Fue una de las medidas más llamativas y aplaudidas de la agenda antiabusos anunciada por el Presidente Sebastián Piñera. Se trata de la creación de la figura del denunciante anónimo o 'whistleblower', que ya utiliza algunos países europeos y particularmente Estados Unidos en la lucha contra la corrupción, y que en Chile fue recogida como parte de las propuestas para que cualquier ciudadano –en forma anónima o protegida- pueda denunciar actos de colusión o delitos en los sectores público o privado.

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En la tradición anglosajona su incorporación a la normativa legal data de fines de 1700 y en Estados Unidos ha permitido destapar grandes escándalos a lo largo de su historia. Incluso, en la actualidad fue un denunciante anónimo el que ha puesto en aprietos al presidente Donald Trump en la acusación en su contra por ejercer eventuales presiones al gobierno de Ucrania para que interfiera en las elecciones de 2020 a través de una investigación al hijo del candidato demócrata Joe Biden.

La denuncia anónima corresponde a una herramienta avanzada que distintos países no sólo han incorporado en sus regulaciones sino que también han realizado importantes perfeccionamientos. Es el caso de la Unión Europea, que recientemente aprobó una regulación especial para estos casos con la creación de una directiva de protección al denunciante y medidas concretas de resguardo, para que las denuncias no se queden en una simple declaración de intenciones. Esto, porque distintos análisis han comprobado que el denunciante puede salir perjudicado por represalias. De hecho, la falta de protección haría que algunos decidan acudir a la prensa y ciertos casos se hayan gestado desde medios de comunicación.

España no tiene una ley básica estatal que proteja a las personas que revelan actos de ilegalidad, señala un artículo del diario CincoDías, que destaca los intentos para regular esta materia en las normativas que tienen autonomías como Navarra, Valencia, Castilla y León, que continúan perfeccionando las medidas de protección.

Ya instaurada la figura, el debate está puesto en las garantías de anonimato al denunciante, tanto en el diálogo inicial como en la investigación, la que debe convivir con la ley de protección de datos europea. Y, por otro lado, está la alternativa de recompensa, como lo hace la Securities and Exchange Commision, que desde 2012 –cuando comenzó su programa de denuncias- ha entregado más de US$ 142 millones a 38 denunciantes, cifra menor frente a lo recaudado producto de las denuncias (cerca de US$ 1.000 millones).

Jaime Barahona, de Guerrero Olivos, puntualiza que en el Reino Unido la figura se está usando también como un menú de políticas que van implementándose: primero la delación compensada, luego la denuncia anónima –que puede ser un tercero, no necesariamente la empresa o el ejecutivo que participó en una conducta anticompetitiva-, y por último también premio que le pueda dar al que reporta y entrega información.

En Latinoamérica existiría una figura similar en Perú, aunque Argentina y Chile ya tienen ejemplos de casos que salieron a la luz por acusaciones anónimas. El exfiscal Carlos Gajardo recuerda que en el país trasandino buena parte del descubrimiento de los cuadernos de coimas tuvo que ver con una denuncia de carácter anónimo y a nivel local cuando llegaron a la Fiscalía correos que daban cuenta de sobornos al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación en 2011.

Las expectativas de los expertos son altas y ya delinean los resguardos que deberían contemplarse a la hora de su creación considerando la referencia internacional. El académico Luis Cordero recalca la necesidad de que se cuente con mecanismos efectivos de protección. En esa línea, el abogado Francisco Agüero espera que 'ojalá se utilice en otras áreas económicas o asociadas a corrupción'. Si se incorpora un denunciante anónimo y recompensas, advierte, debe aclararse qué pasa si los antecedentes no son considerados o se deja pasar mucho tiempo sin investigar.'En EEUU lo que se regula es que la denuncia sale de la administración o del regulador y puede perseguirlos el denunciante, con abogados por su cuenta y se lleva un pedazo mayor de la multa si gana', afirma.

El socio del Estudio RCZ, Ciro Colombara, señala que la figura ha demostrado ser muy eficaz para combatir la delincuencia económica, particularmente cuando va asociada a recompensas. 'Si bien no es parte de nuestra tradición cultural, lo cierto es que debe profundizarse su uso en Chile', dice.