Algunos tienen bienes inmuebles a través de ellas, otros aseguran que están inactivas y una parte sostiene que su participación es tan mínima que no tiene conflicto de interés. Esas son algunas de las respuestas de los convencionales que tienen empresas o sociedades inscritas.

Según un recuento realizado por 'La Segunda' en base a las declaraciones de patrimonio e interés —la mayoría de ellas ya actualizadas y otras realizadas en su período de candidatos— 52 convencionales tienen algún tipo de participación en sociedades; 30 de ellos en calidad de controlador.

Once constituyentes lideran en número de sociedades, teniendo presencia entre tres y cuatro: Raúl Celis (RN), Teresa Marinovic (independiente pro Partido Republicano), Bernardo Fontaine (independiente RN), Fernando Salinas (Lista del Pueblo), Rocío Cantuarias (Evópoli), Mauricio Daza (independiente) y Bárbara Rebolledo (Evópoli), Alvin Saldaña (independiente), Rodrigo Alvarez (UDI), Harry Jurgensen (RN) y el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa (independiente pro FA).

Consultados al respecto, ninguno consideró que su propiedad podría generarle un potencial conflicto de interés.

'No creo ni veo un posible conflicto de interés, pero en el caso de ocurrir, por supuesto que actuaría conforme a la Ley y a las obligaciones que establezca nuestro futuro Reglamento y Código de Ética', señaló Rodrigo Álvarez.

Celis, explicó que Best Services es una sociedad que no tiene movimiento y que solo constituyó para 'ayudar a una persona que quería organizar campeonatos deportivos'. Sobre Celis y compañía, indicó que es su oficina de abogados y que hace un tiempo salió del día a día para concentrarse en otras actividades. En cuanto a CBLS, acota que es una empresa destinada a las asesorías donde se mantiene 'más bien pasivo' y no participa en la administración del día a día. 'Si con esa sociedad llegara ver que puede producirse algún conflicto de interés evidentemente me abstendría de votar', afirma.

Finalmente, en Schwager Energy defiende que su participación de 0,4% (hoy equivalente a cerca de $37 millones) no provocaría conflictos de interés. 'Si uno dijera que eso genera incompatibilidad prácticamente todos los convencionales que tienen fondos en AFP tampoco podrían opinar. Me parece un despropósito que por una participación de esa envergadura se pueda generar algún tipo de conflicto', argumenta.

Mauricio Daza admite que sus empresas 'existen, pero casi todas están sin movimiento hace años y ninguna cuenta dentro de su patrimonio con derechos de agua, ni son titulares de concesiones, inversiones en acciones o valores, además de no tener interés directo ni indirecto en otras empresas o en grandes grupos económicos'. Rebolledo y Marinovic se limitaron a señalar que no tienen conflicto de interés. Bassa aseguró que sus sociedades no tienen movimiento hace más de 15 años.

'Vendí todas las acciones que podrían, eventualmente, generar alguna posibilidad de conflicto y renuncié a los directorios y todas mis actividades', sostuvo Bernardo Fontaine. El cambio se constata al comparar la declaración que realizó como candidato y la última, como convencional. La primera vez, declaró acciones en Limerick Spa, derecho en Servicios Inversiones Mobiliarias Limitada, Servicios e Inversiones San Benito Limitada y acciones en Bema y Copec. Ahora, tiene derecho en Asesorías BBM limitada, dejó San Benito y Copec y mantuvo las otras.

Para Rocío Cantuarias 'los conflictos de interés tienen otras características, porque se refieren a la creación de normas que eventualmente favorezcan o puedan favorecer intereses particulares (...) De presentarse, que hasta el momento no lo vislumbro para nada, obviamente me abstendré'.

A días de que la comisión de ética y de reglamento resuelvan al respecto, convencionales de Vamos por Chile defienden que 'de limitarse la participación, muy pocos podrían participar en las deliberaciones', opina el RN Luis Mayol.

Islas Vírgenes

La independiente y activista de la diversidad sexual, Tammy Pustilnick, por ejemplo, es la única constituyente que reconoce patrimonio en el extranjero. Además de las acciones en Megapro Desarrollo Inmobiliario, posee derechos adquiridos en 2019 en Rimacorp, compañía domiciliada en Islas Vírgenes Británicas.

'A priori, creo que no debería existir un conflicto de interés dado las materias que se discuten a nivel constitucional. Sin embargo, si más adelante se genera una instancia en que sea así, me abstendré absolutamente', dice Pustilnick. Sobre Megapro, cuenta que es una empresa familiar, donde actualmente su papá y mis dos hermanos trabajan, y que se dedica a servicios profesionales en gestión inmobiliaria. 'Rimacorp es una empresa que mis padres formaron hace varios años para poder comprar una propiedad en el extranjero para vivir su vejez, y que en 2019 nos integraron a mí y hermanos', aclara.