Mientras en los pasillos del Congreso aún se debate la reforma constitucional que debe viabilizar el acuerdo para una nueva Constitución, a pesar de que el tiempo escasea y la necesidad de poner el proceso en marcha es cada día más urgente, existen algunas cuestiones que no deberíamos olvidar.

No solo está en juego la posibilidad, tantas veces expuesta, que nuestro país tenga por primera vez una Constitución discutida con las reglas de la democracia. Además, el éxito del nuevo pacto social, económico y político que estamos discutiendo depende de cómo encaucemos las demandas que han nacido tras las movilizaciones del 18 de octubre de este año.

Si por ahora tenemos acuerdo que pensiones, salud y trato digno son las principales preocupaciones de los chilenos, lo cierto es que estas se deben traducir no solo en un sistema de derechos garantizados, que implica disponer de recursos para solventarlos con un mayor esfuerzo tributario, sino que también requiere de un Estado que funcione para que la dignidad que exigen las personas sea una realidad cotidiana.

Por eso, en el debate constitucional no basta solo con hablar de la voluntad del pueblo, de la legitimidad de las instituciones, de derechos sociales, de obligaciones públicas o de valores compartidos. Tampoco debemos olvidar que el diseño institucional que la Constitución establece es esencial para que la 'arquitectura de las decisiones' opere adecuadamente en una democracia.

Como he señalado tiempo atrás, una de las principales restricciones a la reforma del Estado, en términos de permitir una organización adaptativa para enfrentar los desafíos de una sociedad compleja, es que la Constitución de 1980 impuso reglas de organización de la administración pública de una enorme rigidez, que exige que el Congreso dicte leyes incluso para ajustes menores.

El desafío que enfrentamos implicará reconocer flexibilidad a la organización estatal; que los funcionarios públicos puedan tener carreras profesionales transversalmente en el Estado y no solo en el ministerio o servicio público al cual ingresan, y que la política se desprenda del poder para el nombramiento directo de miles de cargos en el sector público, suprimiendo de ese modo el patronazgo y el reparto del botín que ocurre tras cada elección presidencial, y que se vuelve una fuente inagotable de potenciales actos de corrupción y de ineficiencia estatal.

No será posible implementar el nuevo pacto que estamos construyendo sin esa transformación profunda de la manera en que concebimos el Estado y su protagonismo. En ella se juega en buena parte el cumplimiento de los objetivos perseguidos tras una nueva Constitución, y el peor error sería creer que esto es asunto simplemente de tecnócratas.