SEÑOR DIRECTOR

La agricultura nuevamente está sufriendo una demostración de centralismo y de desconocimiento total de la realidad del campo, debido al brutal y desmedido reavalúo fiscal, que arbitrariamente se dispuso desde el Servicio de Impuestos Internos. Lamentablemente, tal como fue con la implementación de la guía de despacho electrónica, nos da la impresión de que no se quiere mirar más allá de las ocho manzanas desde donde todo se decide en este país. En el caso del reavalúo de los predios agrícolas, afectará a los más débiles, es decir, los productores de la agricultura familiar campesina y la pequeña y mediana agricultura en general. Basta ya de suponer que la renta presunta se utiliza para obtener ventajas ilícitas. Luego de muchos ajustes y modificaciones, es solo una modalidad legítima que permite que un significativo número de pequeños agricultores puedan mantenerse dentro de la formalidad en su actividad, ya que para la mayoría de ellos, los costos y complejidades de asumir una contabilidad más sofisticada son insostenibles.

Esta conducta impositiva del Estado, lo único que consigue es una mayor migración hacia las ciudades, con todas las nefastas implicancias sociales y económicas que esto significa. Sin embargo, aún tenemos esperanzas de que esta situación se revierta, pues hemos apelado a diversas autoridades, incluso, al Presidente de la República. Y gracias a la intermediación de parlamentarios de regiones agrícolas, logramos sostener una reunión virtual con el ministro de Hacienda, en la que se acordó crear en el plazo más breve posible una mesa de trabajo que consiga avanzar en resolver esta compleja situación. Valoramos la disposición del ministro Bidones para lograr una solución, ya que el agro requiere medidas acordes a su naturaleza y que se discutan previamente antes de ser implementadas.