Este lunes, al concluir el Día contra la Corrupción, el Presidente Piñera anunció una agenda anti-abuso en cadena nacional. Sus palabras se centraron en los abusos del sector privado, fortalecer la competencia de los mercados y aumentar sanciones efectivas por delitos económicos. Se trata de un punto de partida positivo, que ahora debería complementarse por aspectos que faltan o que fueron abordados sólo tangencialmente.

De hecho, durante la mañana de este mismo lunes 09, tres organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en materia de transparencia y anti-corrupción -Espacio Publico, Chile Transparente y el Observatorio Fiscal- tuvimos una reunión con el Presidente, para entregarle propuestas más amplias que la agenda presentada posteriormente por el Gobierno. No sólo presentamos diagnósticos y planteamientos. También pedimos que la Agenda no fuera diseñada a puertas cerradas, sino que pudiera considerar la experiencia de la sociedad civil y de expertos en estos temas.

De esta manera, no sólo se complementaría (o corregiría) la agenda del gobierno, sino también se darían garantías de que lo que se implemente será imparcial y estructural, y finalmente, una 'Agenda Estado'.

En contenido, ¿qué le falta a la Agenda? Pienso que ya llegó la hora de entender que la crisis social en Chile no sólo es reflejo de un malestar profundo con los abusos del sector privado, sino también los del Estado. Por ello, ni la izquierda ni la derecha se salvan de esta crisis, dado que una promocionó un sistema económico sin considerar aspectos de equidad y movilidad social, mientras que la otra promovió el crecimiento de un Estado sin preocuparse de sus capturas políticas. Falta, entonces, hacernos cargo también de los abusos del Estado, y pedir que los partidos se comprometan, transversalmente, a eliminar capturas políticas sobre el empleo y el gasto público, además de encaminar reformas estructurales para el Congreso nacional, los municipios y gobiernos regionales.

Acerca del ámbito del sector privado, es importante profundizar algunos aspectos. Sin duda, debiera agregarse el compromiso de poner término a la facultad exclusiva del SII y SERVEL para interponer querellas. Además, teniendo la meta de cumplir estandares internacionales, es necesario que Chile introduzca no sólo transparencia acerca de las personas naturales que son dueños de empresas proveedoras del Estado. Necesitamos un registro de dueños finales ('Beneficial Owners') de toda empresa que opera en nuestro territorio, para evitar el lavado de dinero, la evasión, y corrupción.

En materia de transparencia, la normativa europea ya obliga a publicar esos datos para cualquier sociedad, tenga contacto con el Estado o no. La razón es sencilla: si los empresarios tienen un comportamiento legalmente correcto, y éticamente adecuado, no hay nada que esconder. De lo contrario, que la ciudadanía sepa cuáles personas naturales están detrás de una empresa quizás podría ser uno de los mejores incentivos para mejorar el desempeño de los 'ciudadanos corporativos'.