Debate ha generado la primera sentencia en que la Corte Suprema se pronuncia sobre la publicidad de e-mails de funcionarios del Estado. La Tercera Sala, por cuatro votos contra uno, estimó 'que un correo electrónico puede considerarse información pública cuando se trate de una comunicación entre funcionarios públicos, emitida a través de canales institucionales'.

El Tribunal Constitucional (TC) en este caso había declarado inaplicable el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, en un caso en que el Servicio de Impuestos Internos (SII) negó el acceso de mails que envió la subdirectora de Avaluaciones del SII a los jefes de departamento de esa misma subdirección, resguardando la privacidad. En estas comunicaciones se daban instrucciones por una investigación por acoso laboral que la Contraloría había ordenado reabrir en contra de Silvia Espinoza Mora, quien trabajó en el organismo como arquitecta y que falleció hace algún tiempo.

Se elude la inaplicabilidad

Luis Cordero, abogado administrativista, cree que el máximo tribunal 'ha buscado un argumento para poder, en los casos en los que no aplica la sentencia de inaplicabilidad, eludir su aplicación porque considera que es otra regla'.

A su juicio, este fallo no genera incerteza jurídica, pero 'lo que sí tenemos es un problema de cómo coordinar la relación entre la decisión del Tribunal Constitucional con la Corte Suprema o con los tribunales en general, y yo creo que en eso hay bastante consenso entre los especialistas, que como que hay que cerrar ese puente que no está bien cerrado todavía. En el sentido de cómo garantizar que el juez de la instancia aplique plenamente la sentencia de inaplicabilidad en aquellos casos que es procedente'.

Cordero dice que todo esto indica 'que hay un tipo de conflicto y que se requiere legislar', y recordó que hay un proyecto de ley pendiente en el Congreso sobre los correos electrónicos'.

Mientras que otros abogados piensan que es un fallo muy importante para fortalecer el derecho de acceso a la información. Así lo estima el expresidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo. 'El carácter público de los correos electrónicos de funcionarios públicos es claro a la luz del derecho de acceso a la información. Cosa distinta es que alguno de sus contenidos, en función de las causales que establece la ley, pueda declararse reservado'. Agrega que resulta valioso el aporte de la Corte Suprema, 'atendido el serio retroceso de protección jurisprudencial del TC. Lo que llamó la atención del Senado para una reforma al artículo 8, 12 y 19 (de la Constitución), que se encuentra lista para su promulgación desde el año 2017'.

Suprema falló tras leer mail

Enrique Rajevic, el profesor y director del departamento de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado, dice que 'es un cambio relevante porque la doctrina del TC había transformado los mails en un canal inimpugnable'.

Y añade que se trata de una sentencia concreta; no hay que generalizar: 'La Corte Suprema está diciendo que en este caso concreto, dadas las características de la información del correo electrónico completo, claramente prevalece la dimensión pública de este'.

El abogado destaca que el máximo tribunal tuvo acceso al correo, lo que muchas veces no ocurre en los otros casos que ha resuelto el TC. Según su opinión, hay que distinguir, 'porque ciertos correos electrónicos, por su contenido, no pueden ser conocidos'.