Ocho propuestas "estructurales y profundas" para evitar abusos en los sectores público y privado recibió el Presidente Sebastián Piñera de manos de las organizaciones Chile Transparente, Espacio Público y Observatorio Fiscal, cuyos representantes se reunieron con el mandatario en la antesala de un anuncio que esperaba realizar anoche por cadena nacional.

Tras la cita, el ministro Felipe Ward manifestó que tales propuestas, así corno las de partidos, estaban siendo consideradas por el Gobierno y que es "razonable" que esta agenda se transforme en proyectos de ley.

Entre las ideas de la llamada "Agenda contra la impunidad" figura crear un sistema integral de protección de víctimas, testigos y denunciantes de corrupción. "Un denunciante de corrupción lo pasa muy mal" en Chile y "no tiene ningún incentivo" para hacer una denuncia, argumentó el director de Chile Transparente, Alberto Precht.

La protección, plantean, debe incluir al círculo cercano del denunciante. También propusieron establecer un registro público de beneficiarios finales para facilitar el intercambio de información sobre cuestiones fiscales y de lavado de dinero, según los estándares internacionales.

Otra idea es hacer una reforma profunda al Congreso, que incluya crear una entidad independiente de fiscalización y sanción que resuelva los conflictos de interés y las denuncias anónimas contra legisladores por infracciones al código de conducta, y estableciendo la dedicación exclusiva de los legisladores.

MÉRITO Y EMPLEO

También se planteó una reforma al empleo público, "para que sea meritocrático" y se elimine "toda captura" de él por parte de la política, dijo Jeanette von Wolffersdorff, directora ejecutiva del Observatorio Fiscal. Considera transparentar un número de funcionarios de confianza de autoridades corno ministros, subsecretarios y jefes de servicios.

Además, se propuso una reforma al gasto público, de modo de "poner al ciudadano en el centro" de él y que se pueda "medir
cuánto mejor están" las personas después de efectuado determinado gasto, acotó Von Wolffersdorff.

Las otras propuestas apuntan a mejorar la probidad en gobiernos municipales y regionales, incluyendo limitar la reelección de alcaldes a dos períodos; transparentar todas las rebajas que personas jurídicas o naturales reciben, en materia de multas, intereses o reintegros, y establecer sanciones efectivas y disuasorias para delitos de corrupción o contrarios a la Ley de Mercado de Valores (incluidas faltas).

"No puede ocurrir que delitos contra la propiedad" sean más gravosos que los económicos, habló al respecto María Jaraquemada, de Espacio Público.

Alberto Precht afirmó que la corrupción "daña la inversión, la confianza internacional y la democracia".

IDEAS DE RN Y LA UDI

En el oficialismo, se valoró la decisión de plantear una agenda antiabusos por parte del Gobierno. "Es una buena decisión, era necesario hacerlo", comentó el timonel de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Este partido propuso instaurar un defensor del pueblo, quien garantizaría que los servicios del Estado cumplan con las normas de eficiencia; renegociar los contratos con las concesionarias de autopistas; extender hasta el 30 de abril el pago del permiso de circulación; proteger a los afiliados a isapres, y aumentar las penas para delitos económicos.

La titular de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, adelantó que el partido apoyará el eventual aumento de penas ante delitos como la colusión. La tienda propuso, entre otras medidas, fortalecer las atribuciones de los principales entes fiscalizadores, exigir al Estado y los municipios pagar a sus proveedores a 30 días y mejorar la fiscalización a municipios.