Tuvimos un mal Imacec y un magro crecimiento el primer trimestre. Se profundiza la guerra comercial entre EE.UU. y China. Las expectativas internas se debilitan. En su cuenta pública, el Presidente habló de un 3% para el rango de crecimiento proyectado para 2019. El expresidente del Banco Central Vittorio Corbo incluso aventuró un 2,8%. El exconsejero de la misma institución, Sebastián Claro, se preguntaba por qué nos sorprendían estas proyecciones si nuestra capacidad de crecimiento seguía limitada al 3%. En efecto, la última vez que el Banco Central proyectó nuestro crecimiento tendencial en septiembre de 2017 estimó un escenario base de 3,2%. ¿Se moverá la aguja cuando realice una nueva proyección en junio próximo? Estamos tocando muchas teclas para salir de este escenario, y muchas de ellas ya no suenan fuerte: el presidente del partido político más grande del país y parte del oficialismo ya ofreció desechar la integración, lo que el Gobierno consideraba el corazón de su reforma tributaria.

Luego de la Cuenta Pública, la DC reaccionó airadamente frente a la simple constatación de que la existencia de un ente estatal no se contradecía con la libertad que debían tener los cotizantes para elegir quién les administra su fondo de pensiones. Lo que ya sospechábamos con la aprobación de la idea de legislar de ambos proyectos de ley —que existía el riesgo de que las reformas se entramparan o avanzaran debilitadas— se confirma ahora cuando se inicia la discusión en particular. Quizás lo que debemos hacer es tomar una pausa y volver a preguntarse, ¿por qué es importante el crecimiento? Algunos olvidan que no solo lo es como la fuente de progreso y la posibilidad de allegar más recursos para financiar los crecientes bienes públicos que la sociedad demanda, sino que también por un criterio de justicia.

En efecto, solo una economía que crece puede ofrecer con responsabilidad lo que más demandan y merecen los ciudadanos: más oportunidades, mejor calidad de vida y también una protección para los momentos de mayor vulnerabilidad. También cabe una segunda pregunta tan relevante como la anterior: ¿Qué hay detrás de esta aparente incapacidad para mover la aguja del crecimiento potencial? ¿Es la carga tributaria, la inflexibilidad laboral, un mundo empresarial que perdió el impulso innovador y emprendedor, o es el deterioro de cancha donde discurre lo público? Todos factores ciertamente relevantes que merecen un debate profundo. Pero quisiera mencionar un problema distinto, una dificultad soterrada. Me refiero a la multiplicidad de manifestaciones que obstaculizan nuestro camino al desarrollo.

Lo que sorprende no es la existencia de una diversidad de causas e intereses en torno a la discusión sobre el desarrollo, propias de una sociedad moderna, sino que a ratos se confunda eso con los grupos interesados solo en crispar el ambiente y avivar la indignación; cuyo efecto concreto es paralizar proyectos y emprendimientos, sin diferenciar según sus estándares medioambientales y sociales. ¿Cuánto pierde la economía del país, y en especial sus ciudadanos, con cada proyecto paralizado porque sus méritos terminaron cediendo frente al panfleto o la consigna; o con la absurda burocracia que ahoga el emprendimiento y la voluntad de surgir; o leyes que hacen imposible generar más empleo o transferir beneficios concretos a la comunidad? La complejidad regulatoria y el mal funcionamiento de nuestro Estado facilita la permeabilidad de las instituciones y de la política a esos grupos.

Es por esto que en Sofofa hemos sido majaderos en revelar la importancia de las menos rimbombantes agendas de Simplificación Regulatoria y de Modernización del Estado. Aunque no tan visibles, pueden ser especialmente eficaces en un contexto donde las reformas macroestructurales caminan a tropiezos por un proceso legislativo, polarizándose antes de siquiera comenzar la discusión. Adicionalmente, se puede avanzar en ellas no solo a través de cambios legales de gran envergadura, sino que también por medio de diversas intervenciones legislativas quirúrgicas, cambios reglamentarios, o bien enfrentando fallas de coordinación y de gestión en un Estado profuso en ventanillas, timbres y formularios. Ese es precisamente el propósito de la agenda microeconómica y la de mejorar el funcionamiento del Estado y del proceso legislativo que está impulsando el Gobierno, o del proyecto de ley de modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Todas estas iniciativas merecen un momento político.