Una vieja disputa que parecía haber sido sellada vuelve a reflotar por estos días. En el marco del proyecto de Ley de Reajuste y Aguinaldo del sector público que se discute en estos días en el Congreso, el contralor Jorge Bermúdez planteó la necesidad de introducir un cambio a la normativa que -de ser aprobada-  dejaría en sus manos la elección de quien lo subrogue en sus funciones en el caso de estar ausente. Detrás del planeamiento acogido por el gobierno se esconde una antigua disputa interna con la subcontralora Dorothy Pérez.
El pasado martes, en La Moneda, se llevó a cabo una cumbre convocada por el gobierno en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos. A la cita asistieron el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, el ministro de Justicia, Hernán Larraín y el contralor Jorge Bermúdez. Al terminar la ceremonia, se habría conversado la posibilidad de realizar la modificación, que reduce el margen de acción de la subcontralora.
Según conocedores del caso, tras la reunión -cerca de las 23 horas- ingresó un texto a Segpres, donde se recogía la modificación. Éste finalmente se envió al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, ayer en la tarde el proyecto de ley fue desestimado por la Cámara de Diputados, que rechazó la iniciativa con 59 votos a favor y 66 en contra.
El caso vuelve a encender las diferencias internas en Contraloría que comenzaron en agosto de 2018, cuando Bermúdez decidió destituir a la subcontralora por una supuesta pérdida de confianza. Pérez -funcionaria histórica del organismo- acudió a la justicia, y a fines de noviembre de 2018 la Corte Suprema declaró ilegal la medida de su superior, ordenando su reincorporación inmediata. Como es sabido, ambos no mantienen una buena relación.
Luis Cordero, abogado socio de Ferrada Nehme, sostuvo que el planteamiento del contralor “abre una discusión innecesaria, porque reaviva una fractura interna que en principio después de la decisión de la Corte Suprema entendíamos muchos que estaba resuelta y que se vería por vías institucionales”. Por otro lado, a su parecer “buena parte del rol del contralor y la subcontralora forma parte de la reestructuración de la Contraloría. La norma que se impuso en la ley de reajuste del sector público altera el orden de subrrogancia y en estricto rigor le retira una de las dos funciones que tiene el subcontralor, que es el juicio de cuentas, y el segundo es actuar como su subrogante”. Por lo tanto, lo que hace la modificación es quitarle la mitad de sus atribuciones.
Mientras, Cristóbal Osorio, socio de Osorio Vargas & Abogados explicó que “no veo que sea restrictivo el ajuste normativo hacia la Subcontralora, sino que simplemente cuando esté ausente el Contralor, se establecerá una subrogancia respecto a determinada materia en relación con el mayor conocimiento técnico que tienen de las materias los respectivos departamentos o unidades de la Institución”. “Me parece correcto que, en las instituciones técnicas y en ausencia de la autoridad, asuma el testimonio los funcionarios expertos sobre las materias. Habla de instituciones sanas y con bloques de conocimiento técnico”, acotó.
“La modificación legal en curso mantiene las atribuciones del subcontralor”
Por medio de una minuta interna en Contraloría, en tanto, explicaron que “la modificación legal en curso mantiene las atribuciones del subcontralor, su remuneración y por sobre todo la inamovilidad en el cargo, tal como ordenó la Corte Suprema”.
En su escrito añadieron también que “es de toda pertinencia que la ley de la Contraloría incorpore la regla del Estatuto Administrativo —que rige para toda la Administración del Estado— y que establece que subrogará quien sigue en el orden jerárquico”.
“El ejercer la subrogancia, el subcontralor está habilitado, por ejemplo, para firmar auditorías, las que podrían contener elementos que luego inician un juicio de cuentas para restituir los dineros mal utilizados. En otras palabras, el subcontralor se convierte en juez y parte al validar informes que posteriormente debe resolver como juez”, consignó la minuta.
Para el organismo “este es uno de los tantos elementos que han sido identificados como nudos críticos en la actual ley orgánica de la Contraloría. El separar la función de cuentas, creando un cargo específico para ello, requiere una reforma profunda a la ley, que en las actuales circunstancias no es factible”.