El anuncio del cierre de Felices y Forrados es consecuencia de solo uno de los ámbitos que incluye la amplia legislación aprobada ayer martes y que busca establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados. El texto, ingresado como mensaje por el Ejecutivo en 2015 y que modifica, en lo principal, las Leyes 18.045 y 18.046, de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas, respectivamente, fue aprobado por 96 votos a favor, 18 en contra y 12 abstenciones.

Este proyecto, listo para ser promulgado, considera, además, sanciones más altas ante delitos, fortalece las facultades de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y crea la figura del denunciante anónimo. 'Se transformó en una normativa miscelánea que, al involucrar diversas materias de alta complejidad, dificultó su tramitación', dice Claudio Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Retail Financiero. 'Es un avance en varios capítulos, pero deja algunas dudas de interpretación en otros. Probablemente, la CMF jugará un rol importante en clarificar los criterios específicos que se deban adoptar'. El proyecto despachado fortalece el rol de supervisor de la CMF, lo que se extiende también a entidades sujetas a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

Nuevo esquema legal

Uno de sus aspectos más llamativos es el de la creación de la figura del denunciante anónimo, con el objetivo de proteger y resguardar la identidad de quienes colaboren con la CMF aportando antecedentes para detectar, constatar o acreditar infracciones de las leyes que sean competentes al rol de la CMF o de la participación del presunto autor de dichas infracciones. Si la denuncia es certera, el denunciante recibiría un porcentaje de la multa que se establezca.

Este no podrá ser inferior al 10% ni superior al 30% de la multa establecida. El proyecto señala también que es contrario a la ley la manipulación de precios y fija las excepciones del caso, al tiempo que reforma el marco sancionatorio afecto a los agentes de mercado. Esto para aumentar el rango de las penas, así como para introducir nuevas sanciones, como, por ejemplo, por emitir maliciosamente dictámenes, entregar antecedentes falsos sobre la situación financiera de una entidad o alterar o destruir información auditada. Además, se amplían los sujetos afectos a estas normas.