Una disputa legal se generó entre la Contraloría, Conaf y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). Esto, luego de que la entidad encabezada por Jorge Bermúdez emitiera a mediados de marzo un dictamen que prohibió habilitar suelos para la agricultura en determinados terrenos.

En el documento, la Contraloría resolvió —tras la solicitud de los diputados Sergio Donoso y Alejandra Sepúlveda en representación de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo— que el permiso 'Plan de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas' otorgado por Conaf, no cumplía con el objetivo propuesto de proteger y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental.

'En consecuencia, de la interpretación sistemática de la normativa forestal invocada, resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativos para recuperación de terrenos con fines agrícolas (…), por lo que la Conaf deberá adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento', se lee en el escrito. Tras la emisión del dictamen, la corporación acató la resolución y a partir de abril suspendió definitivamente la tramitación de solicitudes para esta concesión.

El documento no fue bien recibido por la SNA, que decidió recurrir a la justicia y presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones contra Contraloría y Conaf y sus representantes —Jorge Bermúdez y Juan Manuel Rebolledo, respectivamente— alegando que el actuar de las dos instituciones fue 'arbitrario e ilegal'. Según explicó el gremio, este dictamen provoca un grave daño a los agricultores que ya tenían planificadas inversiones en dichos terrenos. La SNA calculó que serían cerca de 10 mil hectáreas, distribuidas principalmente entre la Región de Valparaíso y la Región del Maule, las afectadas por este dictamen.