Tras recibir una denuncia con reserva de identidad en mayo del año pasado, la Contraloría General de la República inició una investigación en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para indagar una posible infracción de la Ley 20.730, que regula el lobby.

El análisis detectó la que sería la primera infracción cometida contra la normativa, ya que el ente fiscalizador comprobó que entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 hubo tres reuniones entre el director del Departamento de Tecnologías de Información (TICS) de la DGAC y el gerente, hasta entonces, de la empresa Adexus.

Se trata de José Allende Varas, ex director (s) de TICS y quien entre noviembre de 2015 y mayo de 2016 se reunió con Luis Meza Figueroa, gerente de la firma. Los detalles Según la investigación, a la que accedió 'El Mercurio' a través de Transparencia, Meza fue gerente de Adexus hasta abril de 2016, y en agosto de ese año, vía Alta Dirección Pública, se convirtió en director de TICS de la DGAC, cargo que ocupará hasta 2019.

De acuerdo con las respuestas de Aronáutica Civil a la Contraloría, la primera reunión fue para hablar sobre un servicio provisto por la empresa; la segunda por un saludo protocolar a Allende, por su nombramiento de subrogante, y la tercera también por un saludo debido al nuevo cargo de Meza. Pese a las respuestas de la institución, la Contraloría explica en su investigación que no se adjuntaron antecedentes que 'acreditaran que los encuentros se efectuaron en las condiciones y propósitos informados'.

El organismo fiscalizador ordenó que Meza se abstenga de intervenir en asuntos relacionados con la empresa. Mientras, los antecedentes fueron enviados en abril a la Unidad de Sumarios de la Fiscalía de la Contraloría, para abrir un procedimiento administrativo que compruebe eventuales faltas a la Ley de Lobby. La Contraloría también investigó las adquisiciones a Adexus.

Constató que entre enero de 2015 y noviembre de 2017 se realizaron 14 compras de bienes y servicios, principalmente a través de convenio marco. En respuesta a 'El Mercurio', desde la DGAC explican que en mayo el director de la institución instruyó un sumario administrativo 'para establecer eventuales hechos y responsabilidades administrativas por infracción'.

Sobre las compras, precisan que los funcionarios de TICS 'no tienen atribuciones para celebrar contratos', y que 'existe segregación de funciones entre las organizaciones que determinan necesidades y las que ejecutan las compras'.