Mañana se debiera despachar de la comisión mixta el proyecto sobre responsabilidades en fraudes con tarjetas. A pocos días de que la iniciativa avance y tenga que ser ratificado por ambas Cámaras, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, advierte sobre los cambios que se hicieron el miércoles pasado en la instancia legislativa, los que —a su juicio— son inconstitucionales y podrían incidir en una fuerte desbancarización.

El proyecto obliga a los emisores de medios de pagos a cancelar 35 UF en un plazo de cinco días en caso de fraude. Sin embargo, si el emisor considera que hay una situación anómala en el fraude puede ir acudir a un juzgado de policía local para mostrar pruebas de los hechos ocurridos. Para Mena, hasta aquí estaban de acuerdo con los procesos y la forma en que avanzaba la discusión. No obstante, con siete votos a favor y uno en contra la comisión mixta aprobó el miércoles pasado que, en caso de recurrir a un juzgado para imputar la responsabilidad del cliente, los emisores deberán demostrar 'culpa grave o dolo' de la persona. Ello encendió las alarmas de la industria.

Para Mena, el cambio que se hizo el miércoles fue algo sorpresivo, ya que en las instancias anteriores se había acordado en la comisión que se debería acreditar 'culpa leve'. Sin embargo, en medio de la sesión pasada los parlamentarios decidieron redactar nuevamente la indicación y catalogarlo como culpa 'grave'. El timonel de la ABIF, afirma que con esto se hace imposible para los emisores poder demostrar si la persona tuvo responsabilidad, porque el estándar de la prueba para 'culpa grave' es demasiado alto. 'Con esto lo que se genera es una imposibilidad de prueba, por lo tanto, el ir a un juzgado constituye simplemente un acto que no tienen ningún sentido en su objeto final', dice el líder del gremio. Yagrega: 'Esto implica que para los emisores sería imposible demostrar la responsabilidad del usuario por fraudes'.

— ¿Por qué considera que es inconstitucional? 'El problema de constitucionalidad es que aquí no existe un debido proceso. El peso de todo está en una de las partes y ese debido proceso no se verifica porque la posibilidad de ejercerlo tiene que ver con un estándar probatorio que no es compatible con los medios de pagos. En el mundo, los medios de pago no tienen este estándar probatorio, de la culpa grave impuesta aquí'. 'Nosotros aceptamos que se nos dé la obligación de la responsabilidad en la medida en que podamos ir a una instancia legal y exista una posibilidad de prueba posible. Pero, si nos colocan un nivel de prueba imposible para el estándar de la situación que hablamos, quiere decir que —en rigor— la responsabilidad siempre va a estar por el lado de los emisores, sin ninguna posibilidad de defensa'.

—Usted había señalado que estaba tranquilo con el proyecto que estaba saliendo. ¿Cómo ven este cambio? 'No hemos escuchado argumento técnicos. Nadie los dio en la comisión y no hay ni un documento que respalde esto, en términos de lo que significa conceptualmente la culpa grave en este caso'.

—Si no hay argumentos técnicos ¿esto fue una decisión política? 'Me imagino...'

— ¿Qué van a hacer como gremio? 'Como en el proyecto se da competencia al juzgado de policía local, corresponde que una vez despachado vaya a control de constitucionalidad en el Tribunal Constitucional'. 'Por ahora, nosotros estamos informando a todas las partes que correspondan. Creemos que una situación tan delicada puede trabar las lógicas de los medios de pago. Estamos informando a la CMF, al Banco Central, a los expertos que estuvieron presentando en la discusión y al Gobierno, en los distintos ámbitos, para que al menos estemos conscientes de lo que va a suceder'.

—¿Qué buscan con esto? 'Nuestro ánimo es levantar un punto que es sustantivo: apelar a la lógica de tener políticas públicas correctas, apelar al trabajo de la comisión, de manera que pueda reflexionar respecto de si el proyecto está quedando coherente con el cumplimiento de los objetivos de defensa de las personas y también de mantener la robustez del producto'.

—Queda una sesión en la comisión. Este llamado de atención, ¿es algo de última hora? 'No queremos que sea solo testimonial. Es un llamado de atención, por supuesto. El ámbito de la decisión está fuera de los emisores, pero es un llamado para que todos tengamos conciencia de lo que tenemos entre manos, para que después no nos sorprendamos de los efectos'.

—¿Qué efectos podría tener? 'La desbancarización total. Esto es una destrucción del medio de pago. Nos aleja de lo que pasa en el mundo y genera un espacio de incentivo al fraude. Todo eso es una suma que nos retrocede en ser un país moderno'.

—¿Por qué se daría la desbancarización? 'Un emisor va a tener que filtrar mucho respecto de a quién le da los medios de pago electrónicos. Chile será una excepción donde se desincentivan estos medios de pago porque los emisores quedan desprotegidos'.