Una dura carta enviaron economistas ligados a la Concertación y la Nueva Mayoría a la comisión de Hacienda del Senado, que tramitó ayer el proyecto del plan fiscal de emergencia del Gobierno y que incorpora un bono de $ 50 mil -denominado "bono Covid-19" por carga familiar para las personas con trabajos informales.

Dicho punto fue aprobado por la comisión y por el Senado ayer, luego de que el Gobierno se abriera a entregar más subsidios de este tipo durante la crisis sanitaria que afecta al país. Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó el monto en el tercer trámite, por lo que hoy se discutirá en una comisión mixta.

En la misiva, los economistas Rodrigo Valdés, Andrea Repetto, Eduardo Engel y José De Gregorio hacen una dura crítica al monto de la ayuda estatal, instando al Ejecutivo a incrementar el aporte.

"Aunque tenemos dudas sobre el diseño del plan para trabajadores cubiertos por el seguro de cesantía, ellas son secundarias comparadas con la inquietud que nos genera el diseño de los bonos en ayuda a personas que reciben el SUF (Subsidio Único Familiar). Un monto insuficiente, además de la perspectiva de que sea sólo por una vez cuando es probable que las posibilidades de trabajar y lograr ingresos se mermen por un tiempo prolongado, arriesgan que las medidas sanitarias no tengan toda la efectividad que podrían tener", advirtieron.

En la carta, enviada a los senadores de oposición de la comisión Jorge Pizarro (DC), Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD), los expertos evidencian su preocupación ya que consideran que "las personas no se quedarán en sus casas si no tienen recursos líquidos mínimos para sobrellevar algunas semanas sin trabajar".

"No se trata de un problema de calibrar una política fiscal expansiva o de un esfuerzo por redistribuir ingresos. Se trata, simplemente, de que las personas puedan quedarse en casa con un mínimo nivel de seguridad económica. Lo propuesto es a todas luces insuficiente", continuaron.

Valdés, Repetto, Engel y De Gregorio cierran asegurando que ven un "gran desbalance" cuando se propone gastar hasta US$ 2.000 millones para los trabajadores que tienen acceso al Seguro de Cesantía, sumado a los aproximadamente US$ 12.000 disponibles en el sistema, y destinar "sólo" US$ 130 millones para el grupo de trabajadores que no tienen acceso al seguro.

"La comisión mixta debería poder lograr un paquete más balanceado y efectivo", concluyeron.