La Superintendencia de Pensiones ha aplicado 38 sanciones, equivalente a más de 390 millones de pesos aproximadamente, a las AFP y asesores previsionales por irregularidades y faltas a las normas durante este año.
De acuerdo con La Tercera PM, las millonarias multas -a beneficio fiscal- representan un incremento de 138 por ciento respecto al mismo período del año anterior.
En 2019, el 51 por ciento de las sanciones han recaído contra las AFP: lidera el ranking Provida, controlado por la gigante estadounidense Metlife, con 1.700 UF, seguida por Planvital (1.500 UF) y Cuprum (1.300 UF).
En tanto, el 49 por ciento de las multas han sido contra asesores previsionales, siendo la mayor registrada la sancionada a Andrés Orrego Arriagada, con 1.140 UF, tras detectar irregularidades en el Sistema de Consultas de Ofertas y Montos de Pensión (Scomp).
Este último punto ha abierto un debate sobre la regulación a los asesores, luego de que el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, solicitó mayores atribuciones fiscalizarlos. "Que se hagan responsables de lo que están haciendo, porque hoy no lo hacen", planteó este fin de semana en Pulso.
Desde la Asociación de AFP, el gerente general Fernando Larraín expuso a la edición vespertina de La Tercera que "la superintendencia debe regular y fiscalizar a todos los asesores previsionales y es un tema que viene en discusión hace mucho tiempo", apuntando que si la firma Felices y Forrados, vinculada a Gino Lorenzini, "está dentro de la categoría de asesoría previsional debería ser fiscalizada".
Andrés Culagovski, ex fiscal de la Superintendencia, sostuvo que en Chile la asesoría previsional de manera individual está regulada y quienes desempeñan esa gestión están en un registro y son calificados; ante ello planteó que también se debe aplicar la misma norma fiscalizadora para las asesorías colectivas, para lo cual, aseguró, el regulador impulsa un proyecto de ley en ese sentido desde hace unos años.
En el marco de la crisis social que vive el país, una reforma al sistema de pensiones es valorada, con el 51 por ciento, como la principal medida que ayudaría a solucionar el conflicto, según una encuesta desarrollada por la empresa Ipsos y el centro de estudios Espacio Público.