Jeannette von Wolfersdorff viene llegando de Nueva Zelandia. Allá estuvo esta semana, conociendo la experiencia que en gasto fiscal tiene ese país, al que varias veces el actual ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha indicado como referente.

Allí se empapó del enfoque wellbeing budget o Presupuesto de Bienestar que aplica dicha nación. 'Define cinco áreas prioritarias que más les importan a los neozelandeses, según evidencia: la salud mental, el bienestar/pobreza infantil, las aspiraciones indígenas, la productividad, y la transformación de la economía. Los nuevos recursos de cada Ley de Presupuestos se deben vincular principalmente a estos macro-objetivos', cuenta, detallando que este sistema considera un amplio set de indicadores de impacto, que incluso incorpora aspectos relativos a la percepción de corrupción, los ingresos medianos de los hogares o el porcentaje de adultos que se sienten solos, ejemplifica.

También tuvo oportunidad de conocer la gestión integrada de datos del INE de ese país, que con múltiples fuentes de datos que cruzan, los disponibilizan y permite basar las decisiones del gobierno en más evidencia.

La experiencia no es trivial, dada la tarea que tiene por delante. Desde enero Von Wolfersdorff encabeza la Comisión del Gasto Público, la entidad asesora a la que convocó el gobierno en enero con el objetivo de mejorar la transparencia, calidad e impacto del gasto público. Integrada por 16 expertos transversales, busca, en el detalle, asesorar en el diseño e implementación de una agenda modernizadora del sistema presupuestario, mayor transparencia en el uso del gasto de cara a la ciudadanía, mayor control y evaluación, eficiencia y eficacia, con medición de resultados.

El trabajo de la comisión está dando sus primeros frutos. Este martes, junto con entregar a Hacienda y Dipres un conjunto de prioridades —un set de objetivos y metas—, ya tienen una primera recomendación concreta, que apunta a la entrega de información del gasto público a todos los contribuyentes, en el marco de la Declaración de Impuestos, como una medida destinada a aumentar la rendición de cuentas con un foco ciudadano.

Se traduciría en que a través del Servicio de Impuesto Internos (SII) se aproveche esta Operación Renta 2020 para informar a los contribuyentes del porcentaje de gasto público que se invierte en las diversas áreas en el país, salud, educación, pensiones, etc. La idea es personalizar la información, explicitando cuál sería la distribución por área de los impuestos que está pagando el contribuyente. Por ejemplo, si el Estado gasta 21% en educación y un contribuyente paga impuestos por un millón de pesos, indicarle que $210 mil va a esa área. Según la Comisión, esta medida —que se ha implementado exitosamente en Australia— podría materializarse una vez concluida la Operación Renta, a finales de mayo. La Comisión sugiere testear y en el caso de que sea inviable llegar con la información a cada contribuyente vía mail, propone habilitar en la página del SII un mecanismo para que cada contribuyente, digitando su RUT, pueda acceder a la información: cuánto pagó de impuesto y cómo se gastó. 'Esa rendición es importante, se trataría de un gesto de valorización hacia los contribuyentes. Todavía no se podría informar detalladamente sobre objetivos y eficiencia del gasto, dado que para ello, se necesitarían implementar otras reformas', explica la presidenta.

Von Wolfersdorff señala que como comisión el objetivo no está en el manejo macroeconómico, sino el lado 'micro, que históricamente no ha tenido atención' dice. Un solo dato: plantea que según la última encuesta de presupuesto abierto del International Budget Partnership (IBP), de 2017, Chile obtiene tan solo 11 puntos de 100, debajo del promedio mundial y detrás de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Bolivia. En la región solo aparece mejor que Venezuela y Ecuador. 'Hoy en día, la transparencia fiscal en Chile es solo un ejercicio unilateral, el Ejecutivo de turno publica lo que le interesa publicar, sin considerar sistémicamente las necesidades de la ciudadanía y del Congreso, a la hora de decidir qué transparentar. Es importante avanzar hacia un presupuesto más participativo. Desde el nivel internacional, esperamos contar para ello con el apoyo del Global Initiative for Fiscal Transparency, para avanzar según evidencia y las mejores prácticas mundiales. Esperamos, además, poder implementar un piloto concreto durante el 2020', adelanta.

El presupuesto público de Chile es un presupuesto por inercia

Respecto del diagnóstico y las debilidades que observan en pertinencia y eficiencia del gasto expresado en la Ley de Presupuestos, Von Wolfersdorff parte por destacar lo positivo, 'el liderazgo desde Hacienda y Dipres, y la voluntad que ha demostrado el Congreso para avanzar hacia un mejor gasto público. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado se comprometieron a armar un equipo de trabajo con Hacienda para avanzar de forma coordinada, para consensuar una agenda. Además, la Dipres está preparando el proceso Presupuesto Base Cero Ajustado, que implica pedirles a los Ministerios que expliquen y defiendan con indicadores de resultados'.

—¿Y las debilidades?

'El presupuesto público de Chile es un presupuesto por inercia. Año tras año, se debate casi exclusivamente quién recibe cuánto de los nuevos recursos, pero no se realizan debates sobre la eficiencia o pertinencia del 'stock' actual del presupuesto. Debatir a nivel parlamentario con cuánta eficiencia se producen los servicios públicos, o se alcanzan los impactos que justifican finalmente el gasto, es además prácticamente imposible, dado que los programas presupuestarios efectivamente no tienen objetivos y metas. Los programas gubernamentales, que finalmente hacen entendible qué hace el gobierno con los recursos públicos, y en los cuales se centra el sistema de monitoreo y evaluaciones de Dipres y del Ministerio de Desarrollo Social, sí tienen indicadores, pero carecen de vinculación con la Ley de Presupuestos, y de registros contables adecuados'.

'Transparentar los objetivos y metas que pueden ser asociados a la Ley de Presupuesto es muy importante frente a la ciudadanía, para fundamentar las decisiones presupuestarias, o para mejorar la relación Congreso-Hacienda en materia presupuestaria. Hoy, hay múltiples reasignaciones que se hacen desde el Ejecutivo, una vez aprobada la Ley de Presupuestos, y que causan malestar entre los parlamentarios. Pienso que el Gobierno de turno debe tener esa flexibilidad de reasignar, pero contra una rendición que demuestre el cumplimiento de los objetivos del gasto'.

Von Wolfersdorff también plantea la necesidad de aumentar la flexibilidad del gasto, para que este se pueda ajustar según nuevas prioridades ciudadanas, evidencia, o según costo-efectividad de programas. 'Tomamos por ejemplo el año 2030: ¿nos imaginamos que allí seguiremos financiando los mismos programas que en 1990, mientras los parlamentarios solo debaten sobre el porcentaje de gasto que anualmente se agrega?', se cuestiona, en un contexto, además, en que la próxima generación enfrentará escenarios fiscales complejos, debido, entre otros, al aumento de las expectativas de vida, o las enfermedades crónicas. Por ello, cree que se requiere no solo de un gasto más eficiente, sino también de un gasto más flexible, en sintonía con estos cambios.

'Durante el debate del presupuesto 2020, por ejemplo, solo un 0,35% del gasto fue reasignado. Hubiera esperado un porcentaje más alto, dado el estallido social', ejemplifica.

—Señala que hay que mejorar la relación costo administrativo/beneficio de los programas sociales. ¿Hay exceso de gasto en administración pública?

'Efectivamente, otro de los objetivos conceptuales que proponemos es observar y mejorar la relación costo-administrativo versus beneficios de los programas gubernamentales. El primer desafío será registrar mejor el gasto administrativo por programas gubernamentales. Entiendo que la Dipres está avanzando, pero la mayor parte de los programas todavía no tienen un adecuado registro a nivel contable, y en consecuencia, se desconoce la relación costo administrativo-beneficio del gasto. También entendemos que apenas la mitad del gasto público está identificado en forma de programas e iniciativas gubernamentales. Así, en primera línea será prioritario mejorar los registros contables del gasto administrativo, para poder optimizarlo y crear benchmarks, ya sea a lo largo del tiempo, o comparando el desempeño de una región con otra'.

'No vamos a pronunciarnos acerca del tamaño del Estado. No está dentro de nuestros objetivos generar ahorros para financiar la agenda social que el país requiere. Se entiende, por regla general, que nuevos gastos públicos que son permanentes sean financiados con ingresos que también sean permanentes, tanto a través de ahorros, como a través de ajustes en los sistemas de tributación'.

—¿Han identificado qué tipo de programas deberían ser transferencia directas?

'Por ahora, solo tenemos una recomendación en relación con la Operación Renta, así como primeros objetivos y metas que ayudan a priorizar nuestro trabajo para este 2020. Dentro de esos objetivos figura reasignar un mínimo de 3% del Presupuesto, lo que consideramos exigente pero posible. Para aumentar las transferencias a personas que más lo necesitan, recomendamos partir por una revisión. ¿Llegan a las personas que más los necesitan? Según datos de ejecución presupuestaria, en 2019 se gastaron $10,6 billones (millones de millones) en transferencias corrientes a privados (personas naturales y empresas), lo que representa un 22% del gasto total del Gobierno Central (presupuestario y extrapresupuestario). A eso, se deben sumar cerca de $2,7 billones en transferencias de capital a privados, que también se realizaron en 2019, y que representan adicionalmente un 5,6% del gasto total del Gobierno Central. Hay un buen espacio para hacer una revisión estratégica en este campo. Reasignaciones que tocan el gasto en personal son más sensibles, y políticamente complicadas. Sin duda también debemos debatirlas, en vez de cerrar los ojos'.

— Sectores de la centro izquierda han planteado la necesidad aumentar más los impuestos. ¿Es necesario?

'Como comisión, no vamos a pronunciarnos. Pienso que será irresponsable aumentar las contribuciones - impuestos, sin procurar que estos recursos realmente lleguen donde deben llegar: ¡a la ciudadanía!'.