Esta mañana, el Presidente Sebastián Piñera se reunió con el ministro de Economía, Lucas Palacios; del Trabajo, María José Zaldívar; de la Presidencia, Felipe Ward; de Justicia, Hernán Larraín, y miembros de los think tanks Espacio Público, Chile Transparente y Observatorio de Gasto Fiscal, para dar los últimos ajustes a su llamada agenda antiabusos. Se trata de una batería de proyectos que buscan endurecer las penas para los denominados delitos de cuello y corbata. La agenda, o parte de ella, debería conocerse hoy aprovechando que este lunes se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Una de las medidas que se evalúa es elevar las penas de cárcel para la colusión. Si bien en 2016 se volvió a tipificar penalmente este delito, la idea es endurecer la norma vigente que estableció una pena de entre tres años y un día y 10 años (con al menos un año de presidio efectivo). También está la idea de que sea un agravante coludirse en mercados que comercialicen bienes esenciales (lo que no está claro qué incorporará). 'Fue una reunión muy positiva con el Presidente, quien no entregó muchos detalles sobre su anuncio. Lo que nosotros le planteamos es que para que tengan éxito estas medidas se debe implementar un sistema de recompensas a informantes', comenta el presidente de Espacio Público, Diego Pardow. El abogado sostiene que la delación compensada— denuncia que hace una persona a cambio de un beneficio consistente en la reducción o exención de la multa—no tiene buenos resultados si no se apoya con un programa de recompensas monetarias, tal cual se aplica en la legislación de Estados Unidos o Inglaterra. 'Cuando tienes este sistema, las empresas tienen miedo a que sus empleados las denuncien de manera externa, por eso se aplican mejores controles internos para detectar los ílicitos', explica el abogado. El sistema de recompensas ha sido analizado por la Comisión Engel y en el CEP y es recomendado por expertos en derecho económico. 'La propuesta es que los denunciantes puedan tener una recompensa. Y si el servicio público no decide perseverar o la archiva, el particular también pueda perseguirlas', comenta el profesor de la Universidad de Chile, Francisco Agüero, quien agrega que 'esos mecanismos podrían usarse para detectar ilícitos como el desvío de lucro en educación, ilícitos ambientales o en compras públicas'.

Propuestas sobre la mesa

El ex fiscal del caso Penta Carlos Gajardo también se manifiesta a favor de un sistema de recompensas bien regulado. Pero agrega que 'hay que ir más allá' y analizar el funcionamiento de las modificaciones realizadas a la Ley de Libre Competencia. 'Desde que se cambió la ley que criminaliza la colusión en 2016, no hay ninguna causa iniciada por colusión. Esto es porque los requisitos actuales son muy deexigentes, como que ya exista una condena del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presente una denuncia. Por eso creo que lo lógico es que los casos de colución vuelvan a ser investigacos como una acción penal pública (recaigan en el Ministerio Público), sino es así, ésta sería una ley de papel'. Una mirada similar tiene el presidente de la DC, Fuad Chaín que esta mañana criticó las modificaciones a la ley de libre compentencia. 'Desde que se cambió la ley no ha habido un inicio de investigación siquiera por esta ley de colusión, ya que acá se puso una cortapisa importante. Yo espero que esto se corrija en esta agenda antiabusos: también se deben tipificar los casos de fraudes masivos como el caso La Polar', propone. Para el senador PPD Felipe Harboe, quien integra la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, es fundamental que una agenda antiabusos contemple mayores castigos para los delitos al mercado de valores, delitos previsionales, libre competencia, pero que los anuncios no sean realizados parcialmente o por goteo, como dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hace una semana: 'El gobierno se ha equivocado. Por ejemplo, cuando habla de delitos de saqueo plantea un conjunto de delitos. Acá con la agenda antiabusos, también debería plantearlo como conjunto. Debería plantear una gran agenda con sanciones penales por delitos económicos, cobros de intereres en sistemas de pagos, cláusulas abusivas, abusos del Estado, entre otros'.