| Pais: Chile |
| Región: Metropolitana de Santiago |
| Fecha: 2020-01-17 |
| Tipo: Prensa Escrita |
| Página(s): C8 |
| Sección: Nacional |
| Centimetraje: 27x27 |
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Los ministros del Interior, Gonzalo Blumel, y de la Segpres, Felipe Ward, valoraron el despacho de la iniciativa luego de asistir a su votación en la Sala de la Cámara de Diputados. El Frente Amplio hizo reserva de constitucionalidad.
Lucía Dammert
Julián López
Gonzalo García
Lucía Dammert
Julián López
Gonzalo García
El Mercurio
Introduce modificaciones al Código Penal para tipificar como delito la alteración de la 'paz pública':
Cámara despacha a ley proyecto antisaqueos y antibarricadas con votos clave de bancada DC
Norma castiga 'el que baila, pasa', actos de violencia en contexto de manifestación y saqueos; además el texto agrava las penas aplicables en circunstancias específicas.
La Sala de la Cámara despachó ayer a ley el denominado proyecto antisaqueos y antibarricadas, el que introduce modificaciones al Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y agrava las penas aplicables en circunstancias específicas. La aprobación se produjo con el voto clave de siete integrantes de la bancada democratacristiana en el numeral 1 del artículo único referido a castigar a quienes interrumpen la libre circulación de manera completa.
Ahí se sanciona, entre otras materias, el conocido 'el que baila, pasa', así como las barricadas. Hasta antes de la discusión de ayer, la opción de pasar la propuesta a comisión mixta era cierta, porque no se sabía cuántos votos de la Democracia Cristiana estarían a favor de antisaqueos y antibarricadas.
Algunos señalaban que apoyarían el primer aspecto y no el segundo. Bastaba la ausencia de votos favorables en un numeral para forzar la dilación de su tramitación, por lo que al tener el respaldo DC, la incertidumbre se alejó. Respecto de sancionar el saqueo había más consenso, por lo que alcanzó 88 votos a favor y 57 en contra, principalmente del Frente Amplio, el PC y parte de la oposición; pero el castigo a las barricadas era el que generaba más reticencia a respaldarla. Ahí, el apoyo se tradujo en 77 votos y 66 rechazos.
Los DC Matías Walker, Daniel Verdessi, Manuel Matta y Jorge Sabag, junto a los exradicales actualmente en la bancada democratacristiana, Pepe Auth, Fernando Meza y Carlos Jarpa, sumado al PR José Pérez, permitieron despachar el proyecto al apoyarlo. En ese mismo numeral se abstuvieron los DC José Miguel Ortiz, Gabriel Silber, Joanna Pérez, Pablo Lorenzini y Miguel Calisto, quien preside la comisión de Seguridad Ciudadana.
Sanciones
La norma da en el caso de barricadas de 61 a 540 días de cárcel; para quien lance objetos que pudiesen causar la muerte o lesiones, se señala una sanción de 61 días a tres años, y dependiendo de la gravedad del medio utilizado, el juez puede recorrer el ámbito de la pena. Además, aplicando no solo al robo en lugar no habitado —saqueo—, sino también al robo con violencia y al hurto, reglas que aumentan la sanción en un grado o excluyen el grado inferior cuando concurren de manera copulativa dos circunstancias: alteración del orden público o calamidad pública o existiendo multitud o una persona que actúe amparada en ella.
De esta manera, al continuar en la misma hipótesis, la sanción pasa desde 541 días hasta 5 años a desde 5 años hasta 10 años una vez publicada la ley, siempre que existan las circunstancias descritas; y en caso del hurto de cosas con valor superior a media UTM, pero inferior a 4 UTM, pasa de 61 días a 540 días a desde 541 días hasta 3 años.
Frente Amplio al TC
Entre quienes votaron en contra del proyecto argumentaron la posibilidad de llegar a 'criminalizar la protesta social' mediante la ley antibarricadas. Así lo expresó, por ejemplo, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Boric en el hemiciclo. En su intervención, el parlamentario por Punta Arenas dijo que su sector rechaza la violencia, los saqueos y no los avalan. Luego, en redes sociales Boric escribió que se 'criminaliza la manifestación social, incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU llamó a rechazar. Nosotros así lo hicimos'.
Además, el FA hizo reserva de constitucionalidad sobre la norma, por lo que recurrirá al TC. Ante esa circunstancia, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, planteó que 'no deja de llamar la atención que quieran recurrir al TC. Por una parte lo cuestionan, pero cuando les conviene no tienen problema con acudir'. Desde la presidencia de la Cámara confirmaron la recepción del documento de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., donde se expresa su preocupación por el alcance de la norma aprobada.
Ahí se sanciona, entre otras materias, el conocido 'el que baila, pasa', así como las barricadas. Hasta antes de la discusión de ayer, la opción de pasar la propuesta a comisión mixta era cierta, porque no se sabía cuántos votos de la Democracia Cristiana estarían a favor de antisaqueos y antibarricadas.
Algunos señalaban que apoyarían el primer aspecto y no el segundo. Bastaba la ausencia de votos favorables en un numeral para forzar la dilación de su tramitación, por lo que al tener el respaldo DC, la incertidumbre se alejó. Respecto de sancionar el saqueo había más consenso, por lo que alcanzó 88 votos a favor y 57 en contra, principalmente del Frente Amplio, el PC y parte de la oposición; pero el castigo a las barricadas era el que generaba más reticencia a respaldarla. Ahí, el apoyo se tradujo en 77 votos y 66 rechazos.
Los DC Matías Walker, Daniel Verdessi, Manuel Matta y Jorge Sabag, junto a los exradicales actualmente en la bancada democratacristiana, Pepe Auth, Fernando Meza y Carlos Jarpa, sumado al PR José Pérez, permitieron despachar el proyecto al apoyarlo. En ese mismo numeral se abstuvieron los DC José Miguel Ortiz, Gabriel Silber, Joanna Pérez, Pablo Lorenzini y Miguel Calisto, quien preside la comisión de Seguridad Ciudadana.
Sanciones
La norma da en el caso de barricadas de 61 a 540 días de cárcel; para quien lance objetos que pudiesen causar la muerte o lesiones, se señala una sanción de 61 días a tres años, y dependiendo de la gravedad del medio utilizado, el juez puede recorrer el ámbito de la pena. Además, aplicando no solo al robo en lugar no habitado —saqueo—, sino también al robo con violencia y al hurto, reglas que aumentan la sanción en un grado o excluyen el grado inferior cuando concurren de manera copulativa dos circunstancias: alteración del orden público o calamidad pública o existiendo multitud o una persona que actúe amparada en ella.
De esta manera, al continuar en la misma hipótesis, la sanción pasa desde 541 días hasta 5 años a desde 5 años hasta 10 años una vez publicada la ley, siempre que existan las circunstancias descritas; y en caso del hurto de cosas con valor superior a media UTM, pero inferior a 4 UTM, pasa de 61 días a 540 días a desde 541 días hasta 3 años.
Frente Amplio al TC
Entre quienes votaron en contra del proyecto argumentaron la posibilidad de llegar a 'criminalizar la protesta social' mediante la ley antibarricadas. Así lo expresó, por ejemplo, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Boric en el hemiciclo. En su intervención, el parlamentario por Punta Arenas dijo que su sector rechaza la violencia, los saqueos y no los avalan. Luego, en redes sociales Boric escribió que se 'criminaliza la manifestación social, incluso el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU llamó a rechazar. Nosotros así lo hicimos'.
Además, el FA hizo reserva de constitucionalidad sobre la norma, por lo que recurrirá al TC. Ante esa circunstancia, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, planteó que 'no deja de llamar la atención que quieran recurrir al TC. Por una parte lo cuestionan, pero cuando les conviene no tienen problema con acudir'. Desde la presidencia de la Cámara confirmaron la recepción del documento de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., donde se expresa su preocupación por el alcance de la norma aprobada.
Recuadro
La opinión de los expertos
Para Lucía Dammert, experta en seguridad:
'Hay que buscar aquellos espacios grises donde se pueden generar espacios de impunidad, como, por ejemplo, el área de los saqueos, donde estaba clarísimo que hay ciertas actividades que tenían un castigo policial, un castigo legal muy bajo, pero también este marco donde efectivamente ha dicho la oposición, donde hay penas bastante menos importantes y reconocimientos legales a otro tipo de situaciones que podrían ser entendidas también como saqueos, que hemos visto en instituciones públicas y privadas etc., me parece que es tratar de buscar una receta antigua, que la generación de tipologías legales y aumento de penas para este problema. El debate sobre la ley antisaqueos se debe marcar en ese contexto. Evidentemente el aumento de las penas en el mundo no trae más eficiencia en la persecución'.
Julián López, abogado penalista de la Universidad de Chile:
'Quiero decir que la convicción de todos los gobiernos y parlamentos en Chile, de que los problemas sociales se resuelven con reformas legales, es una de las causas de la situación que estamos viviendo. El Estado de Chile debería aplicar sus energías a mejorar la gestión de sus instituciones y a la prevención y la rehabilitación como estrategias contra la delincuencia. No sacamos nada con tener contempladas grandes penas si no somos capaces de encontrar y perseguir eficazmente a quienes cometen los delitos'.
Gonzalo García, abogado penalista de la U. los Andes:
'No se trata ni de una ley que criminalice la protesta social ni una que solucionara todos los problemas políticos ni de orden público que vive el país. Su importancia es meramente simbólica, en tanto no responde a una necesidad real, sino solo al hecho político de apoyar las medidas de fuerza para garantizar el orden público o de respaldar el movimiento. Ambas son erróneas, no son medidas que apuntes ni a criminalizar la libertad de reunión o limitar el derecho a la libertad de opinión, ni tampoco representan una amenaza de tal grado que sirvan de prevención general de dichas conductas.
Su aporte real consiste en convertir hipótesis de saqueo que eran abarcadas por el delito de hurto, en una hipótesis agravada; mientras que la hipótesis del que baila pasa para vehículos privados, antes abarcada solo por el delito de amenazas, ahora pasa a ser un delito autónomo, perseguible de oficio, pero con una pena muy mínima. Los delitos propuestos, el de retención de vehículo (que se suma al de vehículo de transporte público de pasajeros, que ya existía) y la agravante de 'saqueo', se mantienen en un rango bajo y proporcionado de penas en relación a delitos de la misma especie ya existentes en el Código Penal'.
Para Lucía Dammert, experta en seguridad:
'Hay que buscar aquellos espacios grises donde se pueden generar espacios de impunidad, como, por ejemplo, el área de los saqueos, donde estaba clarísimo que hay ciertas actividades que tenían un castigo policial, un castigo legal muy bajo, pero también este marco donde efectivamente ha dicho la oposición, donde hay penas bastante menos importantes y reconocimientos legales a otro tipo de situaciones que podrían ser entendidas también como saqueos, que hemos visto en instituciones públicas y privadas etc., me parece que es tratar de buscar una receta antigua, que la generación de tipologías legales y aumento de penas para este problema. El debate sobre la ley antisaqueos se debe marcar en ese contexto. Evidentemente el aumento de las penas en el mundo no trae más eficiencia en la persecución'.
Julián López, abogado penalista de la Universidad de Chile:
'Quiero decir que la convicción de todos los gobiernos y parlamentos en Chile, de que los problemas sociales se resuelven con reformas legales, es una de las causas de la situación que estamos viviendo. El Estado de Chile debería aplicar sus energías a mejorar la gestión de sus instituciones y a la prevención y la rehabilitación como estrategias contra la delincuencia. No sacamos nada con tener contempladas grandes penas si no somos capaces de encontrar y perseguir eficazmente a quienes cometen los delitos'.
Gonzalo García, abogado penalista de la U. los Andes:
'No se trata ni de una ley que criminalice la protesta social ni una que solucionara todos los problemas políticos ni de orden público que vive el país. Su importancia es meramente simbólica, en tanto no responde a una necesidad real, sino solo al hecho político de apoyar las medidas de fuerza para garantizar el orden público o de respaldar el movimiento. Ambas son erróneas, no son medidas que apuntes ni a criminalizar la libertad de reunión o limitar el derecho a la libertad de opinión, ni tampoco representan una amenaza de tal grado que sirvan de prevención general de dichas conductas.
Su aporte real consiste en convertir hipótesis de saqueo que eran abarcadas por el delito de hurto, en una hipótesis agravada; mientras que la hipótesis del que baila pasa para vehículos privados, antes abarcada solo por el delito de amenazas, ahora pasa a ser un delito autónomo, perseguible de oficio, pero con una pena muy mínima. Los delitos propuestos, el de retención de vehículo (que se suma al de vehículo de transporte público de pasajeros, que ya existía) y la agravante de 'saqueo', se mantienen en un rango bajo y proporcionado de penas en relación a delitos de la misma especie ya existentes en el Código Penal'.
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RIENZI FRANCO y ANDREA CHAPARRO-
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