Con vehemencia. Así se levantó ayer de su silla el ministro de Defensa, Alberto Espina, cuando la Sala de la Cámara aprobó en tercer trámite el proyecto que crea un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa.

De esa forma, el Parlamento derogó, tras 61 años, la Ley Reservada del Cobre. Publicada en 1958, esa norma fue la manera en que se financian las FF.AA., recibiendo estas un 10% de las ventas de Codelco. Hasta hace unos años, además, tenía la característica de ser reservada, secreto que posteriormente se levantó.

Existía coincidencia transversal en impulsar un cambio al sistema de financiamiento de las ramas castrenses. Sin embargo, el despacho de la iniciativa a ley tardó más de ocho años, desde cuando el Presidente Sebastián Piñera ingresó la propuesta en 2011 durante su primer gobierno; luego cayó en un letargo legislativo, del que salió el año pasado cuando el mandatario envió una indicación sustitutiva, retomando así su tramitación.

Los fundamentos de la norma son el financiamiento plurianual de las capacidades estratégicas de la Defensa; se crea un mecanismo de estabilidad de los gastos; además de establecer sistemas explícitos de control civil y democrático en el uso de los recursos.

Respecto de la Política de Defensa, esta se orientará en una planificación para el desarrollo de la fuerza, la que tendrá una duración no inferior a ocho años. De ella se derivará un plan cuatrienal de inversiones.

Además, se elaborará un 'Fondo plurianual de capacidades estratégicas', con la finalidad de dar estabilidad a las inversiones del sector de largo y mediano plazo para financiar: material bélico, infraestructura asociada y gastos de sostenimiento. Los flujos financieros estarán a cargo de un consejo que velará por ese fondo.

Para Espina, se trata de 'un hecho histórico y un cambio trascendental en la modernización de las FF.AA., porque pone término al financiamiento que se hacía por la Ley del Cobre y lo sustituye por un sistema transparente y democrático'.

Espina fue consultado acerca de la relación de los cambios con las indagaciones por eventual mal uso de los recursos de la Defensa. Al respecto destacó que la nueva ley establece 'sistemas de controles que antes no existían, que corresponden al Congreso, el que va a conocer la Política de Defensa, el equipamiento. Y adicionalmente, la Contraloría va a poder observar e incluso denunciar a la Justicia hechos irregulares'.

Debate por piso mínimo

Para el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Brito (RD), es bueno que los 'políticos y el Gobierno se hayan entusiasmado, después de tantos fraudes, a acabar con la Ley del Cobre'.

'Valoramos —agregó— que se aprobara por unanimidad; sin embargo, hicimos el punto en el piso mínimo cercano a US$ 500 millones al año. Si un año la planificación dice que debemos autorizar menos recursos, de todas maneras tendremos que entregar US$ 500 millones, lo que no se justifica'.