Adriana Muñoz (PPD) quedó con el camino libre a la testera del Senado, luego de que este miércoles su par Felipe Harboe declinara sus aspiraciones para que sea elegida en marzo presidenta de la Cámara Alta.

Pero no tendrá un año fácil. Porque además de los cambios políticos y sociales por los que navega la institución, las autoridades y empleados del Senado tendrán que volver a declarar ante la Fiscalía por la investigación sobre asesorías que inició el fiscal Manuel Guerra en septiembre de 2017.

Esta situación podría generar efectos políticos, dada la prominencia de algunos indagados, entre ellos, exasesores de un ministro de Estado y de un aspirante presidencial.

Tal como publicó

'La Segunda' el viernes pasado, el 30 de diciembre el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, instruyó a la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios de la PDI 'concurrir personalmente' al Congreso para requerir la documentación que acredita el pago de 27 asesorías y tomar
declaraciones a sus autores.

La forma molestó a las autoridades del Parlamento, que se opusieron a que los detectives irrumpieran en el edificio. Por ello, este martes y miércoles la PDI envió un nuevo oficio a la Cámara y al Senado, respectivamente, solicitando remitir siete antecedentes: comprobantes contables de los egresos de cada informe, especificar de qué manera se efectuaron los pagos, exponer el respectivo cargo en la cuenta corriente, el visto bueno de los congresistas a los informes, facturas o boletas, comprobantes de la solicitud del trabajo y, de existir, copia de los informes.

En paralelo se citó a declarar a los asesores, algunos de los cuales concurrirían el 3 de febrero según fuenmiento o la posibilidad de ir a declarar por asesorías del senador Ossandón va a afectar su credibilidad y también pudiese dañarlo como potencial candidato presidencial, ya que la mala evaluación de los políticos más estos hechos lo hacen ver como un político más sin ninguna diferencia con otros', opina Tomás Duval, analista de RN y académico de la U. Autónoma.

Los 40 funcionarios
En paralelo a la investigación de las asesorías externas, la Fiscalía examina los servicios contratados por los senadores y sus bancadas bajo la modalidad 'personal de apoyo'. Por eso instruyeron a la PDI tomar declaración en calidad de testigo a 40 personas que se desempeñaron en esta condición entre 2012 y 2018.

¿La razón? Tras realizar un estudio de remuneraciones, el Ministerio Público detectó sueldos que 'se escapan del promedio'. Por ejemplo, si la media de las secretarias recibe mensualmente $600 mil, encontraron casos por casi $ 2 millones. Ahí pondrán la lupa para buscar eventuales triangulaciones, tal como lo describe una fuente al tanto del caso. Y en el Senado ya lo saben.

'Les tomaremos declaración para ver en qué condiciones fueron contratadas, qué labores desempeñaron y también ver sus cuentas bancarias', comenta otra fuente vinculada a la investigación.

Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente —organismo al que en 2018 el Senado rechazó una solicitud de acceso a la información relacionada con los informes de asesorías externas recalca que lo que se transformó en una historia de largo aliento proporciona este año una oportunidad para recuperar credibilidad por parte del Congreso y del Ministerio Público, en un contexto donde las instituciones tienen baja popularidad.
'Uno esperaría que cada presidencia del Senado actuara con severidad para que podamos avanzar hacia una nueva etapa de transparencia en el Congreso', dice Precht. Y recuerda que junto a Espacio Público y el Observatorio del Gasto Fiscal propusieron una 'reforma profunda al Congreso' a la que 'sería importante que Muñoz diera prioridad para crear un ente externo de fiscalización ética y presupuestaria para tener absoluta claridad del buen uso de los recursos públicos'.

Tras años de 'tensión' e incertidumbre de la opinión pública frente a la investigación, Precht pide 'celeridad por parte del Ministerio Público' en vista de que entre algunos actores existe la sensación de tes de Senado.

Las 27 asesorías bajo la mira de la Fiscalía se elaboraron entre 2012 y 2017 e involucran a 9 parlamentarios y otros 9 ex-congresistas; de la UDI, DC, RN, PS, PC y PPD. Entre ellos están el senador Manuel José Ossandón (RN), el diputado Matías Walker (DC), el expresidente de RN Carlos Larraín y el actual ministro de Minería y exsenador, Baldo Prokurica.

La sospecha de presuntas irregularidades se basa en que algunos de los informes se pagaban mes a mes, pese a que su contenido era el mismo. En algunos casos solo cambiaba el título. Pero la búsqueda no se agota en los 27 informes, ya que no se han descartado antecedentes de indagatorias previas, en las que se entrevistó a más de 70 asesores. Sepúlveda está ejecutando las acciones de la unidad liderada por el fiscal Manuel Guerra.

Parlamentarios a declarar En el Senado saben que es inevitable que uno o más legisladores terminen dando explicaciones a la Fiscalía. En privado, en el Ministerio Público ratifican esta presunción asegurado que tras depurar la información que proporcionen los asesores 'invitarán' a declarar a parlamentarios (al tener fuero no pueden ser 'citados') y citarán a exlegisladores, lo que ocurriría probablemente este año.

'Es normal que dentro de investigaciones de largo aliento parlamentarios tengan que ir a declarar', comenta Juan Carlos Manríquez, abogado penalista que asesora al Senado.

La senadora Muñoz considera que a esta altura la relación entre el Congreso y la Fiscalía 'ya es parte de la rutina', y sostiene que contribuirán con 'la entrega de todos los informes y toda la información' que requieran los persecutores.

Pero lanza una advertencia: 'Si citan a senadores tenemos que conocer las razones y, por cierto, tendrán que colaborar y concurrir a las reuniones, pero tiene que haber razones y causas fundadas, no al voleo'.

Esta situación podría traer consecuencias políticas para algunos de los involucrados más expuestos a la opinión pública. 'Es indudable que el cuestionala que investigación no avanza.

Esa sensación, incluso, se acentuó con las declaraciones del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, quien antes de asumir dijo que sería 'un escudo protector de los senadores', expresión que luego reconoció que fue 'desafortunada'.

Desde el Senado afirman que, ante la última solictud de la Fiscalía, 'se responderá el requerimiento en la forma y tiempos institucionales, dando así estricto cumplimiento a la ley, con la transparencia y claridad que estas materias ameritan'.

Historia de tensiones

Desde que en septiembre de 2017 el fiscal Guerra decidió extender al Senado la investigación de las asesorías —que llevaba en la Cámara— hubo cierta resistencia. De hecho, el entonces presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), lideró una respuesta que, además de oponerse a entregar la información, acusaba 'un grave daño de imagen'.

Al año siguiente, su sucesor Carlos Montes (PS) intentó un cambio e instó a sus pares a publicar los informes de asesorías externas desde 2015 —período de interés de la Fiscalía— lo que causó molestia sobre todo de la DC y el PPD. Incluso, esa decisión de Montes quebró su amistad con la senadora Muñoz.

Finalmente Montes cedió a la presión y pidió subir el material desde mayo de 2018. Pese a ello, un reporte del Senado, publicado el 10 de diciembre, señala que solo el 98,94% del total de informes de asesorías contratadas por senadores y senadoras en ejercicio, entre septiembre de 2015 y octubre de 2018, fueron publicados en el sitio web institucional.