Antes, las diferencias se traducían en el voto a favor o en contra, recuerda el primer presidente de la Cámara después del retorno de la democracia en 1990, José Antonio Viera-Gallo (PS), como añorando volver el tiempo atrás cuando, más allá de las disputas, los puntos de vista se procesaban debatiendo y no mediante 'funas', carteles o interrupciones desde la tribuna con insultos o lanzando objetos, tal como se ha visto ahora.

Quien pierde con esas manifestaciones es la convivencia cívica, afirma, con cierta nostalgia, el también exsenador; pero, en paralelo a las anécdotas, la irrupción de protestas al interior de la corporación por parte de trabajadores de parlamentarios ha sido una preocupación para su mesa directiva, según lo advirtió el presidente de la Cámara, Iván Flores (DC).

El principal inconveniente que alerta el diputado es el 'debilitamiento de la institucionalidad' provocado por situaciones que pasan desde la violencia verbal a suspensiones de sesiones en comportamientos que dice se podrían homologar a la performance de las 'barras bravas' en el estadio. El que 'personas que trabajan con parlamentarios provoquen o se presten para la provocación es algo que no se puede seguir permitiendo', plantea Flores, junto con anticipar que el tema será analizado en la próxima reunión de comités y en la comisión de Régimen, en la que propondrá realizar una adecuación al reglamento de la corporación para incorporar su prohibición. 'Existe un vacío en la materia', alerta Flores sobre lo que atañe a algunos asesores. 'No son los funcionarios de la Cámara', recalca Flores, respecto de quienes sí guardan prescindencia.

Lo que más llama la atención de las autoridades de la Cámara es que el fenómeno de trabajadores de parlamentarios protestando no se había dado —no ocurre en el Senado, acota—, lo que ha ido escalando. Un caso reciente fue el enfrentamiento verbal entre el vicepresidente de la Cámara, Pepe Auth, con una secretaria del PC Hugo Gutiérrez.

El diputado le gritó desde la testera 'fascista' a la funcionaria, la que lo habría insultado de manera reiterada con un lenguaje violento, alegó Auth al explicar su reacción. 'Yo la he identificado a ella en numerosas ocasiones, por eso que reaccioné ese día después de 10 minutos de insultos. También la vi funando a otros diputados como Coloma', acusó Auth.

Entre los parlamentarios existe la idea, al igual que lo expresado por Auth, de que hay trabajadores de la bancada comunista que portan carteles para mostrarlos mientras diputados de Chile Vamos realizan conferencias de prensa. Así lo denunció Diego Schalper (RN), mientras intentaba hablar con la prensa en el sector del Pensador.

'Nos damos cuenta que como la Cámara nunca pensó que estas cosas podían ocurrir yo diría sistemáticamente, porque no es un hecho aislado', explicó Flores sobre las interrupciones de trabajadores de parlamentarios, lo que se suma a la denominada 'guerra del cartel' protagonizada por casi la totalidad de las bancadas.

Consultado por los emplazamiento al PC, su jefe de comité, Boris Barrera, respondió que el 'Congreso tiene que ser el primer espacio democrático, y en eso no podemos restringir las expresiones de nadie'.

Sobre el comportamiento de asesores, Genaro Arriagada dijo: 'Que los funcionarios de la Cámara atropellen las normas que rigen sus contratos, actuando como un grupo de presión al interior del recinto al que se han comprometido a servir, es igualmente inaceptable, dado que, también, sus remuneraciones figuran entre las más altas que paga el Estado'.

Mientras que para el analista Luis Cordero, de Espacio Público, en la 'contratación del personal de apoyo, si bien ellos están adscritos a un parlamentario, y se pagan con asignaciones parlamentarias, son personas que están contratadas por las corporaciones, están contratadas con fondos públicos, y, en consecuencia, a ellos también se les trasladan ciertos deberes públicos, que no tienen que ver con no manifestar sus opiniones, sino que mantener la dignidad de la función pública que desempeñan'.

La irrupción de agitadores, dicen en la Cámara, debería ser contrarrestada por los diputados a quienes asesoran; en tanto eso sucede, se espera resolver el vacío reglamentario detectado para poner a una práctica que, admiten, termina por erosionar la política.