En completo sigilo, la subcontralora Dorothy Pérez llegó el 26 de abril pasado hasta la Fiscalía Regional Centro Norte. En sus manos llevaba una denuncia por los delitos de tráfico de influencias, fraude al Fisco y prevaricación que habrían sido cometidos por parte de la cúpula de la Contraloría General de la República.

Aunque la denuncia no es nominativa, pues está dirigida 'en contra de quienes resulten responsables', los antecedentes recopilados en las últimas semanas por la subcontralora apuntan directamente al contralor Jorge Bermúdez y a los miembros de su círculo de confianza, los que habrían cometido estas irregularidades, según indica la denuncia, para favorecer a la abogada Doris Roa Moraga, profesional de confianza del equipo del contralor Bermúdez y quien justo en esos momentos estaba negociando su ingreso como fiscal de la Contraloría, el cuarto puesto en la jerarquía del ente contralor.

La Fiscalía Centro Norte ya abrió una investigación desformalizada a partir de estos antecedentes. La causa recayó en la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Tania Sánchez, quien ya investigaba con anterioridad otra denuncia interpuesta por la subcontralora Dorothy Pérez en contra de su superior jerárquico por los presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación, violación de correspondencia y difusión de e-mail privados.

Todos estos hechos, que habrían ocurrido en el período en que Bermúdez intentó sacar a Pérez del organismo fiscalizador, una pugna de poder que zanjó la justicia el 30 de noviembre de 2018 en favor de la subcontralora, cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema le ordenó a Bermúdez restituir a Pérez en su cargo.

Desde entonces, las dos máximas autoridades de la Contraloría General de la República han mantenido una soterrada disputa que está lejos de amainar.

En el texto, de 16 páginas, que la subcontralora presentó al Ministerio Público, Pérez denuncia con detalles la forma en que la Contraloría modificó de manera irregular, según su parecer, las sanciones aplicadas en el informe final de la auditoría que el organismo contralor hizo en 2017 al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), dependiente del Ministerio de Minería, y en la cual se habían detectado pagos abultados y sin adecuados fundamentos de asignaciones especiales en las remuneraciones de 300 funcionarios, entre ellos la abogada Doris Roa, por entonces jefa jurídica del Sernageomin.

Solo el año 2016 el Sernageomin pagó en exceso más de 322 millones de pesos. La cifra de los recursos que el Estado perdió, sin embargo, es varias veces superior. Durante la misma fiscalización, el Sernageomin admitió que el error de cálculo en el pago de remuneraciones por la asignación especial se venía produciendo a lo menos desde inicios del año 2000. Por ley, el plazo de prescripción para perseguir la restitución de los fondos es de cinco años.

Cambios de último minuto
El 7 de agosto de 2017, la Contraloría Regional Metropolitana 1 emitió el preinforme de observaciones 516 con el resultado oficial de la auditoría que habían realizado los fiscalizadores Waldo Crisóstomo y Sandra de la Barrera al Sernageomin.

El documento constata que en las resoluciones que mensualmente dictaba el director nacional del Sernageomin 'no se señalaban los criterios ni fundamentos que motivaban su decisión de otorgar los beneficios de asignación especial y asignación de modernización a los funcionarios', vulnerando así la normativa. También establece que es 'improcedente el procedimiento de cálculo que utiliza el Sernageomin para pagar las denominadas Asignación Especial y Asignación de Modernización, con lo cual pagó $ 322.282.407 indebidamente'.

En el preinforme se incluía expresamente el caso de la entonces jefa del Departamento Jurídico del Sernageomin, Doris Moraga Roa, por cuanto los fiscalizadores habían detectado que estaba recibiendo una asignación especial con un porcentaje de 83,19%, muy superior al tope máximo de 75% que permite la normativa. Debido a eso, Roa en el año 2016 había 'percibido indebidamente' $ 13.785.244 en asignaciones.

En su respuesta al preinforme de Contraloría, la Dirección Jurídica del Sernageomin, en un documento visado por Doris Roa, no justificó los pagos en exceso y se limitó a indicar que los montos de las asignaciones se estaban pagando desde hacía algunos años en base a criterios contenidos en una minuta de la dirección jurídica del organismo.

De acuerdo con la ley, frente a esa situación Contraloría tiene solo dos caminos: formular un reparo, lo que equivale a presentar una demanda ante el Tribunal de Cuentas para perseguir la responsabilidad civil de los funcionarios que causaron el detrimento en el patrimonio público; o bien, exigir el reintegro de los fondos en un plazo máximo de 60 días.

Esa última vía fue precisamente la que siguió Contraloría. En el informe final N° 516 de 2017, aprobado por todas las jefaturas intermedias, se ordena reintegrar los más de $ 322 millones pagados en forma indebida.

No solo eso. 'En las sucesivas versiones de dicho documento (el informe final N° 516 de 2017 y cada una de las aprobaciones oficiales respectivas), siempre incluyen el nombre de Doris Roa Moraga y que, por cierto, también incluyen la orden expresa de recuperar tales fondos públicos', señala la denuncia.

Cada una de las etapas del proceso de auditoría quedó registrado en los sistemas informáticos de Contraloría (Sistradoc y Sica).

Así se pudo establecer que el 4 de octubre de 2017, a las 9.42 horas, el contralor regional metropolitano 1 aprobó el informe final de auditoría N° 516, en el que ordena al Sernageomin exigir a los funcionarios el reintegro de los más de 322 millones de pesos, entre ellos a Roa Moraga.

Ese mismo día 4 de octubre, a las 10.22 horas, el informe final de auditoría, afirma la denuncia de la subcontralora, fue correctamente revisado y despachado por la Unidad Revisora de Informes (URI) de la Contraloría, sin ningún cambio.

Las jefaturas intermedias de la Contraloría habían desestimado por improcedente la recomendación que había hecho el director jurídico de la Contraloría, Camilo Mirosevic, el 27 de septiembre, quien pese a reconocer la existencia de una irregularidad, había solicitado que se entendieran los pagos excesivos que había hecho el Sernageomin como 'justa causa de error' y, por ende, no se exigiera el reintegro de los fondos, sino que se corrigiera la fórmula de cálculo de las asignaciones de ahí en adelante.

De manera inusual, pese a que el informe final N° 516 ya estaba listo y aprobado por todos los órganos competentes de la Contraloría, el 6 de octubre de 2017, desde el gabinete del contralor se ordenó a la Contraloría Regional Metropolitana 1 enviar por segunda vez el informe final de auditoría a la URI, entidad que depende directamente del gabinete del contralor.

El jueves 12 de octubre, la Contraloría Regional 1 recibió el documento de vuelta, con varias anotaciones al margen escritas con lápiz en la que se ordenaba eliminar la orden de reintegrar los fondos mal pagados por el Sernageomin y, además, sacar del informe final el nombre de la abogada Doris Roa, instruyendo adecuar el informe a lo señalado por el director jurídico de la Contraloría, Camilo Mirosevic, hermano del diputado del Frente Amplio Vlado Mirosevic, y uno de los asesores más cercanos al contralor Jorge Bermúdez.

Apenas cinco días después, el 17 de octubre de 2017, el contralor Jorge Bermúdez contrató y designó a la abogada Doris Roa Moraga como fiscal de la Contraloría, cuarto cargo en la jerarquía del ente contralor y responsable de llevar adelante las demandas de Contraloría ante el Tribunal de Cuentas.

Según la denuncia de la subcontralora Dorothy Pérez, el ingreso a Contraloría de Doris Roa, quien es estrecha amiga de la abogada asesora de Bermúdez, Loreto Valenzuela -trabajaron juntas en Sernageomin y antes en la Subsecretaría de Medio Ambiente- no habría sido posible si se hubiesen mantenido las sanciones y no se hubiese hecho este cambio de última hora en el informe final de auditoría.

A la fiscalía la subcontralora pidió realizar varias diligencias para determinar quién y por qué ordenó cambiar el informe final para dejar de perseguir el reintegro de los más de 322 millones de pesos a las arcas fiscales, entre ellas requerir las copias íntegras de los documentos relativos a esta auditoría que constan en los sistemas y carpetas de la Contraloría, como también el flujo íntegro de esta fiscalización, con cada uno de los documentos aprobados y despachados por cada uno de los intervinientes según el Sistema Integrado de Control de Auditorías (Sica), y obtener copia del libro de ingreso y despacho de la Unidad Revisora de Auditorías dependiente del gabinete del contralor, Jorge Bermúdez.