Tras la crisis social de las últimas semanas, se ha puesto sobre la mesa la discusión sobre la necesidad de mejorar la redistribución de ingresos. Según la OCDE, Chile es el país del organismo que menos disminuye la desigualdad —medida por el coeficiente de GINI— tras el pago de impuestos y entrega de transferencias por parte del Estado.

En 2018, Chile destinó más de US$ 7.600 millones en transferencias monetarias directas —aportes en dinero de libre disposición para los beneficiarios—, ya sea por concepto de pensiones, subsidios, bonos, becas, entre otros ítems, según datos del Ministerio de Desarrollo Social. Este monto representa alrededor del 10% del Presupuesto de la Nación del año pasado.

El principal gasto corresponde al pago de las pensiones del sistema de reparto, es decir, de los pensionados por vejez, invalidez, montepío, orfandad, etc., que cotizaban en las excajas de previsión y que ahora reciben su jubilación a través del Instituto de Previsión Social (IPS). Los beneficiarios superaron los 650 mil el año pasado, e implicaron al fisco un costo de US$ 2.748 millones.

Otro de los ítems que considera un alto gasto fiscal es el pago de las pensiones vinculadas al Pilar Solidario. Las Pensiones Básicas Solidarias (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS) tuvieron, en conjunto, un costo de US$ 2.285 millones. Más atrás aparece el pago de los bonos de reconocimiento de los imponentes del antiguo sistema de pensiones y que se cambiaron al actual sistema de capitalización individual. El año pasado se entregó un monto de US$ 908 millones por este concepto.

Los beneficiarios del Subsidio Único Familiar (SUF) —personas de escasos recursos que no pueden acceder a la asignación familiar o maternal porque no son trabajadores afiliados a un sistema previsional superan los 2 millones y el Estado les entregó, en total, US$ 543 millones durante 2018.

También están los beneficiarios de leyes reparatorias de derechos humanos entre los principales receptores de transferencias monetarias por parte del fisco. Entre ellos, los beneficiarios víctimas de violaciones a los DD.HH. entre 1973 y 1990, además de los exonerados políticos durante el mismo período. El fisco destinó poco más de US$ 367 millones por este concepto en 2018.

Más atrás figura el Aporte Familiar Permanente, más conocido como Bono Marzo (US$ 212 millones); los bonos Invierno o al Trabajo de la Mujer; la beca indígena; la beca Presidente de la República, y muchos otros que sumados alcanzan US$ 622 millones.

'Hay un desafío enorme en valorizar las transferencias indirectas y ver cómo impactan'

Alejandra Candia, subsecretaria de Evaluación Social, plantea que, de acuerdo a las últimas cifras disponibles, es posible concluir que los ingresos autónomos del 10% más rico de la población son 30,8 veces mayores que los del 10% más pobre. Sin embargo, al analizar la distribución con las transferencias monetarias incluidas, esta diferencia baja a 17 veces. 'Obvio que 17 veces sigue siendo un número alto, nos gustaría que fuese mejor y seguir avanzando, y ahí tenemos el desafío de ver cómo nuestras transferencias logran impactar directamente en los hogares, minimizando costos administrativos y los intermediarios', dice.

No obstante, Candia aclara que no se puede desconocer que gran parte de la política social del Estado corresponde a transferencias no monetarias, como por ejemplo, en salud, educación, transporte, etc. 'Hay un desafío enorme en valorizar las transferencias indirectas y ver cómo impactan en la distribución de ingresos', agrega.

Para el economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, que las transferencias monetarias representen el 10% del presupuesto, es muestra de que ha ido aumentando su importancia respecto de lo que ocurría en 1990 o el 2000. 'La frustración surge por el hecho de que el gasto social se ha incrementado enormemente desde 1990 y, sin embargo, no era capaz de disminuir la desigualdad', dice.

Por eso, Bravo se pregunta si está bien medida la desigualdad en Chile. Según su visión, una buena parte de la política social y de los incrementos en el gasto desde 1990 hasta la fecha se han enfocado en transferencias en especies. 'Por ejemplo, el aumento en la subvención escolar por alumno, o atenciones en salud, o garantías como el plan Auge'. En estos casos, añade, 'podríamos haber duplicado el gasto y nuestro indicador de distribución del ingreso no lo habría considerado, porque solo consideramos los ingresos monetarios. ¿Somos igual de desiguales? No, porque debimos haber valorizado dichos subsidios', enfatiza.

El director académico del magíster en Economía y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, Javier Bronfman, dice que para hacer un análisis más acertado de la situación de Chile versus otros países de la OCDE, es necesario analizar todo el gasto social como porcentaje del PIB y no solo las transferencias directas. 'El promedio de los países OCDE es de 20,1% y Chile destina un 10,9%. (...) Si uno se basa en esa comparación se podría decir que Chile no estaría redistribuyendo adecuadamente los recursos, o bien que Chile tiene espacio para avanzar hacia un gasto social más progresivo', dice.

El economista y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Eduardo Engel, plantea que las comparaciones de Chile con otros países de la OCDE son complejas. 'Gastamos una fracción menor de nuestro ingreso que los países OCDE, OK. Pero ¿cuánto de esto es porque estamos entre los países más pobres de la OCDE y cuánto porque gastamos poco comparado con otros países de ingresos similares? Porque la importancia del gasto social crece a medida que los países se desarrollan. Lo relevante es lo último. Yo me centraría en las necesidades de gasto que tenemos más que en comparar nuestras transferencias monetarias con las de otros países. Por ejemplo, pensiones, donde hubo un avance importante esta semana. Otro es el ingreso mínimo garantizado que significa montos importantes en transferencias', explica.

'Pilar Solidario representa cerca del 40% de los ingresos monetarios de las familias con adultos mayores'

La subsecretaria Candia destaca que las medidas anunciadas por el Gobierno como parte del acuerdo social convocado por el Presidente Sebastián Piñera, van en línea con reducir la brecha de desigualdad. 'El Pilar Solidario es una herramienta de transferencia monetaria muy potente. Hicimos un ejercicio y nos muestra que los hogares en donde hay adultos mayores, el Pilar Solidario representa cerca del 40% de sus ingresos monetarios', asevera.

De acuerdo a la autoridad, si a esto se le suman los anuncios que van relacionados a otros tipos de gastos como la baja de los medicamentos, subsidio al transporte público, baja en las cuentas de los servicios básicos, 'si bien no son transferencias monetarias directas, son aportes que ayudan a disminuir el costo de la vida', señala.

Respecto de la propuesta de garantizar un ingreso mínimo, el economista David Bravo destaca que fue una de las propuestas realizadas por la Comisión Presidencial de Trabajo y Equidad convocada por la Presidenta Michelle Bachelet en 2008. Por eso, espera que se tome con seriedad la propuesta del actual gobierno. 'Apunta de manera directa a mejorar los ingresos laborales más bajos, evitando aumentos peligrosos en el corto plazo del salario mínimo, que tendría efectos negativos en el empleo'.

Para Engel, los gastos permanentes que implicarán las transferencias monetarias anunciadas por el Gobierno requieren más impuestos, 'porque los incrementos de gasto fiscal, cuando son permanentes, deben ser financiados', afirma. El director del think tank Espacio Público dice, además, que también hay espacio para gastar mucho mejor los recursos que tiene el Estado. 'Un estudio de McKinsey de 2013 concluye que si se usaran las mejores prácticas, las ganancias de productividad en infraestructura sería de un 60%. Es decir, con los mismos recursos hacer un 60% más de carreteras, puertos, aeropuertos, etc.', agrega.

Por último, el economista cree necesario aplicar medidas regulatorias que mejoren la calidad de vida de las personas, reduciendo el precio que pagan por bienes y servicios. 'Por ejemplo, el informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicado esta semana propone una estrategia que apunta a reducir los precios de los fármacos en un 40%. El Gobierno quiere hacer las reformas, ¿se las van a torpedear en el Congreso? Porque no cabe duda que vendrá una campaña muy agresiva de quienes pierden con estas reformas', asevera.