SEÑOR DIRECTOR

Agradezco la carta del profesor Sebastián Soto publicada ayer, ya que me permite aclarar algunos puntos. En el primer párrafo de la mía manifiesto en forma clara mi desacuerdo con la práctica de 'el que baila pasa'. Como señalé, me parece una restricción de libertad arbitraria y no justificada en una sociedad democrática. No la minimizo ni menos banalizo.

Pero el profesor Soto sí parece minimizar, tal vez por desconocimiento, el impacto que ha tenido el uso de los controles de identidad preventivos. Su existencia legal no obliga a que Carabineros la utilice más de 4,4 millones de veces como ocurrió el 2018; tampoco a que en ese año se controlara a más de 72.000 menores de edad, lo que en realidad está prohibido en forma explícita. Recuerdo que tal dato fue conocido gracias a que La Tercera publicó los resultados de mi investigación y no debido, como lo obliga la ley generada en ese mismo juego democrático que Soto recuerda, a que Carabineros o el Ministerio del Interior la dieran a conocer en un canal oficial.

Invito a Soto a discutir el fondo de mi carta. ¿Es partidario de continuar la tramitación del proyecto de ley que pretende ampliar los controles de identidad o está de acuerdo con mi propuesta de suspenderlo? ¿Es partidario que las facultades que actualmente confiere la ley sean usadas con más cautela y racionalidad de parte de Carabineros, evitando su uso masivo y discriminatorio? ¿Es partidario de que se haga una rendición de cuentas real de su uso a más de tres años de establecido un deber legal que ha sido sistemáticamente incumplido por las autoridades? En democracia la legitimidad de la ley se juega no solo en su proceso de creación, sino también cuando ella se aplica en forma consistente con los valores de un Estado de Derecho.