Sin espacio para matices fue el cuestionamiento que expresaron ayer en la comisión de Hacienda del Senado, la banca, el Retail Financiero, la Asociación de Aseguradores y las cajas de compensación a las indicaciones aprobadas en la Cámara de Diputados, de autoría del parlamentario RD Giorgio Jackson, al proyecto que regula a los agentes del mercado. Dichas indicaciones establecen que las pólizas de los créditos serán pagadas de manera equitativa entre la institución financiera y el cliente, impide la participación en la licitación de seguros a las empresas relacionadas con la entidad crediticia y prohíbe pagar incentivos económicos en su venta.

El primero en exponer fue el gerente general de BancoEstado, Juan Cooper, quien advirtió que las indicaciones generarán desbancarización de los sectores vulnerables, 'dado que los bancos asumirán mayores costos, tanto hipotecario como de consumo, con los consiguientes riesgos de informalidad financiera'. Estimó que 'va a afectar a los clientes bajo 50 UF y a los sectores más riesgosos'. Planteó que 'a nivel agregado, un 12,6% de las operaciones en cuotas podrían quedar restringidas, dado que sobrepasarían la TMC (Tasa Máxima Convencional) vigente, equivalente a 236 mil operaciones en doce meses'. Otros efectos serían la desprotección por riesgos de fallecimiento, en caso de cesantía y de incendio, y que al incorporar el riesgo en las tasas de interés 'implicarían un freno al desafío de la reactivación económica'.

En el caso del Retail Financiero, su vicepresidente ejecutivo, Claudio Ortiz, coincidió en que las indicaciones 'generan efectos indeseados'. Explicó que en la industria, los seguros son contratados voluntariamente y que en los últimos tres meses mantienen 6 millones 300 mil tarjetas. Así, 'creemos que el 10% de esa cartera, o sea 630.000 personas, pueden verse afectadas' por estas modificaciones, principalmente personas de menores ingresos y más vulnerables, poniendo como ejemplo el caso de los adultos mayores. 'Para una persona mayor de 60 años tomar un seguro de desgravámenes en forma individual va a ser un tremendo problema', subrayó, lo que incentivará la informalidad financiera.

Una lectura similar tuvo el presidente de la Asociación de Cajas de Compensación, Tomás Campero, quien agregó que en el caso del sector, pagar el 50% del seguro de desgravamen 'podría dejar de entregar anualmente $34 mil millones en beneficios, equivalentes a 8,1 millones de prestaciones' y 'un 15% menos de créditos sociales, afectando a 170 mil personas, lo que impactaría directamente en la inclusión financiera de la población de menores recursos'. Desde la Asociación de Aseguradores, su presidente, Mario Gazitúa, advirtió que 'será muy difícil que se le ofrezca un seguro de desgravamen a una persona de 70 años, o en caso de seguro de cesantía', lo que conllevará 'una segmentación que excluirá a los más vulnerables'.