A dos meses desde que el oficialismo y la oposición firmaron la reforma constitucional que hará posible el plebiscito del 26 de abril, comenzó el plazo establecido por el Servicio Electoral (Servel) para que partidos políticos, independientes y organizaciones de la sociedad civil hagan sus respectivas campañas a favor del apruebo o rechazo.
Sin embargo, en términos operativos, quedaron algunos puntos inconclusos que podrían tener consecuencias negativas en la transparencia del proceso y el control del gasto, entre otros problemas.
La directora de incidencia de Espacio Público, María Jaraquemada, aseguró a EL DÍNAMO que “el plebiscito es una figura relativamente novedosa para los chilenos”, pero que “las autoridades debieron haber hecho algunas adaptaciones mínimas para que aplicaran estas normas que funcionan desde el 2016, cuando se cambió la forma de financiamiento de la política”.
“Estamos frente a un proceso que no limita el gasto electoral, sin restricciones de financiamiento privado, como sí lo hay en las campañas electorales -restricciones para empresas y para el financiamiento extranjero-. Tampoco hay transparencia, ni control del Servicio Electoral, ni menos sanciones, porque como no hay reglas no hay nada que infringir“, complementó.
Sobre la no limitación de los gastos, Jaraquemada explicó que es perjudicial para el proceso, porque la idea es justamente establecer equidad en la competencia, es decir, “que no puedas gastar infinitamente aún cuando tengas más acceso a recursos privados. Si no pones un límite se convierte en una campaña donde prima el marketing y no la promoción de ideas”.
En tanto, el financiamiento extranjero está permitido para las organizaciones y privados, pero no así para los partidos políticos.
Según dijo Jaraquemada, esta desregulación “podría deslegitimizar el proceso si se sabe que existió una intervención de alguna potencia extranjera, que es algo que se ha instalado en la opinión pública con el mismo estallido social. Si bien no ha sido confirmado, hay voces que lo sostienen. Al menos nos debe preocupar que no ocurra en la propaganda del plebiscito“.
Otro de los puntos inconclusos que quedaron es el uso de las redes sociales. Si bien el propio Servel aseguró que se considerará propaganda “cuando sea información difundida por un partido o conglomerado político” y opiniones personales cuando “las publicaciones sean inscritas por una persona”, Jaraquemada advirtió que “hay una línea muy delgada que los diferencia”. En este sentido, el Servel sólo podrá realizar una fiscalización sobre la propaganda.
“Además ya se ha visto un adelantamiento de las campañas por redes sociales. También es preocupante que se viralicen campañas con noticias falsas. Las noticias falsas son un fenómeno mundial, pero difícil de fiscalizar ya que muchas veces no se sabe quién está detrás de la difusión”, continuó.
Dificultad para fiscalizar
Donde sí hay reglas ya fijadas que deberán ser fiscalizadas por el Servicio Electoral es en la instalación de pancartas, letreros y en las reuniones convocadas por los diferentes actores que promoverán el apruebo y el rechazo.
Por ejemplo, el reglamento del Servel asegura que “sólo se podrá efectuar propaganda electoral en espacios privados mediante carteles, afiches o letreros, siempre que medie autorización escrita del propietario, poseedor o mero tenedor del inmueble en que se encuentra y que la dimensión de esta propaganda no supere los 6 metros cuadrados totales”.
Respecto al Espacio Público, el Servel designó lugares específicos para la instalación de pancartas, distribuidos de forma equitativa entre cada posición, los que están disponibles en su sitio web. Se excluyen bienes destinados al servicio como postes de luz, paradas de buses, cables, entre otros.
Sin embargo, como este plebiscito constitucional será algo inédito en Chile, para la especialista María Jaraquemada “será complejo de fiscalizar”, porque en el fondo “puedo poner un cartel con cualquier información, pero sin dar a conocer quién está poniendo el cartel. Así, no me haría responsable de la información que estoy divulgando“.
“Hay un mapa georeferenciado que se ha dividido de forma salomónica porque, por ejemplo, hay lugares donde se entregaron 60 metros cuadrados para el apruebo, otros 60 por el rechazo, 60 por la convención mixta y otros 60 por la convención constitucional”, complementó.
También se prohíben los rayados que, justamente, será uno de los temas más complicados de fiscalizar porque, según Jaraquemada, “no existe un registro de las brigadas, pese a que se pueden usar”, y también, “debido a que pueden ser hechos por cualquier persona”.
Para ella, es fundamental saber quiénes son los brigadistas de las campañas del plebiscito, para que sean los partidos quienes se hagan responsables de sus acciones, y así, evitar actos de violencia. “Cuando hay candidatos o candidatas y alguien hace un rayado se puede achacar su responsabilidad a quien estaría a favor del rayado, aquí eso no ocurre”, concluye.