Hoy, comprar en alguna de las alrededor de 1.400 salas de supermercados a lo largo del territorio o en alguna plataforma de e-commerce del sector, es una experiencia valorada y cotidiana para la gran mayoría de los chilenos. Sin embargo, la productividad de esta industria, cuyas ventas equivalen a alrededor del 4% del PIB, está siendo afectada por las regulaciones que dificultan la puesta en marcha los locales, en especial de los de mayor tamaño.

No sólo eso, los aspectos regulatorios están entre los factores más relevantes que explican la baja productividad relativa del sector: de acuerdo a un estudio de productividad laboral por sectores económicos de Mckinsey en 2013, la productividad laboral de la industria del retail en Chile es equivalente al 35% de la productividad laboral de ese sector en Estados Unidos, y un tercio de esta diferencia se debe a factores relacionados con procesos engorrosos de apertura de nuevos locales y la dificultad de alcanzar la escala mínima para que los establecimientos sean rentables.

Esto no solamente tiene consecuencias para todas las empresas, sino que estudios empíricos demuestran que perjudica en mayor medida a las de menor tamaño, afecta el empleo en una industria que para muchos es la primera entrada al mundo formal del trabajo, y tiene, finalmente, efectos sobre los precios para los consumidores.

Estas fueron parte de las conclusiones de un estudio publicado por el gremio del sector, que, usando la metodología y recomendaciones de la OCDE, identificó los aspectos regulatorios y los trámites que están imponiendo un costo innecesario sobre la construcción y puesta en marcha de los supermercados en el país. A partir de ello, se proponen mejoras regulatorias y procesos de simplificación de trámites que fomenten la competitividad del sector, de manera que se puedan alcanzar los objetivos que motivaron la regulación a un menor costo, tanto para las empresas, como para los consumidores y el Estado.

En términos generales, la conclusión del análisis del proceso completo, que demora 29 meses si es que no existen contingencias, es que el diseño del proceso de obtención de permisos, si bien perfectible, está estructurado de manera lógica y coherente; los trámites se efectúan de manera secuencial y de modo que en cada fase de la cadena existe una única autoridad que coordina el proceso y que actúa como contraparte con el interesado; y los objetivos de la regulación parecen en general proporcionados, no discriminatorios y coherentes con un legítimo interés público.

Sin embargo, en la aplicación de la regulación y en las capacidades operacionales de los organismos públicos involucrados es donde surgen los principales problemas. Uno de los más relevantes es la incertidumbre y los riesgos que se derivan de: (a) la falta de estándares y procesos objetivos; (b) los amplios espacios para la interpretación y aplicación de las normas sin el debido control, supervisión o sanción; y (c) la falta de capacidades tecnológicas, operacionales y de recursos humanos que presentan los organismos públicos.

En concreto, el informe propone 33 medidas para mejorar la regulación y simplificar los trámites en una industria tan relevante para la economía como el retail. Con ellas, el gremio desplegará un trabajo de colaboración público privada cuyos frutos podrían no sólo tener efecto en la actividad económica, sino que también traducirse en beneficios directos para los consumidores y en un aporte para sortear la temida trampa de los países de ingresos medios.