Ad portas de que la Sala de la Cámara discuta la moción que busca limitar la responsabilidad de los usuarios ante casos de fraudes en productos financieros (salvo dinero en efectivo, cheques y vales vista), el gerente general de la Asociación de Bancos, Ricardo Matte, da a conocer por primera vez sus aprensiones respecto de la iniciativa legal.

El proyecto –en segundo trámite constitucional– dispone que el emisor deba probar que las operaciones realizadas antes o después del aviso de extravío, hurto, robo o fraude, fueron autorizadas por el tarjetahabiente.

Actualmente, es en el sentido contrario.

La iniciativa establece que el emisor del producto tiene un plazo de tres días para cancelar los cargos o restituir los fondos por operaciones posteriores al aviso o que el titular desconozca. Se agrega que el tarjetahabiente puede desconocer las operaciones realizadas antes del aviso sin límite de tiempo.

Matte dice que 'el proyecto de ley marcará un retroceso en el sistema de pagos', pues 'establecerá la responsabilidad de los fraudes única y exclusivamente en los emisores, reduciendo así los incentivos para que los distintos actores tomen las medidas de seguridad apropiadas para prevenir fraudes'.

Matte apunta que esto fomenta el riesgo moral: 'Los distintos agentes no tienen los incentivos para reducir el riesgo de posibles fraudes'. Indica que la figura que se está tratando de establecer en Chile 'rompe los equilibrios en el sistema de pagos y establece un marco atípico a nivel internacional'.

De aprobarse el proyecto, dice, las consecuencias directas serán 'un retroceso en el desarrollo de la industria financiera hacia la provisión de servicios transaccionales que permitan avanzar hacia una economía sin efectivo'.

Según Matte, el mundo está avanzando hacia sistemas de pagos sin efectivo, estableciendo marcos regulatorios coherentes con dicho objetivo, e incluso estableciendo medidas específicas para limitar el uso del efectivo. Cree que 'es necesario establecer si como país queremos avanzar hacia una economía sin efectivo, y una vez que se defina dicho objetivo, se deberá velar por un marco regulatorio coherente con dicho principio'.

La propuesta

Matte propone que se suprima la obligación de cancelar los cargos o de restituir los fondos dentro de séptimo día. Dicha obligación 'es inconsistente con la experiencia internacional y, además, es imposible sostener que el emisor podrá obtener una sentencia firme o ejecutoriada en el plazo de siete días, más todavía cuando en uno de los casos, debe probar que el titular actuó con negligencia inexcusable'.

Matte expresa 'se deben garantizar los derechos de los clientes, pero permitiendo que se determine la responsabilidad de los distintos agentes involucrados en la cadena de pagos, sin afectar el principio básico de que la relación del cliente es siempre con su banco'.