La votación este martes en la sala del Senado fue la gota que rebalsó el vaso. Por 24 aprobaciones y 12 en contra, se rechazó -en primer trámite- la idea de legislar el proyecto de reforma "sobre dominio y uso de aguas". La iniciativa, presentada en el contexto de la formulación de una nueva Constitución a fin de consagrar el recurso como un bien de uso público, no seguirá adelante. Se necesitaba el polémico quórum de dos tercios, es decir alcanzar 29 de 43 votos a favor para ser visado, por lo que la oposición anticipa la inclusión de la propuesta en la discusión de la nueva Constitución, eso sí, en caso de aprobarse en el plebiscito del 26 de abril. Las reacciones y defensas de cada una de las partes han sido tan diversas como antagónicas, no obstante todas cohabitan en un mismo escenario que anticipa -más aún tras esta votación- el encauzamiento de las movilizaciones ciudadanas a partir de marzo hacia "recuperar el agua como un derecho humano". Como punto de partida el propósito es relevar públicamente la regulación legal del tratamiento de los recursos hídricos, estableciendo que las concesiones a particulares serán temporales siempre y por fines específicos, abriendo la opción de que estén sujetas al pago de patentes o tasas. De la misma manera, priorizar y resguardar los usos comunitarios y ancestrales del agua, mantener un caudal ecológico y contemplar recursos de protección ante la afectación de derechos.

El fenómeno es seguido con suma atención desde el Gobierno Regional, donde anticipan que la demanda hídrica será la principal bandera regional en la que, estiman, debiera ser el regreso de las marchas y protestas ciudadanas a contar de marzo. Por lo mismo, el intendente Jorge Martínez optó por no tomar vacaciones y lo mismos exigió a sus colaboradores. En el marco de la airadas reacciones los senadores oficialistas Carmen Gloria Aravena (Evópoli) y Manuel José Ossandón (RN) expresaron preocupación por la información que se difundió en el contexto de este proceso. "El agua ya es un bien nacional de uso público de acuerdo a la legislación vigente (Artículo 5 del Código de Aguas) yes importante ser serios y responsables para abordar el tema", coincidieron ambos parlamentarios.

Aravena defendió su votación argumentando que el proyecto que se pretendía aprobar "resultaba contradictorio y descoordinado respecto de la reforma al Código de Aguas que actualmente discutimos en la Comisión de Agricultura". De la misma manera Ossandón emplazó a que "la iniciativa legal se basa en una mentira, porque en la actualidad el agua sí es un bien nacional de uso público".

SEQUÍA O SAQUEO

Es este clima social, el viral "No es sequía, es saqueo", levantado por las organizaciones ambientales, se consolida restando responsabilidad a otros fenómenos. "Estoy de acuerdo con esta consigna. Si bien la mega sequía y el cambio climático afectan, también tenemos un modelo de privatización, concentración y acaparamiento sobre los derechos de agua y de sobreexplotación de las cuencas. Eso acrecienta la crisis", remarca el senador Juan Ignacio Latorre. El parlamentario RD convocó en junio de 2018 a la creación de la Mesa Regional del Agua, para generar diálogo entre las comunidades afectadas. "Es saqueo en términos de que el recurso está concentrado para el sector productivo e industrial y secundariamente destinado para el consumo humano", acentúa Latorre. Otra mirada entrega Santiago Matta, gerente de la junta de vigilancia de la Tercera Sección del río Aconcagua. "Ese eslogan me pare- ce absolutamente falso. En ninguna parte hay saqueo del agua, existe una institucionalidad refrendada en el Código de Aguas de 1954, después fue abolido el año 67 con la Ley de la Reforma Agraria, posteriormente en el '81 se restableció en condiciones bastante similares", dice apuntando a la existencia del proyecto de reforma al Código de Aguas que avanzó en la Cámara de Diputados y hoy está en la comisión de Agricultura del Senado, tras 8 extensos años de tramitación desde que fuera ingresada en el 2011 por un grupo transversal de diputados.

Si bien ahí podría sufrir un revés si no se apura el trámite, dado que a partir del 11 de marzo la comisión pasará a manos de la UDI -hoy la preside Álvaro Elizalde (PS)- y lo más probable es que sea Juan Antonio Coloma el designado, quien ha dado claras muestras de no coincidir con los avances logrados, Matta comparte plenamente la necesidad de una reforma profunda. "El año 81 la realidad del país desde el punto de vista agrícola era absolutamente distinta. Según la estación pluviométrica Chacabuquito de la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, cuyos registros datan de 1934, en la última década tuvimos la mitad del agua que pasa por el Aconcagua respecto a la inmediatamente anterior". El dirigente respalda el antecedente con la isoterma que ha ido subiendo en altura y por lo tanto el volumen de nieve ha disminuido sostenidamente. "Ese es nuestro embalse natural, entonces no es saqueo, es sequía. Uno no puede meterse el agua a los bolsillos o guardarla en un banco. Hay cambio climático y una disminución brusca de la disponibilidad del agua en nuestro río". A su juicio, el problema es la falta de obras de regulación, principalmente embalses. "En la región de Coquimbo tienen más de 1500 millones de metros cúbicos de capacidad de embalse. En la nuestra en cambio, tenemos Los Aromos para almacenar 35 y Chacrillas que todavía no funciona a plena capacidad y es sólo para 27. Son entonces apenas 62 millones de metros cúbicos". Según Matta, el agua fluye, hay gente que la ocupa, si no la deja correr y la usa el de abajo. "El problema es que los que están más cerca de la cordillera y de la fuente han sufrido menos. Nosotros como Tercera Sección en la que regamos alrededor de 21 mil hectáreas, básicamente en la provincia de Quillota, Olmué y Limache, claro, no nos llega el agua porque la ocupan los otros sistemas de riego". No obstante, insiste en la existencia de una institucionalidad normada a través del Estado mediante tres organismos: La DGA, el Poder Judicial y el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero).

REALIDAD HÍDRICA REGIONAL

Ocho de las 101 cuencas hidrográficas existentes en Chile se encuentran en la Región de Valparaíso.Sin embargo,12 de las 33 comunas se encuentran declaradas por la DGA como zonas de prohibición para otorgar derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y gran parte de las comunas restantes se encuentran como zonas de restricción. Entre 2008 y 2018 se generaron 91 decretos de escasez hídrica. En agosto del 2018 ya existían 24 de 33 comunas con esa medida. Hay casos más críticos. En la Provincia de Petorca, la DGA durante los últimos nueve años (2010-2018), ha renovado los decretos de escasez hídrica. Son más de 1000 almas abastecidas por camiones aljibe y no alcanzan los 50 litros diarios por persona, según el municipio de Petorca.

Estos números son parte del diagnóstico de la Mesa Regional del Agua que aglutina a la Fundación Newenco, la agrupación Putaendo Resiste, Mujeres en Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví, académicas de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, Fundación Heinrich Boll Stiftung oficina regional Cono Sur entre otras, como el Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), liderada por Rodrigo Mundaca. "Este proceso tiene por finalidad efectivamente politizar la lucha por el agua en un escenario distinto a propósito del estallido social y del momento constituyente del 26 de abril con el plebiscito de entrada. La Mesa Regional del Agua en su segunda etapa tiene por finalidad instalar el debate en torno a la recuperación de los bienes nacionales como un escenario constituyente", remarca en tanto anuncia que este fin de semana son parte de la toma del pozo N° 9 de la empresa Anglo American en El Melón.

Modatima tiene 10 mesas a nivel nacional, prácticamente en 12 regiones del país. "Podemos decir con propiedad que junto a otras organizaciones territoriales vamos a impulsar con fuerza las demandas ecológicas que tienen que ver con la privatización de los bienes naturales comunes y que particularmente tienen situada a la Región de Valparaíso como ejemplo de la violación al derecho humano del agua a propósito de lo que ocurre en Petorca y de la contaminación de las aguas, la tierra y el aire en la bahía de Quintero".

Como promotores de la consigna "No es sequía, es saqueo", argumenta que este gobierno ha priorizado la industria extractiva en detrimento de la vida de las comunidades. "El 67% de la población vive en territorios considerados zonas de emergencia hídrica por sequía, en rigor la Región de Coquimbo, en la de Val paraíso son 37 de las 38 comunas. 17 de 18 comunas de la Metropolitana y toda la Región de O'Higgins y la del Maule están en esa condición.12 millones de personas hoy viven en zonas de emergencia hídrica", dice el vocero de Modatima argumentando que son cifras respaldadas por continuos estudios.

Respecto a la responsabilidad que adjudica a este gobierno, apela a que "Chile se seca y el ministro de Agricultura, Antonio Walker es ejemplo del conflicto de intereses que enfrenta el gobierno de Sebastián Piñera. Él y su familia son propietarios de más de 29 mil litros por segundo de agua lo que equivale a que 12,5 millones de personas se laven los dientes en forma continua y permanente en nuestro territorio". Cabe precisar que el ministro Walker ha desmentido y aclarado ya en varias ocasiones esta afirmación. "Entonces, cuando se habla de sequía asociada al cambio climático, lo hemos declarado internacionalmente, el fenómeno en Chile es profundamente antropocéntrico y antropogénico, particularmente en la Región de Valparaíso", continúa el activista e ingeniero agrónomo. A su juicio, antes que derogar el Código de Aguas primero quieren terminar con el artículo 19, numeral 24 de la Constitución del '80. "En este momento constituyente vamos a empujar para que haya plurinacionalidad, paridad, mecanismos democráticos de elección de independientes y vamos a ir al fondo precisamente para terminar con la privatización y mercantilización del agua en todo el país y hacer de su acceso un bien y un derecho humano".

Por su parte, el senador Latorre coincide en que va a ser un marzo movilizado de cara al plebiscito de abril. "La crisis hídrica, la mega sequía de cambio climático y emergencia ecológica agudizan las contradicciones respecto de un modelo extractivista y de privatización del agua insostenible. Es un imperativo ético y político recuperar democráticamente el agua, consagrarla como derecho humano, como un bien común, en la constitución y las leyesen el sentido de apurar la reforma al código de aguas", cerró.

QUÉ SE VIENE

En este contexto en el que se habla de cesantía y de la posibilidad de racionalizar el agua de consumo humano, Santiago Matta es enfático en que el objetivo es no llegar a ese extremo. "Llevamos más de 40 reuniones sistemáticas, todas las semanas las secciones del río Aconcagua desde hace un año con el MOP y el ministerio de Agricultura. Hemos estado en riesgo, le puedo decir que hemos estado varias veces a punto de.... En La Cruz, Limache y Olmué hay problemas de agua potable, pero conocemos la situación yen lo posible hacemos los esfuerzos para solucionar siempre pensando que la priorización es el consumo humano. De hecho, en la Tercera Sección particularmente la gramos con Esval un trabajo conjunto para evitar que se produzcan racionamientos".

Sin embargo, Matta es franco y asegura que no sabe qué va a pasar porque no se tiene experiencia de una sequía tan extrema y admite que cuesta llegara consensos de reparto. "Por la gravedad de la situación los acuerdos que habíamos firmado en los que básicamente la Primera y la Segunda Sección cierran un día y medio sus compuertas, 36 horas, dejando pasar el agua a la Tercera siempre consideramos que era insuficiente porque como estamos más lejos, hay menos disponibilidad y el río se seca. El directorio de la junta sigue solicitando que sean unas horas más". Y confirma que la Cuarta Sección no tiene agua y usan camiones aljibe, como también en las comunas de Limache y Olmué los APR (Agua Potable Rural) están complicados, lo mismo que en Nogales, El Melón y otras zonas.

LA PALABRA DE ESVAL

El gerente regional de Esval, Luis Riveros, subraya que la empresa en los últimos diez años, ha destinado más de $35.000 mil millones, para enfrentar la sequía en la Región. "Hemos realizado convenios con diversos actores de las cuencas, además de trabajar en conjunto con las autoridades y la comunidad. Hemos reforzado y diversificado nuestras fuentes, con la construcción de pozos y drenes, además de poner en marcha nuevos estanques para fortalecer nuestras reservas, o bien, ampliar la infraestructura existente, y asimismo, hemos adquirido nuevos derechos de agua. Se trata de un trabajo constante con el objetivo de seguir garantizando la continuidad y calidad del servicio". Ante cuestionamientos por la baja en la calidad del agua de consumo humano debido a la alta sedimentación producida por la grave sequía, aclara que en los más de 650.000 hogares en las 33 comunas, la calidad del servicio no ha bajado. "Se apega en forma estricta a la exigente norma chilena N°409. Efectivamente, la prolongada sequía ha hecho necesario extraer agua a mayor profundidad y por lo tanto hay mayor cantidad de minerales inocuos en el agua cruda -laque extraemos desde las fuentes superficiales o subterráneas-. Esto significa un esfuerzo mayor en el tratamiento del agua potable, que debe cumplir con la normativa, lo que es chequeado por centenares de autocontroles y monitoreos periódicos de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, lo que garantiza mantener un estándar de calidad al nivel de países OCDE".

Ante las conclusiones a partir de una reciente reunión del ministro Walker con algunos alcaldes de las comunas más afectadas por la crisis hídrica, en que se señaló que el próximo año Valparaíso y Viña del Mar podrían tener problemas con el agua para consumo humano, si es que no se recuperan las napas subterráneas, el ejecutivo de Es-val apeló a que pese a esta situación crítica, nunca ha habido un corte por esta razón. "Este año es crítico y nuestro trabajo no se detiene: para cada zona tenemos previstas obras que nos permitan evitar racionamientos, siendo la más emblemática de ellas, la conexión de Los Aromos con nuestra planta de Coscón. Esta conducción será reversible y dará respaldo al Gran Valparaíso hasta 2040, con una inversión que supera los $20.000 millones. Ahora bien, si la sequía persiste con la severidad de los últimos dos años, habrá que hacer esfuerzos extraordinarios", advirtió Riveros. Intentando zanjar la discusión e insistir en que este debate no se preste para confundir a la opinión pública, los senadores Carmen Aravena y Manuel Ossandón, remarcan que "no es verdad que el consumo humano no tenga prioridad. "El artículo 27 del Código de Aguas señala que cuando un poblado no tiene agua para el consumo humano, el Presidente de la República puede expropiar los Derechos de Aprovechamiento de Aguas a terceros y esta facultad nunca ha sido usada por ningún gobierno", sentencian.