Entre 6.500 y 7.000 cirugías plásticas se realizan en Chile sin que cuenten con un especialista a cargo de la intervención, lo que muchas veces tiene consecuencias nocivas para la salud de las personas.

Ese fue el caso de la joven Tania Cea, de 20 años, quien falleció a consecuencia de una operación de abdominoplastía, el 12 de marzo pasado. Y quien hizo el procedimiento fue un anastesiólogo en una clínica del sector oriente de Santiago que no estaba habilitada para esa intervención.

Dicho caso fue el que la diputada Ximena Ossandón, junto a su colega Patricio Burgos, a presentar un proyecto de ley que regule esta actividad y que entregue seguridad a los pacientes. 'Es nuestro deber como parlamentarios velar por la seguridad de los pacientes, y como se explica en el proyecto, es necesario imponer requisitos para el ejercicio de la profesión y que la responsabilidad no recaiga únicamente en el paciente', señaló la parlamentaria.

A lo anterior se suma la voz de Claudio Thomas, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (SCCP), quien dijo que 'la formación es un largo procesos que implica evaluación y por ende posterior certificación toda vez que la persona cumpla con las competencias adecuadas para ser certificado como especialista'.

La propia SCCP lanzó la campaña #QueTuCirujanoSeaPlástico, en la que detalla que la formación de un profesional del rubro requiere 7 años de medicina general, 3 años de cirugía general y 2 a 3 años de especialización en cirugía plástica: 12 a 13 años de estudio.

Una de las ideas centrales del proyecto de ley de Ossandón y Burgos es que además de un registro de profesionales especialistas, los directores médicos de las clínicas donde se realizan las intervenciones se hagan responsables de las operaciones que ahí se practican y no que figuran como meros arrendadores de un pabellón. Es decir, que exigan a los involucrados las certificaciones y acreditaciones.

Esta iniciativa legal se suma a un proyecto que crea un registro público nacional de profesionales de la salud que hayan sido condenados por negligencias médicas.

Al plantar dicho proyecto, la propia SCCP dio a conocer que 1 de cada 6 profesionales que efectúa una cirugía no tiene las acreditaciones ni certificaciones requeridas para ello