se tragará que todos los afiliados al fondo C de Provida –1,3 millones a la fecha– tengan la misma rentabilidad de sus cuentas individuales y que ello ocurra durante más de 400 meses seguidos).
¿Cómo se soluciona? Reponiendo la norma que obligaba a las AFP a informar a sus afiliados la rentabilidad de sus cuentas previsionales, que fue derogada por Sebastián Piñera en su primer gobierno (con la excusa de simplificar la información que se entregaba a los afiliados en la cartola cuatrimestral).
Estableciendo que la información se entregue online con actualización mensual y que incluya los antecedentes usados para el cálculo: el total de cotizaciones efectuadas (todas las cotizaciones; no solo la parte que va a parar al fondo de pensiones), actualizadas por variación de la UF desde la fecha en que fueron efectuadas hasta la del informe (esa es la forma correcta de actualizar las cotizaciones), y por el resultado obtenido. Además, obligando a las AFP a informar en las cuentas de los afiliados todos los descuentos que se efectúan de manera directa desde los fondos de pensiones (aparte de las comisiones fantasmas, ¿qué más habrá allí?).
También está el abuso del actual destino de los fondos de pensiones.
¿Por qué es un abuso? Porque los fondos de pensiones se destinan en la actualidad de manera preferente a financiar déficits de caja del Estado (un 20%) y a las grandes empresas en Chile (36 %) y en el exterior (41%), en lugar de usarse en financiar iniciativas que vayan en directo beneficio de los afiliados y que les generarían beneficios muy superiores y mucho más estables.
¿Cómo se soluciona? Creando una AFP estatal que invierta en iniciativas rentables que favorezcan a los afiliados, tales como:
Financiar al Estado para que ponga término definitivo al CAE (el Estado destinaría a los fondos de pensiones el pago de intereses que les efectúa actualmente a los bancos comerciales).
Financiar a la Tía Rica (las personas pagarían menos intereses que hoy y no correrían el riesgo de perder sus joyas, ya que se suspenderían los remates).
Financiar un sistema de créditos a los afiliados a tasas preferenciales (los pagos se descontarían por planilla y la garantía serían los fondos de pensiones; sería un negocio redondo para todos, salvo para los bancos).
Adquirir, por medio de una empresa de propiedad de los fondos de pensiones, bienes raíces para su arrendamiento (la empresa mantendría en su poder los bienes raíces y los arrendadores pagarían solo intereses, con lo que los valores de los arriendos se desplomarían; con la garantía de los fondos de pensiones no serían necesarios avales y como los arriendos serían más económicos que los dividendos, la gente optaría por arrendar, tal como se hace en algunos países europeos).
Otras ideas, siempre con el criterio de iniciativas rentables, serían la explotación de minerales (litio), las concesiones, iniciativas energéticas no contaminantes, etc.
Invertir los fondos de pensiones en iniciativas que, junto con generar rentabilidades adecuadas, mejoren la vida de los chilenos podría transformar el actual sistema previsional en un formidable motor de desarrollo. Para ello, no obstante, hay que evitar hacerle caso a quienes, sin ninguna visión de futuro y sin haber estudiado a fondo el tema (la prueba es que nunca han reclamado por los abusos descritos más arriba), pretenden reemplazarlo por un sistema de reparto o de semirreparto.
Otro abuso es la imposibilidad de los afiliados de retirar, cuando las circunstancias lo ameritan, parte o la totalidad de sus fondos.
¿Por qué es un abuso? Porque hay circunstancias en donde no existe justificación alguna para denegar el retiro de los fondos, tales como enfermedades terminales (solo una mente criminal podría justificar no entregarle los ahorros de toda una vida a un enfermo terminal para que pueda disponer de ellos como se le antoje durante la vida que le queda); extranjeros y personas que residen en otros países; casos donde desde el punto de vista previsional es más conveniente para el afiliado girar sus fondos que pensionarse (el caso de la profesora antofagastina María Angélica Ojeda, por ejemplo, donde a todas luces es más conveniente para ella, incluso desde el punto de vista previsional, destinar su fondo de pensiones a pagar la deuda de su casa, ya que esta vale mucho más que su actual fondo).
¿Cómo se soluciona? Sin perjuicio de que debiera legislarse específicamente sobre el tema permitiendo a los afiliados disponer, en determinadas circunstancias, de la totalidad de sus fondos (y a todos disponer de parte de ellos), lo concreto es que la forma más fácil de hacerlo es que el superintendente de pensiones use su facultad de fijar una expectativa de vida de un mes en el cálculo del retiro programado para el afiliado en cuestión, lo que le permitiría retirar sus fondos en dicho plazo.
Sistema tributario
También hay abusos en el sistema tributario, como el goodwill. ¿Por qué es un abuso?
Porque es una norma que permite, sin ninguna justificación, a un grupo de grandes empresas llevar a gastos partidas cuya consideración como tales está prohibida por la IFRS y las NIC (las instancias internacionales que establecen las normas contables y financieras que deben cumplir los balances), y no es aceptada por el SII para ninguna otra empresa.
En palabras simples, la norma les permite a esas grandes empresas –¿ha visto la lista?; es pública: son 241 empresas con su razón social y su RUT– llevar a gastos ítems que no son gastos, sino activos (por ejemplo, la plusvalía de los terrenos, la cartera de proyectos de la empresa, su imagen de marca y su prestigio).
Es, sin duda alguna, uno de los peores abusos cometidos en democracia en contra de todos los chilenos (¿quiénes lo cometieron?; la norma fue propuesta en el primer gobierno de Piñera y formó parte de la famosa cocina aquella; es cosa de ver quiénes estaban allí). ¡Ah! Y por cierto, también es inconstitucional, ya que vulnera las garantías de Igualdad anta la ley, de Igual repartición de los tributos y de No discriminación arbitraria por parte del Estado.
¿Cómo se corrige? Suprimiendo la norma y cobrando a las empresas que hicieron uso de este beneficio impropio, con los reajustes e intereses correspondientes, la totalidad de los impuestos que difirieron por este concepto (así figuran en sus balances: como impuestos diferidos).
La normativa que autoriza a empresarios chilenos a hacer uso de los paraísos fiscales.
¿Por qué es un abuso? Porque permite que empresas que se administran desde Chile, que desarrollan todas sus actividades en el país, que consumen a destajo servicios públicos proporcionados por el Estado chileno, cuyos dueños y empleados viven y educan a sus hijos en Chile, se acojan a este espurio beneficio mediante un ficticio cambio de residencia y se eximan de pagar impuestos por sus utilidades como lo hacen todas las restantes empresas que, al igual que ellas, desarrollan sus actividades en el país (¿se vulneran aquí las garantías constitucionales mencionadas en el punto anterior?).
¿Cómo se soluciona? Simple: suprimiendo esta descarada e inmoral granjería y obligando a los que hicieron la usaron a pagar los impuestos que el Estado omitió cobrarles. Si alguien quiere beneficiarse con los paraísos fiscales, tiene que radicar en ellos sus oficinas centrales y gerencias, con familias incluidas.
Otro abuso es el sistema integrado de impuesto a la renta.
¿Por qué es un abuso? Porque, basado en la inmoral falacia de la “doble tributación” –el milagro tributario chileno: dos personas distintas y una sola utilidad–, el Estado exime a las empresas de pagar los cuantiosos servicios públicos que consumen (los bancos y las empresas de retail no pagan ni un peso por el uso intensivo que hacen de los tribunales de cobranza, por ejemplo, entre otros muchos servicios), para que estas les paguen los impuestos a sus propietarios y así evitar que estos tengan que pagarlos.
En otras palabras, el sistema integrado de impuesto a la renta es un sistema diseñado para que los grandes empresarios paguen la menor cantidad de impuestos posibles (estuvo vigente durante más de 30 años, lo llamaban FUT, y es una de las principales causas, sino la principal, de la enorme desigualdad que existe en el país).
¿Cómo se soluciona? Estableciendo un sistema “desintegrado”, donde las empresas y los empresarios paguen sus propios impuestos y todos sean de beneficio fiscal.
También está el mal llamado “subsidio a las constructoras”.
¿Por qué es un abuso? Porque es un subsidio que no llega en forma directa a sus beneficiarios finales, sino que es administrado por las inmobiliarias. Como estas son empresas con fines de lucro, lo más probable es que este subsidio jamás llegue a quienes va dirigido. De hecho, en todos los proyectos exitosos solo se traduce en incrementar las utilidades de las inmobiliarias (es como poner la carne a disposición del gato para que se la entregue al perrito de la casa: en una de esas algo le llega al pobre can).
¿Cómo se corrige? Suprimiendo el sistema actual y estableciendo un subsidio por un monto equivalente que se entregue a los adquirentes de viviendas.
Hay más abusos que debieran figurar en la agenda, desde luego. Cabe mencionar la renta presunta a la que están afectas algunas empresas privilegiadas, que debería suprimirse; el tope de 30% en los tramos del global complementario, que debería elevarse a no menos del 60% para las rentas más altas; la inmensa deuda que mantienen con el fisco muchos socios minoritarios de empresas por concepto de retiros en exceso sobre el FUT disponible que no tributaron global complementario, y que debería ser cobrada a la brevedad a los socios mayoritarios (por tratarse de retiros encubiertos que estos realizaron).
Y, por supuesto, hay más abusos en otros ámbitos que también fueron omitidos (los que se cometen en la explotación de recursos naturales que pertenecen a todos los chilenos, por ejemplo). No obstante, como se trata de un recordatorio, lo dejaré hasta aquí.
Sin perjuicio de ello, permítame expresar mi extrañeza porque ninguna de las entidades que supuestamente se ocupan de los abusos han denunciado los que acabo de exponer. Ni las universidades públicas y las que dicen serlo (¿cómo es posible que ninguna universidad haya estudiado los sistemas previsional y tributario vigentes?; ni ONG como Espacio Público o Chile Transparente; menos todavía el Congreso… ¿desidia, ignorancia, indolencia… o complicidad? Ni hablar de nuestro vergonzoso Poder Judicial, al que la Constitución ha encargado (en una decisión errónea que debería ser reparada) la tutela de nuestros derechos ciudadanos.
Para terminar, le haré un encargo: si ve al Presidente por ahí, infórmele que este listado está a su disposición para complementar el evidentemente incompleto que nos acaba de presentar.
El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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