I. Nuestra generación ha vivido un Chile de muchos dolores y éxitos. Hace 50 años conocimos un país de niños sin techo y a pata pelada y de progresiva división política. No somos protagonistas de lo que viene, pero hablamos a la luz de la experiencia.

El estallido social de octubre develó un Chile oculto de malestar, resentimiento, hasta de rabia nihilista. Es terrible que la mitad de los chilenos se hayan sentido despreciados en el último año. No queremos seguir conviviendo como hasta ahora. Especialmente los jóvenes, desconocedores de nuestra dura experiencia.

Pero la inmensa mayoría de los chilenos queremos acuerdos que no nazcan de la ira, sino de una conversación civilizada. De la razón, y no del vómito cínico que se pretende verdadero. La violencia está focalizada y no debe amedrentarnos.

La nueva Constitución debiere ser parte de un acuerdo social más amplio. No solo por razones jurídicas, sino simbólicas. Una Constitución de aprobación ciudadana es una promesa recíproca hacia el futuro.

La Constitución vigente no es la misma que en 1980. Pese a sus defectos, responde a estándares del constitucionalismo democrático. Pero sigue siendo la del 80. Eso es inaceptable para muchos chilenos, en especial para los jóvenes.

Además, llegó el momento de revisarla, porque es evidente que el Estado de Chile no es una máquina que funcione bien.

Me asombra que conservadores ilustrados no perciban lo impropio y riesgoso de amarrarse a lo que nos desune, y que potencia la desconfianza hacia las instituciones.

Rechazar la Convención Constituyente es legítimo; por eso habrá un plebiscito de entrada. Pero estaría más tranquilo si el rechazo se asociara a la promesa de que el Congreso que se elija el próximo año tuviere una función constituyente. Sería un camino distinto para un acuerdo constitucional nuevo y comprensivo.

II. La Constitución debe unirnos en la diversidad. Cuando intelectuales radicales querían replicar a Rousseau (quien, como dice el poeta Heine, desde su escritorio escribió el libreto de Robespierre), el CEP, bajo la dirección de Lucas Sierra, convocó a un grupo de constitucionalistas de las más diversas pertenencias, desde la UDI al PC.

Sus propuestas resultarán sorprendentes para los escépticos de los acuerdos. Transversalmente convinieron en todos nuestros básicos constitucionales; también en un Banco Central profesional e independiente.

Nadie puso en duda el principio democrático representativo. Pero, con razón, percibieron los severos problemas de gobernabilidad del régimen político actual, que favorece el bloqueo de la mayoría presidencial si es diferente a la parlamentaria. La gobernabilidad plantea muy urgentes tareas de diseño político.

Nadie puso en cuestión los derechos de libertad clásicos, esenciales al constitucionalismo; incluida la propiedad, cuya seguridad jurídica es condición del desarrollo económico. Pero su definición debe ser simple y precisa, como en la reciente Constitución suiza: 'Se garantiza la propiedad privada. Las expropiaciones o restricciones a la propiedad que equivalgan a una expropiación deben ser indemnizadas plenamente'. Nada más se necesita.

El pacto constitucional también debe reconocer un estado social proporcionado a nuestro desarrollo. Sin embargo, existe una diferencia estructural entre los derechos de libertad y los fines o derechos sociales.

Los derechos de libertad limitan el poder público. Por eso exigen amparo judicial. Los principios o derechos sociales comprometen a la sociedad con un mínimo de igualdad (R. Lagos), pero se materializan mediante políticas públicas. La pregunta crítica es si pueden ser reclamados directamente de los jueces. Las experiencias hispanoamericanas de su judicialización en Colombia y Brasil han producido funestas consecuencias fiscales.

El derecho comparado más respetable evita esa judicialización, porque contradice lo que naturalmente pertenece a la política: la Constitución alemana simplemente dice que la República Federal es un Estado Social de Derecho; la española establece derechos sociales, pero atribuye su realización al legislador; la suiza, más realista, contiene una lista de fines sociales que el Estado debe procurar. Se trata de Estados sociales desarrollados, que solo reconocen acción judicial directa si la ley lo establece.

Hay muchas otras materias en que la Constitución no puede sino sentar un principio. Es el caso del reconocimiento de pueblos y culturas ancestrales, donde también existen experiencias exitosas (Nueva Zelandia, Finlandia, Canadá).

Se puede ilustrar la naturaleza del diseño constitucional en la igualdad de género. La reciente Constitución finlandesa establece que 'se promoverá la igualdad de hombres y mujeres en la actividad social y en la vida laboral… de acuerdo con las condiciones establecidas más precisamente por la ley'. La leyes son la forma de concretizar esa directiva, al establecer, por ejemplo, el posnatal obligatorio para la madre y el padre, que, además de los efectos benéficos para la familia, neutraliza diferencias en el mercado laboral de la mujer.

En suma, sentados a razonar, se puede coincidir en lo esencial. Más aun si la Convención o Congreso Constituyente debe decidir por dos tercios.

III. La Constitución no es una invención ex nihilo. No es una hoja en blanco. Primero, porque Chile tiene una larga historia constitucional. De hecho, la de 1833 fue presentada como reforma a la del 28, y la del 25, como reforma a la del 33. Solo la del 80 se apartó de este camino, en su afán refundacional.

Además, en Chile apreciamos la experiencia comparada. Las instituciones exitosas se construyen con una mirada vertical hacia nuestra historia y una mirada horizontal hacia constituciones logradas y frustradas.

Por el contrario, es ilusa la pretensión de la extrema izquierda de construir una Constitución ‘desde abajo’, desde las entrañas del pueblo, en una especie de voluntarismo comunitario imposible de articular. Lo que es funcional para el gobierno comunal es un mito a nivel constitucional; en especial en una sociedad tan diferenciada.

A pesar de la absurda distribución en distritos (y no en regiones, por ejemplo), el procedimiento es representativo: los ciudadanos elegimos a quienes aprueben por dos tercios el proyecto que luego se somete a plebiscito. El resultado debiere ser un texto más bien ascético, limitado a lo esencial. A ello contribuye la regla supramayoritaria.

IV. La encuesta CEP nos dice que las prioridades de los chilenos son la previsión, la salud, la educación y la seguridad. Esto es, sus necesidades personales y familiares más básicas.

Esos fines o derechos exigen una reforma profunda del Estado chileno. Es inaudito que la mayoría de los programas sociales estén mal evaluados y nada se haga. Son inmensos los bolsones de ineficiencia que desvían recursos escasos de necesidades más urgentes.

Hay mil tareas institucionales: un órgano potente de control de gestión; mejorar el procedimiento de designación de jueces; que las políticas sociales se midan por resultados y no solo por gasto; que los ciudadanos tengan voz acerca de la calidad de todo servicio.

El desafío esencial es que el Estado recaude, priorice y gaste bien. La recaudación exige que se cuide la gallina de los huevos de oro de la prosperidad económica, lo que exige una reforma tributaria bien pensada. Hay estudios del CEP, de Espacio Público y Chile Transparente que señalan caminos estratégicos, que, sin embargo, exigen una política de Estado y no de riña picaresca.

V. Pero el afán más urgente como país son las razones espirituales del desprestigio de las instituciones. La gente está decepcionada y enrabiada con los abusos. Me dedico al derecho de contratos y he conocido las prácticas abusivas más burdas y solapadas. Esa es responsabilidad de los empresarios.

El abuso se extiende a la inaceptable cooptación política del servicio civil del Estado; a las ‘asesorías’ parlamentarias; al maltrato a los pacientes; al abandono presupuestario y de gestión de municipios pobres, que son los más cercanos a la gente. La lista es infinita.

Las instituciones son prácticas que domestican nuestros instintos. Su debilidad desata pasiones, como las que se ven en el actual Parlamento. Necesitamos mirarnos más amablemente, saludarnos de igual a igual, razonar y no gritar, no hablar desde mi verdad.

La antropología y ciencia del comportamiento muestran que estamos naturalmente constituidos para cooperar. La tarea común es enfrentar las causas de las emociones negativas que nos embargan.

Pienso en la más olvidada de las bienaventuranzas: solo con una mayor pobreza de espíritu podemos reconstruir nuestro tejido emocional.