SEÑOR DIRECTOR Su editorial de ayer 'Un plebiscito sin límite de financiamiento' expresa preocupación porque se omitió legislar sobre los limites de gasto y control de financiamiento para las campañas del plebiscito del 26 de abril.

Junto a otras organizaciones, desde Espacio Público alertamos sobre este vacío tempranamente y tratamos de visibilizarlo mediante diversas apariciones en medios. Recién el 30 de diciembre del año pasado, el gobierno anunció que preparaba un paquete de medidas para hacerse cargo de los vacíos legales asociados al plebiscito. En esa ocasión, el ministro Felipe Ward afirmó: 'Espero en los próximos días reunirnos con los presidentes de las comisiones de Constitución de la Cámara, Matías Walker, y del Senado, Felipe Harboe, para darles a conocer estos planteamientos'.

Algunos día después hicimos llegar a la Segpres una minuta con propuestas concretas. Debido a la falta de respuesta, solicitamos una reunión con las autoridades, la cual se realizó el 29 de enero de 2020. En dicha oportunidad hicimos presente que existía el riesgo de que empresas, o incluso entidades extranjeras, buscaran influir en los resultados de 'Apruebo' o 'Rechazo' del plebiscito.

Ello era de la mayor importancia, toda vez que, al significar un retroceso importante en materia de transparencia e igualdad de oportunidades en materia de financiamiento electoral, afectaba el prestigio de nuestra democracia y la legitimidad de nuestras instituciones.

Este es un tema de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo quien, de acuerdo a lo expuesto, pareciera haber tomado la decisión de no hacer nada al respecto.