Faltaba poco para que la Comisión Mixta terminara de votar el proyecto que limita la responsabilidad de los usuarios frente a fraude con tarjetas, pero ayer en la instancia se abrió nuevamente un debate que ya parecía zanjado, a raíz de dos cartas del sector privado que llegaron. Es más, surgió una nueva propuesta: la creación de un registro de usuarios que hayan denunciado fraudes con tarjeta.

LAS CARTAS.

La Asociación de Bancos (ABIF) y BancoEstado enviaron sendas cartas a la Comisión Mixta, mostrando su preocupación por el proyecto. 'Debilita gravemente los medios de pagos electrónicos, generando malos incentivos en su uso, retrasando la bancarización e inclusión financiera; quiebra las responsabilidades legales históricas en medios de pago de nuestro país y también respecto a la experiencia internacional; no considera las sugerencias explícitas de las instituciones reguladoras (CMF, Banco Central)', dice la carta que envió el presidente de la ABIF, José Manuel Mena.

'Afectará negativamente el proceso de bancarización, el cual aún se encuentra en desarrollo, generando un riesgo que incentiva al fraude', dice la carta del presidente de BancoEstado, Arturo Tagle.

LA POLÉMICA.

La semana pasada la Comisión Mixta terminó por definir que las entidades financieras tienen un plazo de cinco días hábiles para que en caso de fraude, restituyan al usuario de forma obligatoria hasta 35 UF. Si el fraude es mayor que ese monto, la entidad tiene siete días de corrido para hacer su investigación y, en caso de que estime que hubo culpa del usuario, debe recurrir al Juzgado de Policía Local y probar que hubo 'dolo o culpa grave' del cliente. Lo que tiene en alerta a la banca, es justamente esto último, pues la industria argumenta que el concepto de dolo o culpa grave 'es virtualmente imposible de probar', según dice la ABIF en la carta.

'Presenta vicios de constitucionalidad', agrega. El mismo ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, ayer se alineó con los argumento de la banca. Pese a que hasta ahora el gobierno no había tomado posición, el titular de la cartera comentó que tal como está planteado el proyecto, en caso de negligencia de un cliente que por ejemplo anote su clave en su tarjeta de crédito, y luego le roben dinero por este motivo, es muy difícil de probar que la culpa fue del usuario, por lo que pidió a la instancia que vuelva a citar expertos, como la CMF y el Banco Central, para que den su opinión sobre este punto.

El ministro también mencionó que tal como está hoy el proyecto, lo que ocurrirá es que el sistema se reequilibrará mediante un alza de las comisiones que cobran los emisores de tarjetas. Pero dijo que BancoEstado no podría hacer lo mismo, porque tiene más de 11 millones de CuentaRUT, por lo que tendría que asumir la pérdida. Como el estándar probatorio de 'dolo o culpa grave' ya fue aprobado por la Comisión Mixta la semana pasada, sólo se podría volver a votar si es que los parlamentarios de la instancia, de forma unánime, deciden que se procederá a una nueva votación.

Sin embargo, ayer el senador Felipe Harboe (PPD), no estuvo de acuerdo con esta situación, y le respondió a la banca: 'Con cada regulación que se hace, estamos acostumbrados a que nos digan que se desbancariza a todo el mundo'. En esa línea, el senador argumentó que a nivel internacional también existe este estándar probatorio, pues es el caso de España, Uruguay, y Colombia, explicó.

LA PROPUESTA.

El senador Harboe detalló que el estándar probatorio que definieron, viene de la mano de una propuesta: la creación de un registro de usuarios que alegan fraudes. El objetivo es generar un 'desincentivo a la industria del fraude, porque si hay una persona que ha denunciado, cinco, seis, siete, u ocho veces, que ha sido objeto de fraude, evidentemente será un elemento que va a tener en consideración el Juzgado de Policía Local para dirimir'.

La propuesta tiene un amplio respaldo de los parlamentarios, porque no sólo fue presentada por Harboe, sino que también fue firmada por los senadores Ximena Rincón (DC), Rodrigo Galilea (RN), Álvaro Elizalde (PS), y los diputados Miguel Mellado (RN), Joaquín Lavín (UDI), y Alejandro Bernales (Partido Comunes). '(Este registro) tendrá por única finalidad la de prevenir e identificar el uso fraudulento de los medios de pago electrónicos y al que podrán acceder los emisores de dichos instrumentos', dice la propuesta.

Además, indica que será la CMF la que administrará este registro, y será un reglamento del Ministerio de Economía el que regule su funcionamiento y operación. De todas maneras, no depende de los parlamentarios la aprobación de esta iniciativa, pues depende de la voluntad del Ejecutivo. En esa línea, el ministro de Economía comentó: 'Me parece una propuesta interesante, tengo que consultarla con el Ejecutivo, porque esto involucra recursos públicos, porque es un registro que estaría bajo la tuición de la CMF'.