Anteayer, la Comisión del Mercado Financiero (CMF) multó al empresario Gabriel Ruiz Tagle por uso de información privilegiada por operaciones con acciones de Blanco y Negro. Hace cuatro años, fue uno de los protagonistas de la colusión del papel tissue, en su rol de controlador de la papelera PISA.

De haber estado vigente la 'agenda antiabusos' o 'contra delitos de cuello y corbata', como se ha conocido también, que quiere sacar adelante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, su ex ministro de Deportes no solo habría arriesgado el pago de una multa —como ocurrió en el primer caso y no en el segundo— sino incluso podría haber sido amenazado con cárcel.

No está definida la fecha aún, pero en los próximos días los ministerios del Interior, Hacienda y Economía anunciarán esta agenda que pretende elevar las penas para delitos como colusión, cohecho, evasión y contra el mercado de valores.

Desde el gobierno explican que están afinando los lineamientos legislativos. 'Estamos trabajando para ir firmes en esa dirección, pero con la seriedad, reflexión y análisis que un tema fundamental como este requiere, para que no sea simple anuncio, sino una realidad concreta. Los temas relevantes para la ciudadanía, y este es uno, hay que abordarlos con decisión, rigor y honestidad', dijo a La Segunda el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

En el sitio Chilecracia.org, creado por el experto chileno César Hidalgo para definir prioridades legislativas en esta crisis social, las penas de cárcel para delitos de colusión, soborno, cohecho y evasión tributaria han estado entre las 10 más relevantes todas las semanas desde que fue creado el 26 de octubre.

'Hemos sido muy permisivos y muy tolerantes con la corrupción", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en Canal 13 el domingo al explicar los objetivos de esta agenda. 'Hay evidencias de prácticas anticompetitivas, de colusiones, de oligopolio con regulaciones débiles que hay que corregir', añadió.

Reunión clave

Un insumo relevante para la construcción de esta agenda fue entregada anteayer en una reunión liderada por el ministro Briones para hablar sobre la reforma tributaria. A la cita acudieron los directores ejecutivos del CEP, Leonidas Montes, de LyD, Luis Larraín, de Fundación Piensa Juan Pablo Rodríguez, y los directores de Espacio Público, Diego Pardow, Eduardo Bitrán y Alejandro Ferreiro. Pero la conversación fue girando hacia los delitos tributarios y de allí, hacia la agenda de crímenes de cuello y corbata. Así, se habló de elevar las penas a los delitos de cohecho, colusión y uso de información privilegiada, y permitir que el Ministerio Público presente querellas en casos de delitos tributarios (que no solo sea el Servicio de Impuestos Internos).

'La reunión fue en el marco del pacto tributario, pero después conversamos de la agenda. Ahí una de las propuestas fue por ejemplo, retirar el monopolio de la acción penal corporativa en el caso de los delitos tributarios', comenta Pardow, quien entregó una propuesta escrita de Espacio Público al ministro Briones, la que se está discutiendo aceleradamente para presentarla lo más pronto posible.


Dentro de las propuestas, está dictar reglas generales para facilitar canales de denuncias anónimas en materia de corrupción, impuestos, mercado de valores y libre competencia.

'También figura la propuesta de entregar recompensas a quienes entreguen información valiosa para detectar redes de corrupción, evasión de impuestos, información privilegiada o carteles. La recompensa puede ser un porcentaje de las sanciones correspondientes, como se utiliza en Estados Unidos, o bien una suma fija como fue establecido recientemente en Perú', comenta Pardow.

Otro asistente a la reunión fue Eduardo Bitrán, quien contó su experiencia. 'A mí me tocó vivirlo como ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, al asumir el litigio con SQM por el Salar de Atacama. Nos dimos cuenta que la normativa norteamericana, donde esa empresa tiene ADR es mucho más exigente que la normativa chilena. En Estados Unidos se aplicaron severas multas y en el sistema chileno no. Esa empresa corrompió a todos los sectores políticos y no hubo un castigo. Eso molesta sin duda a la comunidad', reflexiona.

Mirada legal

Para el ex fiscal del Ministerio Público, Carlos Gajardo, la agenda antiabusos debe considerar que la fiscalía tenga el monopolio de la acción penal en los casos de colusión, tributarios y delitos electorales, donde actualmente este privilegio recae en la Fiscalía Nacional Económica, SII y Servel, respectivamente. Y recuerda lo ocurrido con los casos Penta y SQM.

'Estos delitos penales, por definición, afectan a toda la comunidad. El requisito de denuncias previas ha planteado un obstáculo importante para avanzar en las investigaciones de delitos tributarios. Terminan siendo un cortafuegos para que instancias políticas permitan que no se pueda avanzar', sostiene el ex fiscal.