La denominada 'Agenda Antiabuso y por un Trato Digno y Justo', presentada en cadena nacional por el Presidente Sebastián Piñera fue recibida con escepticismo, sobre todo porque peca de una omisión clave al no incluir la posibilidad de que el Ministerio Público pueda iniciar la acción penal en delitos tributarios, de colusión y delitos electorales, una medida solicitada tanto por la Fiscalía como por diversas organizaciones, por ejemplo, Espacio Público, Chile Transparente y la Fundación Observatorio del Gasto Fiscal.


Si bien el lanzamiento de esta agenda provocó una serie de críticas al respecto, al menos entre las autoridades regionales no fue el caso.

'Queremos que la gente tenga acceso a bienes y servicios de mejor calidad y menor precio'. Así justificó el Intendente Urquieta la propuesta que contempla una mejor protección de los derechos de los consumidores: se terminará con la letra chica en los contratos de adhesión, a través de una Plataforma Digital en SERNAC, que permitirá a los consumidores poner término a los contratos que no deseen mantener, con la misma facilidad con que los adquirieron.

Asimismo, se transparentará la venta de textos escolares, de forma que los establecimientos educacionales que los exigen, entreguen a los apoderados todas las opciones e información necesaria para que estos puedan comprar los textos más económicos que necesitan sus hijos.

ASPECTOS DE LA AGENDA

Entre los aspectos más relevantes de la agenda, se aumentarán las sanciones con penas de cárcel efectivas, para los delitos de colusión cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos, entre otros.

Además se incrementarán las sanciones penales y las multas para los delitos tributarios, el uso de información privilegiada y la divulgación de información falsa, para evitar abusos y asegurar igualdad de información y oportunidades en los mercados financieros.

La agenda también busca que las empresas que vendan productos al Estado informen la identidad de sus dueños personas naturales, para permitir mayor transparencia, detectar y combatir abusos, conflictos de interés y concentraciones excesivas en la provisión de bienes y servicios al Estado.

Asimismo, se transparentará la venta de textos escolares, de forma que los establecimientos educacionales que los exigen, entreguen a los apoderados todas las opciones e información necesaria para que estos puedan comprar los textos más económicos que necesitan sus hijos.