Nex Prensa Escrita
Pais:   Chile
Fecha:   2019-07-17
Tipo:   Prensa Escrita
Página(s):   A2
Sección:   OPINIÓN - CARTAS
Centimetraje:   21x19
Desarrollo y derecho de uso de bienes públicos
El Mercurio
'…la modernización de los regímenes regulatorios de aguas, pesca, telecomunicaciones y evaluación de proyectos de inversión, entre otros, no puede implementarse sin que agencias como la DGA, Subpesca, Subtel y el SEA, dejen de mantener su actual excesiva dependencia política del gobierno de turno…'.
Como Sofofa, el año pasado presentamos las que creemos son algunas modernizaciones regulatorias e institucionales fundamentales para subir el crecimiento potencial de nuestro país (https:// web.sofofa.cl/ejes-estrategicos/ politicas-publicas/ publicaciones/). En esta columna quisiéramos relevar la importancia de enfrentar una de ellas, relacionada con una tendencia regulatoria que se ha profundizado en el último tiempo: aquella que precariza los derechos de uso, licencias de extracción y las concesiones de bienes públicos, instrumentos fundamentales para una economía moderna. El último episodio ocurrió en la comisión de Recursos Hídricos del Senado, que rechazó la indicación sustitutiva que presentó el Gobierno a la reforma del Código de Aguas iniciada por la administración anterior.

Con ello, al igual que con las licencias transables de pesca, el legislador pretende nuevamente modificar un régimen jurídico soslayando la importancia de la confianza legítima en la legislación y la certeza jurídica que requieren los inversionistas para emprender en actividades productivas de largo plazo y en las cuales se requiere tomar riesgos e innovar. Algo similar ha ocurrido en la industria de las telecomunicaciones, aunque en ese caso fue a partir de un fallo de la Corte Suprema. ¿A qué responde esta tendencia regulatoria y judicial? ¿Se trata de un sesgo antiempresarial? ¿Tal vez a un estatismo exacerbado? Más que especular con eventuales motivaciones conspirativas, nos parece necesario sopesar otra explicación que no es única a nuestro país. Se trata tanto de la madurez alcanzada por muchas de las industrias que originalmente se buscó desarrollar —pero que aún requieren ser desafiadas por más competencia— como de la creciente complejidad del ejercicio de esas actividades productivas en una sociedad moderna que enfrenta otros desafíos igualmente relevantes al crecimiento económico, como lo son la sustentabilidad de sus ecosistemas, el cambio climático y el desarrollo integral de su población. En este contexto, resulta más complejo equilibrar estos bienes públicos —más competencia, más sustentabilidad en los tiempos del cambio climático y más desarrollo integral— con la necesaria protección de derechos adquiridos, fundamentales para incentivar la inversión y la innovación.

En este escenario, si bien el Estado tiene un rol fundamental en adaptar la regulación, y el mundo empresarial en hacer una autocrítica por no haber planteado oportunamente los cambios necesarios o abrazado con más fuerza una autorregulación moderna, ello no es excusa para una actitud que resulta incomprensible. Nos referimos a la pretensión de algunos de nuestros legisladores de avanzar a espaldas de quienes son actores fundamentales en este proceso: las empresas que conviven diariamente con los marcos regulatorios que se pretende modificar. Por ello, en Sofofa creemos que es esencial enfrentar esta evolución regulatoria considerando al menos dos requisitos imprescindibles. Primero, para dar con soluciones complejas que equilibren la protección del legítimo ejercicio de derechos adquiridos con la de los otros bienes sociales referidos, es necesario que tanto el sector público como el privado reivindiquemos un proceso colaborativo transparente, con una mirada hacia el futuro, y que empatice con la complejidad de los fenómenos que se están regulando.

Segundo, debemos entender que no basta con modificar la regulación sin ocuparse también de las instituciones que quedarán a cargo de su administración. Y es que la modernización de los regímenes regulatorios de aguas, pesca, telecomunicaciones y evaluación de proyectos de inversión, entre muchos otros, no puede implementarse sin que agencias como la DGA, Subpesca, Subtel y el SEA, dejen de mantener su actual excesiva dependencia política del gobierno de turno y sin que fortalezcan sus capacidades técnicas y resolutivas. No habiendo pasado aún toda el agua bajo ese puente, en un contexto de mayor complejidad, donde las verdades absolutas son malas consejeras, es especialmente oportuna una pausa para que en esta cancha donde se construye lo público —tanto las regulaciones como las instituciones responsables de implementarlas—, a los diversos actores sociales, incluido el mundo empresarial, se nos dé la oportunidad de pasar de ser meros espectadores a colaborar con nuestra mirada en su diseño e implementación.
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BERNARDO LARRAÍN Presidente RAFAEL PALACIOS Director Políticas Públicas Sofofa-