La posibilidad de que en Santiago se sigan levantando proyectos inmobiliarios de gran altura y de edificación continua —llamados guetos verticales— se ve cada vez más compleja.

En la comuna de Estación Central, la Dirección de Obras de dicho municipio invalidó o rechazó los permisos de construcción solicitados por siete empresas inmobiliarias. Esa anulación fue adoptada por dicho organismo apoyándose en instrucciones de la Contraloría General de la República y de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las que objetaron la construcción de iniciativas de edificación continua.

El dictamen fue validado ayer por la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó los recursos de protección presentados por cinco empresas inmobiliarias en contra de la decisión de la Contraloría, que declaró ilegales cinco permisos de edificación en la comuna de Estación Central.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago descartó actuar arbitrario del ente contralor al emitir los dictámenes de invalidación. En el dictamen, del 12 de noviembre de 2018, el contralor dice que los permisos de edificación otorgados 'fueron emitidos en contravención a la normativa aplicable y que es deber de este municipio arbitrar las medidas que resulten pertinentes toda vez que la emisión no puede entenderse como un cambio normativo'.

¿Efectos del fallo?

Para el abogado administrativista, Luis Cordero, 'no debieran volver a otorgarse permisos de edificación en esa comuna y por eso es tan relevante lo que diga la Suprema ahora'.

Sobre la posibilidad de que las edificaciones sean demolidas, Cordero cree que es poco probable. 'En general, en esos casos la jurisprudencia es bien consistente en señalar que priman los derechos de terceros, porque al final del día, demoler esos edificios o dejarlos abandonados, se transforma en un costo social bien significativo'.

Respecto de los casos donde los permisos de edificación han sido otorgados y hay recepción definitiva, Cordero asegura que 'esos son imposibles de invalidar; esos son casos donde, en general, la jurisprudencia tiende a conservar esos actos'.

En esa misma línea, para el abogado de los vecinos de Estación Central, Cristóbal Osorio, el fallo 'demuestra que las denuncias de los vecinos de Estación Central eran ciertas. Acá se están otorgando permisos fuera de la ley. Esas denuncias ya habían sido acogidas por la Contraloría y se pretendió, tanto en esta Corte como en el TC, otorgar un falso manto de legalidad'. A su juicio, 'esto es un freno a la especulación inmobiliaria y si confirma la Corte Suprema, no veremos más construcciones de guetos' en esta comuna.

El consejero del CDE, Rodrigo Quintana —que representó a la Contraloría—, sostuvo que la Corte rechazó los recursos de protección porque no son la vía, ya que 'existen procesos administrativos y judiciales pendientes de resolución en este asunto, lo que impide sostener que el acto recurrido haya provocado privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales invocadas y, por lo tanto, los recurrentes y los terceros interesados pueden hacer valer sus derechos en esos procedimientos'.

Falta planificación territorial

El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, destacó el respaldo a lo instruido por la Contraloría 'y la legalidad de las acciones adoptadas por la municipalidad, que siempre ha actuado acatando las disposiciones legales vigentes'.

Sobre el conflicto, los urbanistas advierten que la falta de planificación territorial ha provocado casos de este tipo, ya que no existen bases claras acerca de qué está permitido y qué no.

El presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Sergio Baeriswyl, plantea que el órgano consultivo que encabeza 'se ha pronunciado sobre la necesidad de mejorar la planificación urbana y sobre todo los planes reguladores para que no se produzcan estas situaciones'. Añade que 'si hay un buen instrumento de planificación territorial y buenos mecanismos para su aplicación, comprensión e interpretación, no debería haber dudas sobre los procesos de desarrollo urbano, que tienen que ver con el otorgamiento de permisos'.

Magdalena Vicuña, del Instituto de Estudios Urbanos UC, agrega que en este caso 'si bien cada permiso en sí mismo podría estar cumpliendo con la norma para el predio, hay un problema de saturación del barrio', por lo que apunta a que 'hay un problema de planificación en el largo plazo'.